Etxerat denuncia que no se respetan los derechos de los presos políticos vascos ni en España ni en Francia

Etxerat mantendrá prendido «el quinqué del cariño y la solidaridad»

«Mientras se siga aplicando la criminal política penitenciaria vigente y se mantenga la vulneración de los derechos que asisten a los presos políticos vascos, el quinqué del cariño y la solidaridad seguirá prendida». Así lo anunciaron ayer representantes de Etxerat en una rueda de prensa en Bilbo, tras constatar que los derechos de sus familiares y amigos siguen sin ser respetados por los estados español y francés.

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Los representantes de Etxerat, asociación que ya ha cumplido veinte años defendiendo los derechos de los presos políticos vascos, afirmaron que surgió como «consecuencia de la criminal política vigente».

«No se trata de algo que hayamos elegido -explicaron en su comparecencia-, es algo que hemos tenido que hacer a la fuerza. No nos ha quedado otro camino para poder defender los derechos, una y otra vez pisoteados, de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. Somos los principales testigos y transmisores de dichas vulneraciones ante la sociedad vasca».

Recordaron que Etxerat es una asociación que reúne a personas «de todos los ámbitos de la sociedad vasca». «Por tanto -insistieron-, estamos hablando de sujetos con derechos que no han tenido otro remedio que organizarse para poner freno a la constante violación de los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. No nos ha quedado otro camino frente a la pasividad e inacción institucional». Junto a ello, recordaron que han conocido diversas fases dentro de la política penitenciaria impulsada por los estados español y francés hacia el colectivo de presos. Como ejemplos, señalaron las cárceles post franquistas, el «régimen militar» de Carabanchel o Puerto, la creación de nuevas prisiones de máxima seguridad y la dispersión.

La conclusión que sacaron de esta política penitenciaria es que ambos estados «han tenido siempre el mismo objetivo: vulnerar constantemente los derechos de nuestros familiares en prisión para así poder destruirlos como personas».

«Y no sólo eso -agregaron-, sino que el trabajo de los familiares también ha sido reprimido en numerosas ocasiones». Como ejemplo, apuntaron «el brutal ataque» que sufrió uno de sus autobuses camino de Herrera de la Mancha. A juicio de Etxerat, el objetivo es «perpetuar la carta blanca de la que goza la criminal política penitenciaria vigente» y establecer «un blindaje para la vulneración de derechos».

«Buscan ampliar los espacios de impunidad -precisaron-, tanto dentro como fuera de las prisiones. Quieren que la sociedad vasca sea ciega, sorda y muda. Así, en lugar de buscar una solución definitiva, han optado por saciar sus ganas de venganza». Aun así, se mostraron convencidos de que, «con el compromiso de todos, tendremos a nuestros familiares vivos y en casa, con todos sus derechos respetados».

Pese a los obstáculos, ayer hubo actos de los presos en Antzuola, donde se concentraron 30 personas; en Bilbo, 100; en Lekeitio, 110; en Galdakao, 83; en Zornotza, 105; en Mundaka, 20; en Ugao, 27; en Ondarroa, 152; en Algorta, 63; en Deustua, 220; en Zorrotza, 31; en Getaria, 35; en Zarautz, 170; en Soraluze, 61; en Legorreta, 18; en Lazkao, 72; en Mutriku, 60; en Hernani, 425; en Andoain, 32; en Lezo, 39; en Iturrama, 61; en Barañain, 37; en Iruñea, 320; en Lizarra, 35; en Etxarri Aranatz, 77; en Amurrio, 30; en Berriozar, 50; en Elizondo, 23; en Arbizu, 65; en Bera, 16; en Tafalla, 57; en Gasteiz, 396; y en Errenteria, 245 (según vecinos de esta última, la Ertzaintza retuvo a un joven de 15 años y lo golpeó).

En Lizartza, por su parte, 55 personas protestaron contra la Corporación del PP.

Aralar califica de «arbitrario» el acuerdo entre Eudel y Lakua

Alcaldes de Aralar denunciaron ayer el «Protocolo de actuación para prevenir y eliminar la existencia de pintadas y carteles de enaltecimiento del terrorismo en los municipios vascos» firmado por Eudel y el Departamento de Interior de Lakua, al considerarlo «arbitrario» porque cada cual «lo puede interpretar a su manera».

Los alcaldes de las localidades guipuzcoanas de Elgeta y Aretxabaleta, Oxel Erostarbe e Inaxio Garro, acompañados por el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, coincidieron en la «necesidad de eliminar los carteles y pintadas que contengan amenazas e insultos». Sin embargo, opinaron que el acuerdo «no es efectivo para solucionar los conflictos» de los pueblos.

El convenio es, a su entender, una «huida hacia adelante con una gran falta de concreción porque no fija dónde está el límite», ya que la ley no recoge, por ejemplo, si colocar fotos de presos o carteles pidiendo su traslado a Euskal Herria es o no delito.

Los alcaldes de Aralar no comparten la tesis de que se vulnere la libertad de expresión «con la excusa de que hay que deslegitimar la violencia».

El alcalde de Aretxabaleta, por su parte, denunció lo ocurrido el pasado fin de semana en esta localidad, donde tres personas fueron detenidas por llevar pegatinas que reivindicaban los derechos de los presos.

Los representantes de Aralar se preguntaron asimismo si el hecho de que el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, haya firmado este convenio supone un cambio de actitud del PNV e insistió en que no están de acuerdo con la «política de tensionamiento» que está poniendo en práctica el consejero de Interior, Rodolfo Ares. GARA

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