Estado español: Van a por las pensiones públicas: el gobierno las recortará el año próximo

El Gobierno reformará las pensiones en esta legislatura

Trabajo plantea endurecer las prejubilaciones y rechaza eliminar el tope de la prestación máxima

Diciembre de 2008: la Seguridad Social se convierte en la única administración pública que escapa de la quema económica con un superávit del 0,8% del producto interior bruto (PIB), aun contando con el agujero de las prestaciones de paro. Abril de 2009: la misma institución corre el riesgo de perder el excedente "en un año", según el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Más allá del deterioro económico experimentado en estos cuatro meses, que justifica los cambios, las palabras del gobernador han soliviantado al Gobierno y lo han empujado a hablar de lo que pide el gobernador: reformas.

"Hasta ahora sólo hacíamos reformas con el agua al cuello. En 2007 hicimos una que a unos les parece mucho y a otros, poco. Ahora tenemos que diseñar otra, pero no pensando en el año que viene, sino en un horizonte un poco más amplio", admite a este periódico Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social. El guardián del superávit de las pensiones, que ahora mismo supera los 5.000 millones de euros, ha querido salir al paso de la alarma generada en estos días y prometer que habrá cambios para garantizar la sostenibilidad futura. Sin contar con el desempleo -que el Estado paga a la Seguridad Social si es deficitario, como ahora-, las pensiones no corren ningún peligro, según Granado, que sitúa en 2020 el primer déficit del sistema si no se hace nada. Pero garantiza que se va a hacer.

Sólo hay una condición, aunque bastante estricta: acordarlo en el seno del Pacto de Toledo, es decir, con la participación del hemiciclo parlamentario y los agentes sociales. "No aprobaremos una ley que el Partido Popular vaya a reformar si gobierna porque eso es muy malo para el sistema de pensiones", argumenta Granado. En un momento de crispación como el actual, la misión parece hercúlea, pero el responsable de la Seguridad Social confía en poder debatir los cambios el año que viene, "el mejor, porque es el único [de la legislatura] en el que no hay elecciones municipales, europeas ni de ningún tipo".

A falta de lo que puedan pactar los grupos políticos, los empresarios y los sindicatos, el Ministerio de Trabajo ya maneja algunas ideas:

– Edad de jubilación. "Tenemos que acercar la edad real [63,7 años de media] a la legal [65]". Esto destierra, al menos por el momento, la idea de elevar por ley la edad de jubilación, como ya han hecho Alemania o Reino Unido, con sistemas de pensiones afectados por los números rojos. Granado propone endurecer el recurso a las prejubilaciones: "Tenemos un problema y es que los trabajadores que hacen trabajos penosos se jubilan más tarde que los que hacen trabajos administrativos". El cómo hacerlo lo supedita a la negociación.

– Cálculo de la pensión. La cuantía de la prestación que reciben quienes se jubilan en la actualidad se calcula en función de los 15 últimos años cotizados. La lógica indica que esta fórmula favorece a la mayoría, pues el final de la vida laboral suele estar mejor remunerado que el principio. Pero las prejubilaciones, los despidos y otros ajustes de las empresas convierten el cálculo en adverso para algunos colectivos. Al igual que se amplió en 2002, el Gobierno trabaja con la idea de tener en cuenta más de 15 años para fijar la prestación, pero no toda la vida laboral, como sugiere el Banco de España.

– Equilibrio entre pensiones y cotizaciones. Las dos legislaturas del PSOE se han caracterizado por una subida de las pensiones mínimas superior a la inflación. Si ese ritmo de subida no se corresponde con el que experimentan las aportaciones de empresarios y trabajadores al sistema, éste se desequilibra. Por eso -entre otros motivos- también se ha elevado en los últimos años el salario mínimo y las bases de cotización. "Tenemos que buscar una mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones", defiende Granado.

– Sin tocar el IPC. Las pensiones suben automáticamente un 2% cada año (el nivel de inflación que fija como tope el Banco Central Europeo) y al año siguiente se compensa la desviación que experimenten los precios para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Con el IPC cayendo el 0,1% en un año, el Banco de España plantea que se devuelva lo cobrado de más, una medida muy impopular que el responsable de la Seguridad Social descarta rotundamente: "Con muchos millones de pensiones por debajo de los 600 euros, no tienen sentido descuentos". La pensión media en España alcanza los 850 euros, con una gran brecha entre las mínimas y las máximas.

– Tope para las máximas. A no ser que el trabajador decida prolongar su vida laboral más allá de los 65 años, Trabajo descarta eliminar el tope máximo de las pensiones, ahora fijado en 2.441 euros.


Para cobrar la pensión máxima es necesario haber cotizado al menos 35 añosReformar o quebrar

Los expertos coinciden en que la Seguridad Social pasará de superávit a déficiten el 2010

No es la primera vez que ocurre. En 1996 el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, no tuvo otra ocurrencia que decir a través de una entrevista en RNE que las pensiones públicas no serían viables si no se reformaban. Aquellas declaraciones levantaron una auténtica polvareda y se le acusó desde el gobierno de Felipe González de alarmar y crear la inquietud entre los trabajadores.

Aquel enfrentamiento sirvió para que poco después, a iniciativa del entonces portavoz de CiU, Francesc Homs, se constituyera el llamado pacto de Toledo. En esencia, todos los partidos parlamentarios se comprometieron a no utilizar las pensiones como arma electoral.

La historia se repite, ahora quien ha provocado la alarma ha sido el gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez, que ha venido a decir más o menos lo que dijo Solbes hace 15 años. Las descalificaciones por parte de los sindicatos y el PSOE fueron similares, y muy probablemente tras la polvareda se acabará dando un nuevo impulso al proceso reformador, ya que el llamado pacto de Toledo está prácticamente agotado.

Según explica el gobernador, la preocupación surge por algo obvio. Los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo indican que hoy día cada cien trabajadores pagan la pensión a 27 jubilados. En el año 2025 -de acuerdo con el citado estudio actuarial cada cien activos tendrán que pagar la pensión de 59 jubilados.

Ordóñez argumenta que las consecuencias son evidentes. El sistema de pensiones públicas no será sostenible si no se hacen reformas. los cambios que propone son absolutamente moderados y recuerdan a lo que hizo Alan Greenspan -cuando era responsabel de la seguridad social-en EE. UU. Retrasar la edad de jubilación un mes por año durante 25 ejercicios, de forma que en el año 2034 la edad oficial de jubilación sea 67 años.

Esta reforma supondría un gran ahorro, ya que al retrasarse la edad de jubilación los activos pagan más durante más tiempo, y reducen el periodo en que cobran la prestación. Es una "solución de manual" y sin lugar a dudas es la más eficaz.

En España sus efectos serían mayores si se cumplieran los plazos legalmente establecidos, ya que aunque la edad de oficial de jubilación son 65 años en la práctica se reduce a 62,5 años.

Otra medida que también produciría un enorme ahorro es computar toda la vida laboral para el cálculo de la cuantía de las futuras pensiones. Actualmente se toman como referencia solo los últimos quince años, que teóricamente coinciden con la etapa de salario más elevado del trabajador.

Se trata de un planteamiento teórico porque en realidad cada vez hay más prejubilaciones, que suponen una quita importante en la pensión. De hecho, para cobrar la pensión máxima (2.300 euros por 14 mensualidades) es necesario haber cotizado al menos 35 años, los últimos 15 por el máximo y jubilarse a los 65 años.

Cada vez son menos los trabajadores que cumplen estas tres condiciones. Lo habitual es que el trabajador se prejubile a partir de los 61 años, siempre que esté en paro. Esto supone una quita del 6% por año, o sea del 24% si coge todo el periodo. El sistema castiga con dureza a los trabajadores que se prejubilan, aunque tengan una carrera laboral de más de 40 años de cotización.

Ordóñez defiende en su propuesta que se calcule toda la vida laboral del trabajador, pero de forma progresiva el periodo de cálculo debe aumentar un año por ejercicio. CC. OO. está de acuerdo. UGT no, porque dice que supondría recortar cerca de un 25% las futuras pensiones.

Esta capacidad de veto de los sindicatos para que se siga reformando el sistema es lo que ha hecho que los últimos cambios del pacto de Toledo no hayan servido para nada. Gobierno y sindicatos dicen que el sistema está muy saneado y no se necesita ningún ahorro.

El gran argumento del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es que este año el Fondo de Reserva acabará con una dotacióin de 58.000 millones gracias a los superávit acumulados y las aportaciones del Gobierno. Aunque esta cifra parece muy abultada, la realidad es que sólo sirve para pagar 10 meses la nómina de las pensiones.

Fernández Ordóñez advirtió que este año el superávit, que el año pasado fue de 14.000 millones, desaparecerá. Corbacho lo ha negado rotundamente, pero lo cierto es que en los últimos doce meses se han perdido 1,3 millones de cotizantes, cifra que nunca se había registrado en la Seguridad Social. Todos los expertos coinciden en que en 2010 no quedará superávit.


Cómo garantizar las pensiones del futuro

Las finanzas de la Seguridad Social empiezan a recoger los efectos de la crisis. Pueden culminar el ejercicio con un pequeño déficit de explotación, en el que los ingresos por cotizaciones no podrán cubrir ya los gastos en pensiones.

27-04-2009 – Sólo la posibilidad de integrar los intereses devengados por el Fondo de Reserva puede proporcionar al sistema de pensiones un desahogo temporal; pero de mantenerse la tendencia de ingresos y pagos, y no hay razones para pensar que vaya a cambiar, los tesoreros tendrán que echar mano de los ahorros trabajosamente capitalizados en los diez últimos años, que acumulan casi 60.000 millones. Para eso se constituyó la hucha, pero no se diseñó para agotarla al primer desajuste presupuestario, sino para que sirviese de comodín en tanto ejercían sus efectos las reformas que en los noventa se comprometieron a hacer de forma dinámica desde el pacto político alcanzado en el Parador de Toledo.

De hecho, el compromiso de los dos grandes partidos al borde del río Tajo consistía en estudiar y ejecutar reformas de forma continua, sin esperar vaivenes del ciclo, y haciendo abstracción de la contienda política. Las condiciones no se han cumplido porque los gestores políticos del sistema de protección han congelado su responsabilidad mientras el ciclo engordaba las cuentas, aprovechando dos variables que jugaban a favor: la llegada casi nula de cotizantes a la jubilación por la irrupción de las modestas cohortes de nacidos durante la guerra civil y la posguerra, y la explosión de empleo en los diez últimos años, que ha cebado los ingresos, pese a registrar continuas caídas de la base media de cotización.

Pero este juego feliz ha terminado. La incorporación de nuevos cotizantes se ha tornado en fuerte pérdida de los ocupados, con caídas de más del 6%, y la llegada a la jubilación ha vuelto a acelerarse hasta tasas del 2%. Además, en diez años la llegada de pasivos al sistema será masiva, porque estarán en edad de retiro las voluminosas cohortes de los nacidos en el baby boom de los sesenta y setenta. Mediarán para ello diez o doce años; pero no es nada en Seguridad Social, un entramado en el que las reformas para fortalecer las finanzas tardan unos cuantos años en dar frutos apreciables. Por ello, los cambios no pueden esperar, y han de tocar todos los pilares que sustentan la contributividad para que las prestaciones estén garantizadas en el futuro sin temor.

En primer lugar, los cotizantes deben serlo durante más años para tener una pensión contributiva. En una sociedad industrializada y rica, un sistema de pensiones de reparto con cotización obligatoria no puede exigir sólo 15 años para entregar una pensión. Este listón debe ser bastante más elevado, al menos hasta 25 años. Debe hacerse de forma paulatina, pero sin esperar. A la vez debe ampliarse el número de años que se computen para calcular la prestación. Debe elevarse de los 15 al menos hasta los 25 también, pero con tendencia a tomar toda la vida laboral. Los 15 actuales son un mecanismo injusto que premia a quien tiene la suerte de mantenerse en el mercado laboral hasta el final, aunque haya hecho aportaciones muy bajas toda su carrera, y castiga a quien tiene la mala suerte de ser expulsado con 50 años de edad y no puede cotizar los ejercicios de la verdad. Toda la vida laboral garantiza una pensión equilibrada al cotizante e impide que nadie se lleve lo que no ha aportado.

Debe reajustarse la escala de aseguramiento, hoy muy generosa, para estimular las carreras largas de cotización y restar atractivo a las cortas, compensando todos los años trabajados, en vez de hurtar a los buenos cotizantes las aportaciones que sobrepasan los 35 años de carrera. En paralelo, debe presionarse normativamente a los colectivos de las escalas más bajas de cotización para que hagan un mayor esfuerzo, ya que, en caso contrario, el sistema estará siempre preso del mecanismo de complementos a mínimos si los Gobiernos suben artificiosamente las pensiones mínimas, con ánimo electoral disfrazado de redistributivo. Además, debe recalcularse la base reguladora que fija la pensión para que la cuantía de la primera prestación esté más alejada que ahora del último sueldo percibido en activo, tal como se hace en toda Europa, porque los cotizantes deben convencerse de que con la avalancha demográfica venidera, estos retornos de renta son insostenibles e infinanciables. Sólo pueden mantenerse si se refuerza la cotización, algo que puede entorpecer la creación de empleo, pues las cuotas son un impuesto directo al trabajo.


La necesaria reforma de las pensiones

Sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la necesidad de abordar reformas

27-04-2009 – Con la intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión del Pacto de Toledo se ha reabierto la polémica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad o no de reformarlo. Me parece importante explicar que en este tipo de debates de comportamientos a medio y largo plazo no sirven las simples aseveraciones en cualquier sentido si no se ponen sobre la mesa cuáles son las previsiones contempladas y en base a qué hipótesis se realizan. Creo que el ciudadano tiene derecho a no tener que ejercer un acto de fe sobre lo que dicen las autoridades, los periodistas o los tertulianos. Tienen derecho a ser informados con rigor y transparencia, y para ello es necesario conocer, aunque sea resumidamente, qué datos se manejan.

Para empezar me ha sorprendido que se intente tildar de falsas o verdaderas algunas de las opiniones sobre la sostenibilidad del sistema actual en la próxima década. En primer lugar, no hay que confundir los resultados anuales en término de superávit o déficit de la Seguridad Social con el tema parcial de la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones. Dicha sostenibilidad dependerá del comportamiento de variables tan difíciles de predecir ahora como el crecimiento de la población, la actividad, la variación positiva o negativa del empleo, el paro y la productividad. Y, lo que es más importante, en cualquier previsión serán cruciales las hipótesis que se hagan cuando, en un momento de incertidumbre como el actual, lo razonable es establecer diferentes escenarios para analizar las posibles situaciones.

Una variable esencial para estos cálculos es el crecimiento de la población y su estructura por edades. El crecimiento previsto dependerá de las hipótesis que se hagan sobre la evolución de la natalidad, la mortalidad o esperanza de vida y del saldo neto de la emigración. Todos los análisis parten del proceso actual de envejecimiento de la población española y, por tanto, del aumento de la tasa de dependencia de los mayores de 65 años sobre los que están en edad de trabajar. La natalidad mejora muy suavemente y también aumenta la esperanza de vida. Pero ¿quién se atreve a pronosticar qué va a ocurrir en los próximos diez años con el saldo neto de emigrantes, actualmente superior a una entrada neta de 500.000? Los escenarios posibles oscilan entre un mantenimiento elevado del saldo neto y una moderación por debajo de los 200.000. La diferencia en la evolución de las cotizaciones y en el gasto de las pensiones futuras es considerable según el escenario que se elija.

Otra variable fundamental es el crecimiento (o decrecimiento) de la actividad económica. De las hipótesis que se establezcan para la evolución del PIB y de la productividad durante los próximos años dependerán el nivel de empleo y paro y, por tanto, la evolución de los cotizantes y los ingresos de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el establecido hoy en España, que consiste en que las pensiones de cada momento se financian con las contribuciones corrientes de los que están trabajando, es fundamental acertar con las hipótesis adecuadas en la evolución de las variables relacionadas con la actividad. Si el último escenario del Gobierno respecto a la evolución del PIB en 2009 y 2010 (-1,6%, +1,2%) es como siempre más optimista que el escenario que estima el Banco de España (-3%, -1%), es razón suficiente para que sus previsiones sobre la sostenibilidad de las pensiones sean más favorables no sólo que las del Banco de España, sino también que los estudios realizados por otras muchas instituciones nacionales e internacionales cuyos escenarios de salida de la crisis son más pesimistas.

A falta de conocer el estudio y, por tanto, las hipótesis en las que se basa el Banco de España, institución cuyos estudios siempre han sido de gran valor empírico y que en ningún caso creo que sea superficial, hay uno elaborado y actualizado por el servicio de estudios del BBVA en el que se proyectan con seriedad todas las variables en tres escenarios posibles y que revela en sus conclusiones la falta de sostenibilidad del sistema a medio plazo y la necesidad de acometer con tiempo la reforma del mismo.

Como casi siempre, basta observar qué están haciendo nuestros socios europeos. Muchos de los países con sistemas de reparto ya han acometido reformas en diferentes direcciones y alternativas que deberíamos estudiar para España para incrementar los ingresos y/o reducir los gastos: el posible aumento de las cotizaciones (que choca con la necesidad de reducir las cargas de las empresas y la mayor carga en España que en otros países). El retraso de la edad de jubilación (65 años), que podría hacerse gradualmente en dos meses por año hasta los 67 años de edad (Alemania). Alargar el periodo de cómputo de años de cotización para alcanzar la pensión máxima (ya se pasó de 10 a 15 años, y en Francia se ha aumentado hasta 25). Actualización de las pensiones por debajo del IPC. Ninguna de estas medidas basta por sí sola para garantizar la sostenibilidad. Tendría que ser un planteamiento global en el que se incluyan todas las variables.

El consejo del Banco de España de que la comisión no permanente del Pacto de Toledo se reúna, revise y actualice los escenarios y con los nuevos parámetros se debata sobre posibles reformas parece razonable. En un momento de incertidumbre como este, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para cualquier planteamiento de reformas en el sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad, sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la evidencia de la necesidad de estudiar su reforma aportando credibilidad, reduciendo incertidumbres y mejorando la confianza de los ciudadanos.

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