Europa, España: no hay excusas posibles para la violación de derechos humanos

La continuidad de la Europa Fortaleza no sorprende. Pero sí nos preocupa profundamente el paso adelante que implica la aceptación de la vulneración de un marco de derechos que sigue vigente, pero donde su violación es admitida sin dificultades, al servicio de otras prioridades.

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“Nuestra primera prioridad es asegurarnos de que se mantenga el orden en la frontera exterior griega, que también es una frontera europea”, afirmaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su reciente conferencia de prensa en Grecia, país al que se desplazó el pasado 3 de marzo con el conjunto de presidencias de las instituciones europeas, para manifestar su apoyo a las decisiones y acciones del gobierno griego respecto a la situación en las fronteras greco-turcas.

La Unión Europea cerraba así filas con Grecia, después de la suspensión temporal, en el país, de la aplicación de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, y el uso de gases lacrimógenos y productos químicos, entre otros métodos violentos, por parte de la policía y las fuerzas de seguridad griegas para dispersar a las personas que intentan cruzar la frontera greco-turca, desde que el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan abriera vía libre a la circulación de personas hacia la UE, a raíz de la muerte de 33 soldados turcos en la guerra de Siria el pasado 28 de febrero.

La declaración sobre la situación en las fronteras exteriores de la UE, fruto del Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos Interiores realizado el 4 de marzo y del Consejo extraordinario del Asuntos Exteriores del 6 de marzo van en la misma dirección, proponiendo medidas como la protección de las fronteras exteriores de la UE, la no tolerancia a los llamados cruces “ilegales”, el despliegue de una intervención fronteriza rápida por parte de FRONTEX y la puesta a disposición de Grecia de 350 millones de euros de manera inmediata.

La UE cerraba filas con Grecia, después de la suspensión temporal de la aplicación de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, y el uso de gases lacrimógenos y productos químicos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad

Ambas declaraciones establecen también que estas medidas se tomarán, eso sí, “de conformidad con el Derecho internacional y de la UE”, elevando a lo más alto la hipocresía de nuestras instituciones, puesto que la manera en la que ha sido decretada en Grecia la suspensión de la convención de Ginebra y su aceptación por parte de las instituciones europeas es una contravención de la normativa internacional y europea de derechos humanos y de lo establecido por el Tratado del Funcionamiento de la UE, entre otros.

En paralelo el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell, tras su reunión con el presidente turco el 4 de marzo en Ankara, confirmaba el desembolso durante este año de los 2.800 millones pendientes de ayuda a los refugiados en Turquía, según lo establecido en la declaración conjunta UE-Turquía de 2016, que cumplirá 4 años el próximo 18 de marzo, para asegurarse de que el gobierno de Erdoğan vuelva a poner en marcha el contenido de dicha declaración lo antes posible y frenar también desde el lado turco la llegada de personas.

Así, la UE y sus estados miembros, incluido el gobierno español, parece haber integrado sin problemas la violación de los derechos humanos en territorio europeo, por el bien de sus fronteras y de sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos, disponiendo una vez más de vidas humanas como si fueran peones o moneda de cambio.

La continuidad de la Europa Fortaleza no sorprende. Pero sí nos preocupa profundamente el paso adelante que implica la aceptación de la vulneración de un marco de derechos que sigue vigente, pero donde su violación es admitida sin dificultades, al servicio de otras prioridades. Y especialmente la claudicación que ello implica por parte de todos los Estados miembros y en especial de gobiernos progresistas, o supuestamente progresistas como la coalición PSOE-Unidas Podemos actualmente en España.

Frente a ello, muchas organizaciones sociales entre ellas Alianza por la Solidaridad-ActionAid creemos que es necesario que los gobiernos griego, español, europeo, se hagan responsables de dichas violaciones de derechos y se ajusten al marco legal que (todavía) les rige a nivel nacional, regional e internacional.

Como solicitan algunas organizaciones griegas, entre ellas ActionAid Hellas, el Gobierno griego debe, con el respaldo de la Unión, dar instrucciones claras a la policía y las fuerzas de seguridad en Evros para detener la violencia, de modo que no corra peligro la vida humana, y abstenerse de cualquier acción que obstaculice la implementación de instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos.

La Unión Europea debe apoyar activamente al estado griego en la lucha contra la crisis, pero no a través del FRONTEX si no poniendo en vigor con la máxima urgencia los instrumentos de reubicación y reasentamiento

Asimismo, la Unión Europea debe apoyar activamente al estado griego en la lucha contra la crisis, pero no fundamentalmente con mecanismos como FRONTEX, sino poniendo en vigor con la máxima urgencia los instrumentos de reubicación y reasentamiento y compartiendo la recepción de solicitantes de asilo y personas desplazadas entre todos los estados miembros de la UE.

Finalmente, el gobierno español debe reaccionar. Las declaraciones y acciones de las instituciones europeas cuentan con el apoyo de España que, lejos de cuestionar el impacto que están teniendo sobre las vidas humanas y la incoherencia con la normativa europea e internacional, está contribuyendo activamente, como muestra, entre otros, el posible envío de efectivos policiales para la respuesta rápida prevista de FRONTEX.

Dicha conformidad y no cuestionamiento parece realmente incompatible con un programa de gobierno PSOE-Unidas Podemos que establece que “Promoveremos una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”

Como ciudadana española y europea me pregunto: ¿A qué estáis esperando PSOE-Unidas Podemos para para garantizar el programa con el que la ciudadanía os puso en el gobierno, que incluye dicha migración justa, los derechos humanos de todas las personas y las vías seguras y legales?… Dado el coste humano que estamos viendo y la impasividad imperante, no podéis permitir que sea papel mojado.

Fuente: El Salto

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