Etica y Democracia

La trama criminal de narcopolítica que develó David Murcia Guzmán con sus declaraciones desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia, continúa asombrando y asqueando a la ciudadanía. No se trata, como se nos quiere hacer ver, de “hechos aislados” cuya responsabilidad incumbe únicamente a “unidades descarriadas” de algunas instituciones del Estado. Por el contrario, lo que tenemos ante nuestros ojos es una red criminal integrada por los organismos de seguridad del Estado que le brindaban protección.

El Servicio de Protección Institucional (SPI) le daba escolta, ordenada por muy altos funcionarios de esa institución. El Consejo de Seguridad Nacional miraba hacia otro lado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no se enteraba de la apertura de cuentas en 17 bancos por más de doscientas sociedades anónimas que respondían a los “negocios” de Murcia. El Ministerio de Comercio expidió la licencia comercial que legitimaba las operaciones de DMG. Funcionarios de protocolo de la Asamblea Nacional le facilitaban la entrada y salida del país, así como los trámites respectivos en Migración, otorgándole un trato de visitante distinguido. Evidentemente, personas poderosas y situadas en muy altos cargos del gobierno deben estar a la cabeza de esta red criminal.

En sus declaraciones, Murcia explica que el trato que se le dispensaba era consecuencia de los acuerdos de “inversión política” a los que había llegado: seis millones de dólares, afirma, entregó al candidato a la Alcaldía por el PRD, con quien supuestamente se reunió en diversas ocasiones, tanto en su apartamento en el Miramar, como en su suite del Hotel Sheraton.

Mientras este escándalo de narcopolítica se desarrolla a una velocidad de vértigo, los medios de comunicación nos informan que el ex Viceministro de Comercio Interior, José Paredes, aparece vinculado a dos empresas mineras cuyas concesiones fueron otorgadas por él mismo en el ejercicio de su cargo. En una de ellas gana 15.000 balboas mensuales, y se le garantiza un bono de 50.000 y la entrega de cifras millonarias en acciones. Para nada sorprendente cuando los medios nos informan que el Segundo Vicepresidente, Rubén Arosemena, en su condición de Director General de la Autoridad Marítima de Panamá, le otorgó sin licitación alguna una concesión a una empresa en la que está directamente involucrada su familia, o cuando se hace público que el Ministro de Vivienda, Gabriel Diez, se autoconcede el uso de suelo por el que había estado luchando como empresario para uno de sus proyectos. En fin, por qué escandalizarse entonces cuando se aprueba una addenda por 50 millones de balboas no contemplados en la construcción de la autopista Panamá – Colón.

Una revolución ética y democrática

Lo que está fuera de toda duda es que una banda criminal opera y controla el gobierno y los órganos del Estado, y que su dirección recae en un Padrino. En ese sentido, la endemoniada lucha por el poder de los dos bandos (o bandas) enfrentados electoralmente, se reduce a una despiadada lucha por la dirección de la red criminal que tiene secuestrado al Estado. No es de extrañar entonces que en el mal llamado “debate” ambos candidatos no tuvieran nada concreto que decirle a los electores. ¡Bastante trabajo tienen para ocultar su aviesas intenciones¡

Y es que se trata de un botín no menor de 60.000 millones de balboas. Si, no hay error: sesenta mil millones de dólares será, por lo bajo, el presupuesto estatal del próximo quinquenio. Ello sin contar las “addendas”; las “autoconcesiones”, y los chanchullos descarados como la fibra de vidrio, entre otros muchos “negocios” como la cinta “coimera”.

Todo lo anterior exige, gane quien gane las elecciones generales, poner en pie un movimiento ciudadano que impulse la realización de una revolución ética y democrática que acabe con la corrupción y la impunidad, y extienda, amplíe y profundice las libertades democráticas, poniéndole fin al régimen partidocrático neoliberal de libertades recortadas a través del cual se nos domina y oprime. En otras palabras, se requiere una revolución ética y democrática que ponga fin a un sistema agotado y en crisis terminal.

En ese camino, la candidatura del Dr. Miguel Antonio Bernal a la Alcaldía capitalina es un paso importante, pues se trata de una figura democrática, luchador incansable por los derechos humanos, ajeno a compromisos con la partidocracia, y cuyo programa alcaldicio tiene como eje central la transformación de esa institución en un instrumento de democracia directa y participativa al servicio de los habitantes del distrito capitalino, en especial al servicio de los más necesitados.

De ahí que los Comités de apoyo a su candidatura deben multiplicarse, tal como está ocurriendo, y levantar un programa de lucha social y democrática que vaya más allá de los resultados del 3 de mayo. Ellos deben ser el embrión de un movimiento de carácter nacional que inicie la andadura hacia la construcción de una alianza de todos los sectores afectados por el embate neoliberal, y cuya representación política les es negada por la partidocrácia. Ese bloque histórico, de sujetos diversos y autónomos, pero con un programa común, deberá avanzar hasta la conquista de la mayoría que le posibilite la refundación de una nueva república.

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