¿Está construyendo Brasil su propio «patio trasero»?

En los últimos meses se registran conflictos entre la potencia global emergente (Brasil) y varios pequeños países vecinos (sobre todo Ecuador y Paraguay), que llevaron al gobierno Lula de defender a las multinacionales de su país y a movilizar tropas para proteger sus intereses de nación.

Los vacíos que va dejando la decadencia estadounidense en la región sudamericana están siendo ocupados por nuevas potencias globales y una potencia regional con ambiciones de global player. Ya en la década de 1990 fue el capital europeo—español y francés—el que mayor dinamismo mostró en Sudamérica, adquiriendo empresas estatales privatizadas. Más recientemente, China aspira a ocupar un lugar como importador de hidrocarburos e inversor en minería.

Hace tiempo que Brasil busca expandirse, tomando la región como punto de apoyo, cuestión que ha merecido varios análisis y estudios. Lo novedoso es que esa expansión genera ahora conflictos graves como el que está sucediendo entre los gobiernos de Rafael Correa y Luiz Inacio Lula da Silva y, sobre todo, que en algunos de esos conflictos la potencia regional moviliza tropas para defender sus intereses, como viene sucediendo en la frontera con Paraguay.

El creciente rechazo a las empresas brasileñas es tal vez el precio a pagar por ese país por su expansión comercial y económica. Comienzan a escucharse denuncias sobre el papel «imperialista» de Brasil. A partir de 2004 Brasil dio un salto espectacular en sus inversiones directas en el exterior: ese año las empresas brasileñas invirtieron 10 mil millones de dólares en el exterior, frente a sólo 250 millones el año anterior.

Para 2005, el total de la inversión directa brasileña en el exterior llegó a 71 mil millones de dólares, frente a sólo 28 mil millones de México, el segundo país inversor de la región. Una porción sustancial de esa expansión empresarial, se registra en los países limítrofes con Brasil.

Uruguay colonizado

El pequeño país agrícola ganadero tiene una superficie 45 veces menor que la de su enorme vecino y un PIB 50 veces más pequeño. En los últimos diez años la expansión de grandes empresas brasileñas ha modificado el mapa económico de Uruguay, de modo muy particular desde la última crisis de 2002. Se calcula que más del 20% de la tierra ha sido vendida a brasileños y argentinos desde ese año, aunque no hay datos exactos que permitan saber quiénes son los nuevos propietarios.

De las diez primeras empresas exportadoras, cinco son brasileñas. De los 1.511 millones de dólares que exportaron esa decena de empresas entre julio de 2007 y junio de 2008, el 43% pertenece a una arrocera y cuatro frigoríficos comprados por capitales de Brasil. En segundo lugar, aparecen dos empresas uruguayas, una de ellas la petrolera estatal, que suman el 29% de las exportaciones de las diez mayores. Estados Unidos apenas figura con una empresa, subsidiaria de Cargill, con el 10%.

Ernesto Correa, empresario de la carne de Sao Paulo, compró 100 mil hectáreas en Uruguay con el objetivo de abastecer de ganado al frigorífico PUL, del que es propietario del 75% de las acciones. Los frigoríficos brasileños concentran casi la mitad de las exportaciones de carne, el principal producto que vende el país.

Según el informe del periodista Samuel Blixen «el interés brasileño por los frigoríficos uruguayos radica en las posibilidades de acceso a determinados mercados», aprovechando la calificación sanitaria de las carnes uruguayas, que pueden ingresar a mercados vedados para Brasil.

El arroz es la segunda gran inversión de capitales brasileños. El 90% de las exportaciones de arroz van a Brasil. La empresa Saman, que exporta el 45% del arroz uruguayo, fue comprada este año por la brasileña Camil. Finalmente, la producción de cerveza también ha sido monopolizada por empresarios brasileños, a través de la multinacional Inbev, donde la brasileña Ambev juega un papel determinante. Inbev, propietaria entre otras de la estadounidense Budweiser, tiene el monopolio de la cadena de la cerveza en Uruguay a través de Fábricas Nacionales de Cerveza y de las principales malterías (procesadoras de cebada).

Este proceso de extranjerización y concentración de la tierra, de las industrias frigorífica, arrocera y cervecera, y de las exportaciones, coloca al Uruguay en una posición muy vulnerable frente a Brasil. Aunque no se han registrado conflictos con empresas brasileñas, las autoridades uruguayas manifiestan su preocupación por el control monopólico que les puede permitir fijar precios que perjudiquen a los productores uruguayos.

Bolivia, gas y represas

Por diferentes vías, Brasil controla alrededor del 20% del PIB de Bolivia (a través del gas y la soja), que en los próximos años se deberá incrementar con inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería. Pero estas inversiones generan conflictos. Uno de ellos gira en torno a la construcción de las represas hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau, sobre el transfronterizo río Madera, que afecta a Bolivia pero que Brasil considera de suma importancia para su desarrollo nacional.

Las represas, cuya construcción está a cargo del consorcio brasileño Furnas-Odebrecht, inundarán territorio boliviano, afectarán la pesca, harán proliferar la malaria y pondrán en riesgo a las comunidades campesinas extractivistas e indígenas de los pueblos Chacobo, Tacana, Cavineño, Esse Ejja y Yaminahuas en los departamentos de Beni y Pando.

Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, con el apoyo del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), interpusieron el 7 de diciembre de 2007 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Intreramericana de Derechos Humanos, debido al «atentado inminente» del gobierno de Lula contra los derechos humanos y las libertades de los pueblos.

Por otro lado, en la reciente crisis política que sufrió Bolivia a raíz de las acciones subversivas de las oligarquías de la llamada Media Luna, el gobierno de Lula sugirió sin matices a Evo Morales que negociara con la oposición. Los intereses de Brasil en Bolivia no se encuentran desperdigados en todo el país sino concentrados en esos departamentos autonomistas que rechazan al gobierno indígena. Tanto los hidrocarburos como los monocultivos de soja (los primeros abastecen de gas a la industria de Sao Paulo y los segundos son propiedad de hacendados brasileños) están en departamentos como Tarija y Santa Cruz, cuna de la rebelión contra Morales.

Ecuador contra las empresas brasileñas

Los problemas entre empresas brasileñas y el gobierno de Ecuador no son nuevas y se iniciaron con la petrolera Petrobras, que explota un parque nacional en litigio con pueblos indígenas y debió abandonar, a mediados de septiembre de 2008, el bloque petrolero 21 que pasó a manos de Petroecuador. La participación de grandes empresas brasileñas en megaproyectos vinculados a la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Sudamericana), generó conflictos de diversos calibres.

El más reciente se registró el 23 de septiembre con la expulsión de la constructora brasileña Odebrecht y el embargo de sus bienes en Ecuador, responsable por los desperfectos en la hidroeléctrica San Francisco, en la Amazonia, inaugurada en junio de 2007 pero que debió suspender su actividad un año después por fallas graves en la construcción de una obra considerada estratégica para el país. Desde el primer momento el gobierno Lula defendió a la empresa que construye buena parte de las obras del pasillo Manaos-Manta, que forma parte de la IIRSA, y conecta el Amazonas con el Pacífico, por donde salen las mercancías brasileñas rumbo a Asia.

No terminaron ahí los problemas. La represa se construyó con un préstamo del BNDES (Banco Estatal de Desarrollo Brasileño) por 243 millones de dólares, que Ecuador ahora no quiere pagar porque asegura que el contrato se firmó «al margen de las leyes nacionales». El hecho pone al descubierto que el BNDES financia obras a varios países para que contraten empresas brasileñas, una forma de operar que utilizaron siempre las grandes potencias.

En noviembre el presidente Correa anunció que su país recurrirá a la Corte Internacional de Arbitrajes de la Cámara Internacional de Comercio en París, para suspender el pago de su deuda al BNDES. El 21 de noviembre, «por primera vez desde la guerra de Triple Alianza (que destruyó a Paraguay entre 1865-1870) el gobierno de Brasil 'llamó a consultas' a un embajador». La medida es el paso previo al congelamiento de las relaciones y el canciller Amorim fue claro al decir que «no hay plazo para el regreso del embajador a Quito».

Aunque Odebrecht aceptó la existencia de fallas graves en la construcción, al gobierno de Brasil le molestó la forma como se hizo público el reclamo ante el tribunal internacional, ya que no hubo una comunicación previa y se comunicó en un acto público. Según la revista Defesanet, «al llamar al embajador en Quito a Brasilia para consultas, Lula está avisando que está pronto también para radicalizar, contrariando el estilo 'paz y amor' que adoptó para ganar las elecciones de 2002 y que trasladó a las relaciones internacionales».

Odebrecht es la principal constructora de América Latina, está entre las 25 más importantes del mundo y es la tercera empresa de Brasil. Fundada por Norberto Odebrecht en 1944, opera en 20 países, entre ellos todos los sudamericanos. En 2007 facturó 17 mil millones de dólares, más que el PIB de Bolivia y Paraguay. En Brasil, facturó 11.500 millones, en América del Sur 3.100 millones y en Estados Unidos apenas 1.600 millones, lo que revela la importancia del subcontinente en la expansión de la empresa. Tiene 59 mil empleados. Norberto Odebrecht es uno de los principales donantes a las campañas electorales del PT de Lula.

Paraguay, el vecino más frágil

Apenas dos meses después de que el ex obispo Fernando Lugo se instalara en la casa de gobierno, el 15 de agosto de 2008, miles de campesinos comenzaron a ocupar tierras de sojeros brasileños, sobre todo en los departamentos fronterizos de Itapúa, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú. Esas ricas praderas tapizadas de soja fueron reductos de la agricultura familiar y de la potente tradición campesina paraguaya, de la que se nutrió la exitosa candidatura de Lugo. Pero esas tierras son hoy propiedad de brasileños.

Por otro lado, está pendiente la re-negociación del Tratado de Itaipú, firmado en 1973 por las dictaduras de Brasil y Paraguay, que puede ayudar a consolidar al gobierno de Lugo. La represa binacional de Itaipú (la segunda del mundo) tiene una potencia instalada de 8.250 MW, de los cuales Paraguay consume apenas el 5% y debe exportar el 95% a su vecino a precio de costo. Itaipú abastace el 20% de la energía que consume Brasil, por la que Paraguay recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición de la energía vendida.

Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53.000 GW que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a los 4.000 millones de dólares, algo así como la mitad del PIB de Paraguay. Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir entre 1,5 y 2 mil millones de dólares, o sea entre cinco y siete veces el valor actual.

Las negociaciones no van bien. Luego de dos encuentros, Brasil no afloja ni en el precio ni en la «libre disponiblidad», o sea que Paraguay pueda venderle su excedente a cualquier país. En el gobierno Lugo, estiman que si lograran ingresar mil o dos mil millones de dólares podrían invertirlo en escuelas, hospitales, carreteras y las mil y una necesidades de un país pobre y esquilmado por 61 años de corrupción colorada.

Los paraguayos se sienten explotados por sus vecinos. Meses atrás, un grupo de campesinos quemó la bandera de Brasil, una escena que los medios no se cansan de reproducir. Pero la crisis estalló cuando los campesinos comenzaron a ocupar haciendas de brasiguayos, sobre todo en el departamento de San Pedro, la región más pobre del país donde Lugo fue ordenado obispo en 1994. El gobierno reaccionó con cautela y se mostró dispuesto a dialogar, mientras el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) viene anunciando la compra de tierras para la reforma agraria, para lo cual necesita imperiosamente fondos de Itaipú.

Donde faltó cautela, y hasta el buen humor norteño, fue en el gobierno de Lula. El 17 de octubre diez mil soldados comenzaron la megaoperación Frontera Sur II, utilizando aviones, tanques, barcos y munición real. La prensa de Asunción informó que la operación incluye ejercicios como la ocupación de la represa de Itaipú y el rescate de ciudadanos brasileños. El gobierno Lugo puso el grito en el cielo y aseguró que Brasil quiere negociar paz para los sojeros por algún beneficio por Itaipú.

Las declaraciones del general José Elito Carvalho Siqueira, jefe del Comando Militar del Sur, empeoraron las cosas. «Ya pasó la fase en que teníamos que esconder las cosas. Hoy nosotros tenemos que demostrar que somos una potencia, y es importante que nuestros vecinos lo sepan. No podemos dejar de ejercitar y mostrar que somos fuertes, que estamos presentes y tenemos capacidad de enfrentar cualquier amenaza», dijo al diario Ultima Hora el 18 de octubre. Sobre la seguridad de Itaipú, dijo que se trata de una cuestión militar, incluso en el caso de que sea ocupada por movimientos sociales.

El canciller Amorim le pidió al gobierno paraguayo, sin rodeos, que controlara los «excesos» contra los brasiguayos. Lugo llevó el tema a la Asamblea Permanente de la OEA, donde dijo que las actitudes de Brasil alejan el diálogo fraterno entre vecinos. Insinuó que el operativo militar fue un «mensaje sobre Itaipú». «Ningún tratado es sostenible cuando consagra la inequidad ni es éticamente valorable cuando genera asimetrías resultantes de un esfuerzo compartido», dijo en Washington.

En el mes de octubre, unos cuatro mil campesinos se movilizaron frente a una de las fincas de Tranquilo Favero, quizá el brasiguayo más emblemático, derribaron las cercas y amenazaron con quemar uno de sus 30 silos. Sólo en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, fronterizos con Paraná y Mato Groso, los brasiguayos poseen 1,2 millones de hectáreas, el 40% de la superficie de ambos departamentos, y el 80% de los cultivos de soja.

Aunque no hay datos oficiales, se estima que son medio millón los brasileños que se instalaron en las zonas fronterizas desde los años 60, un 10% de la población del país. Suelen ser medianos productores, con unas 500 hectáreas en promedio, y trabajan con peones traidos de Brasil. En algunas zonas se escucha hablar portugués y la moneda más habitual es el real.

Tranquilo Favero fue bautizado como el «rey de la soja», ya que cultiva 55 mil hectáreas de las cuales 35 mil son de su propiedad. Se instaló en Paraguay hace 40 años y luce documento de identidad del país. En un larga entrevista concedida al diario Ultima Hora el domingo 2 de noviembre, enseña una curiosa conciencia social: «No hay duda de que los campesinos protegen las plantaciones de marihuana», dijo. Agregó que los asentamientos de campesinos sin tierra «son un nido de delincuentes».

Palabras más o menos, se suma al concepto de «narcoguerrilla» creado por los estrategas militares estadounidenses, aunque aclimatado en versión brasiguaya. Por su parte, Kaiser Konrad, director de Defesanet, escribió luego de entrevistar al general Carvalho: «La Operación Frontera Sur II quiere pasar un mensaje al gobierno de Lugo, de que los militares brasileños están atentos a la situación enfrentada por los brasiguayos, que están sufriendo con las invasiones de tierras y las amenazas de perder sus propiedades legalmente adquiridas».

Brasil y la «agresión extranjera»

El 2 de octubre, Lula promulgó el decreto 6.952 que reglamenta el Sistema Nacional de Movilización, destinado a enfrentar una «agresión extranjera». El decreto señala que la expresión incluye «amenazas o actos lesivos a la soberanía nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las instituciones nacionales, aunque no signifiquen invasión del territorio nacional».

Un editorial de Defesanet asegura que la aprobación del decreto supone un claro mensaje a los países vecinos: «Una agresión o persecución a los ciudadanos brasileños residentes en Paraguay (brasiguayos), así como en la región de Pando, en Bolivia, y una nueva amenaza de corte del suministro de gas y la toma de instalaciones y empresas brasileñas operando en otros países, caracterizarán a partir de ahora agresiones externas, y una respuesta militar de Brasil pasa a tener amparo legal».

Se trata de la afirmación de una potencia emergente como Brasil, de que sus fronteras se trasladan allí donde están sus intereses nacionales. Parece evidente que todas las grandes potencias se construyeron de ese modo, en una actitud que siempre se ha denominado «imperialismo». Tal vez por eso muchos sudamericanos sienten que está construyendo su propio «patio trasero».


Referencias

Defesanet: revista electrónica sobre Defensa, http://www.defesanet.com.br/
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, http://www.fobomade.org.bo/
Javier Santiso, “La emergencia de las multilatinas”, Revista de la CEPAL, No. 95, agosto de 2008.
Samuel Blixen, “La creciente extranjerización de la economía uruguaya”, Brecha, 28 de noviembre de 2008.
Raúl Zibechi, “Brasil y el difícil camino hacia el multilateralismo”, IRC-Programa de las Américas, 21 de febrero de 2006.
Ricardo Canese, “La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay”, Ombligo del Mundo, Asunción, 2007.
Prensa Paraguay: ABC (www.abc.com.py) y Ultima Hora (www.ultimahora.com).

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