Estado de cohecho

Cuando decimos que la corrupción es un cáncer, hacemos un flaco favor a la verdad. Robar en España es el catón. Vivimos en un permanente Estado de cohecho. Aquí la anomalía es la honestidad y la corrupción la rutina. En nuestras instituciones el que no roba es porque no puede, no porque no quiera. De la Familia Real abajo, en todas las líneas de consanguinidad del poder, la mafia campa a sus anchas. Se premia el delito y se ensalza al delincuente. Regla y excepción, en este terreno, hace tiempo que cambiaron de bando.

Hubo una época ya olvidada en que robar se consideraba patrimonio de la caverna. Éramos unos recién llegados a la democracia y creíamos que la izquierda implicaba un particular estado de gracia. Hoy en todos los sitios existe un Patio de Monipodio. Casi nadie se salva. Ya no vale colgar el sambenito a las ovejas negras. El problema está tanto en los pastores como en sus rebaños. Si como decía Balzac, “detrás de una fortuna siempre hay un crimen”, nuestro sistema es criminal por naturaleza.

Hay trincones y mangantes de mayor cuantía en todos los partidos del arco parlamentario. Tenemos un gobierno de la nación metido en el lodazal hasta las corvas (Bárcenas, Gürtel…). Una Corona que apesta a podrido (Nóos, Corina…). Y apenas quedan Comunidades Autónomas cuyas cúpulas carezcan del vicio de lo ajeno. Desde Andalucía (Eres, Formación…) a Galiza (Pokemon…), pasando por Asturias (Marea…), Valencia (Cooperación, Cotino, Fabra…), Madrid (Púnica, Bankia…) o Cataluña (Pujol, Pretoria, Liceo…), todo a lo largo y lo ancho del país es tierra conquistada por el Estado de cohecho.

Pero si todo eso no fuera suficiente para constatar que el régimen utiliza a la sociedad como botín de guerra, el informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos en el año 2012 ha terminado de completar el círculo vicioso. Todas las formaciones políticas, grandes, pequeñas y medianas, todas salvo UPyD y EH-Bildu, están incursas en presuntos delitos financieros. O sea, que esas organizaciones, que según el artículo 6 de la vigente Constitución son el “instrumento fundamental de la participación política”, son en realidad tapaderas para blanquear dinero a costa de los contribuyentes y en nombre de los ciudadanos. En suma, corporaciones extractivas.

En realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Era cosa sabida. Lo relevante ahora radica en que es la propia Administración del Estado quien certifica el inmenso butrón que significa el tinglado de partidos conchabados para la extorsión simulando estructuras democráticas. PP, PSOE, CiU, PNV, IU, PAR y EA soportan graves acusaciones de falsedad e ilícitos tributarios. Y la pregunta lógica de por qué se ha ocultado hasta ahora tamaño latrocinio tiene una respuesta que ahonda la dimensión de la trama mafiosa. El motivo principal es que el propio Tribunal de Cuentas, como otras tantas instituciones de control y supervisión (tipo CGPJ o el Tribunal Constitucional), es un “órgano representativo”. Lo que significa que lo integran miembros de los partidos políticos en régimen de cuotas. Y perro no muerde a perro.

De hecho nunca en la historia del Tribunal de Cuentas se había producido una acusación de tal calibre. Desde su creación, siempre, sin que existan precedentes, los expedientes sancionadores quedaban en el limbo legal por prescripción debido a las demoras aplicadas durante su tramitación. Al respecto el relato del fiscal jefe del T. de C. contiene un dato revelador cuando denuncia que determinados aspectos del borrador recibido del propio órgano estaban redactados “en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”. La mafia nunca hace prisioneros y el organigrama del Tribunal de Cuentas se caracteriza por ser el ejemplo más acabado de endogamia administrativa en todo el Estado. El 14% de su plantilla es de familiares de altos cargos, y los dos últimos presidentes de su comité de empresa (también “representantes”, en este caso sindicales) acumulaban 17 allegados. Atado y bien atado.

Para medir el grado delincuencial de la cleptocracia que nos devora basta citar dos párrafos del informe acusador, uno sobre el PP y otro referido al PSOE, que se parecen como dos gotas de agua a algunos de los casos de corrupción más flagrantes del duopolio dinástico hegemónico (de Gürtel a los EREs). En cuanto al partido en el gobierno, el fiscal señala que “se ha negado” a aportar 34 contratos con firmas que le han prestado servicios, concretando que observa una clara falsedad documental en el PP por aceptar una donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos. Y del primer partido de la oposición, perlas como que el PSOE pidió “a cuatro entidades bancarias un préstamo de 14,7 millones para financiar un ERE en el partido con el aval de las subvenciones presentes y futuras que consiga del erario público”. Por no hablar de Izquierda Unida (IU), la única formación de ámbito nacional a la que en toda la historia del T. de C. se ha abierto un proceso sancionador por donaciones supuestamente ilegales. Ergo: todos los partidos señalados niegan la mayor.

El informe bumerán emitido por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González, llevaba fecha de 15 de diciembre de 2014. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dimitió sorpresivamente “por razones personales” tres días después, el 18-D. Según la normativa vigente, el fiscal jefe del T. de C. no depende jerárquicamente de ese organismo sino de la Fiscalía General. Mal está no reconocerlo: pero los jueces José Castro, Pablo Ruz y Mercedes Alaya abarcan más de lo que aprietan, y a veces el inocente revoloteo de una mariposa levanta ciclones.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS