España no se atreve a condenar por rebelión pero impone penas enormes, hasta 13 años de prisión, por sedición (cast/cat)

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El Tribunal Supremo español ya ha hecho pública la sentencia del juicio contra el proceso . Los presos políticos han sido condenados por sedición y malversación, y no por rebelión. La suma de todas las penas sube hasta 99 años y medio de prisión. He aquí las penas, que son de prisión y de inhabilitación por el mismo tiempo:

Oriol Junqueras : 13 años de cárcel por sedición y malversación.

Jordi Turull : 12 años de cárcel por sedición y malversación.

Raül Romeva : 12 años de cárcel por sedición y malversación.

Dolores Baja : 12 años de cárcel por sedición y malversación.

Josep Rull : 10 años y medio por sedición.

Joaquim Forn : 10 años y medio por sedición.

Carmen Forcadell : 11 años y medio por sedición

Jordi Sánchez : 9 años por sedición

Jordi Cuixart :. 9 años por sedición

Santi Vila , Carles Mundó y Meritxell Borràs han sido condenados por desobediencia a una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros y un año y ocho meses de inhabilitación.

La sentencia se ha decidido por unanimidad. El tribunal dice que ‘da por probada la existencia de violencia’ y añade: ‘No basta con la constatación de episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión […]. La violencia debe ser una violencia instrumental, funcional, pre ordenada de manera directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes. ‘

Es decir, que después de dos años de acusación, de instrucción, por rebelión, lo que ha permitido suspender los derechos políticos de los presos políticos que eran cargos electos, tanto en el Parlamento como en el congreso español, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha castigado con sedición los hechos de octubre del 2017. la fiscalía pedía penas más altas, hasta veinticinco años de cárcel por rebelión, y la abogacía del estado pedía penas de sedición . Finalmente el Supremo ha condenado por sedición, y por malversación, tal como habían adelantado las filtraciones hechas desde el Supremo mismo que han motivado un gran escándalo y la denuncia pública de las defensas de los presos.

Oriol Junqueras, la condena más alta

El tribunal dice que Oriol Junqueras es culpable del delito de sedición porque fue advertido por la cúpula de los Mossos que podría haber violencia durante el 1-O y decidió, junto con Carles Puigdemont, mantener el referéndum sobre la independencia. Según el tribunal, Junqueras dijo que el objetivo de las leyes de desconexión y del referéndum era conseguir una Cataluña independiente. Y destaca su papel en el proceso que llevó -dice- ‘en la inobservancia de las leyes y el contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña’.

El ensañamiento con Forcadell

La presidenta del parlamento Carmen Forcadell no ha sido considerada culpable de malversación porque no tenía responsabilidades de gobierno, pero en cambio ha recibido una pena muy elevada por sedición. El Supremo considera queForcadell hizo posible, a partir de ‘su posición privilegiada’, ‘la creación de una legalidad paralela carente de validez’, y concluye que con su actuación logró ‘entorpecer gravemente’ la labor de los tribunales, los mandatos de los que fueron ‘claramente burlados’. Además, también atribuyen a Forcadell haber animado, organizado y protagonizado actuaciones multitudinarias para obstaculizar la labor judicial ‘. El tribunal considera que Forcadell tuvo un ‘papel decisivo en la dirección de un proceso de creación normativa’ que, a pesar de su evidente insuficiencia jurídica sirvió’ de ilusoria referencia para una ciudadanía que sería movilizada como instrumento de presión al gobierno español ‘.

Rull: condenado a sedición por los barcos

El tribunal condena a diez años y medio de prisión Josep Rull por haber participado en la organización del referéndum, que dice que ‘no se limitó a una idea o su expresión, sino la ejecución de actos’. Dice que hizo una intervención para impedir el amarre ‘de un barco en el puerto de Palamós que debía servir de alojamiento temporal a los policías enviados para reprimir el referéndum, y que puso a disposición del referéndum los locales gestionados por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Romeva y el factor internacional

El tribunal atribuye a Raül Romeva un papel fundamental para legitimar el referéndum internacionalmente y neutralizar la capacidad de las autoridades gubernamentales y judiciales de España. La sentencia condena Romeva a una pena de doce años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso con el de malversación (este último, agravado con respecto a la cantidad). El argumentario de la sentencia dice que Romeva ‘asumió la estrategia exterior del gobierno’, siendo conocedor de que ‘promovía la creación de una legalidad paralela’ y que ‘llegó a acusar a las instituciones europeas que perderían credibilidad si no daban apoyo al referéndum ‘. En cuanto a la malversación, el TS da por probado que parte del presupuesto de su departamento, ‘que en 2017 ascendió a 35 millones’, se destinó a financiar el 1-O.

Joaquim Forn y los Mossos

El Supremo español considera que Forn ‘neutralizó’ la capacidad operativa de los Mossos el 1-O con la decisión de enviar binomios de agentes en los centros de votación durante la jornada del referéndum. En la sentencia, el tribunal considera que Forn ‘consiguió la efectiva ordenación de la actuación de los Mossos’ por lo que fue ‘funcional’ a sus objetivos políticos ‘y del resto de acusados. Además, considera que Forn logró ‘reconducir la interpretación’ de los mandamientos judiciales para conseguir ‘simular la aparente cumplimiento’ de estos y hacerlos ‘inefectivos’. El tribunal ha condenado a Forn a 10 años y medio de prisión por un delito de sedición.

El tribunal considera que Forn entró en Gobierno de la Generalitat ‘asumiendo el giro táctico’ del ejecutivo que ‘aspiraba a conseguir que el gobierno español aceptara un diálogo a partir de la decisión unilateral de llevar a cabo’ la votación del 1-O.

En cuanto al 20 de septiembre, que el tribunal califica de ‘movilización tumultuaria’, los magistrados constatan que Forn autorizó la concentración, de la que tuvo una ‘comunicación tardía a los efectos de la regulación del derecho de manifestación’. Además, concluye que ‘demostró tener conocimiento de sus dimensiones cuando dirigió una orden al mando de los Mossos para conferir’ a Jordi Sánchez ‘facultades mediadoras’.

Los argumentos contra Bassa

El Supremo argumenta la condena contra Dolors Bassa porque ‘tuvo una intervención decisiva’ a la hora de garantizar que los centros cívicos estuvieran abiertos el día del referéndum. La sentencia recoge, literalmente, que ‘para evitar riesgos’ Bassa asumió las competencias de todos los directores de centros cívicos desde el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre. Y que lo hizo ‘al día siguiente’ que el Tribunal Superior de Justicia emitiera el auto que mandaba cerrar colegios electorales del 1-O. El Supremo condena a Bassa a 12 años de prisión y a 12 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación.

El tribunal no perdona a Turull la presentación de las urnas

Según el tribunal, Turull  ‘intervino activamente en la actuación sediciosa concertada’ y participó en las diversas reuniones que definieron la estrategia a seguir. La sentencia recuerda que las campañas publicitarias del referéndum dependían del departamento de Presidencia y menciona la petición de ampliación del presupuesto por un importe de 3,43 millones para la campaña ‘Civismo’, o el anuncio de las vías del tren. Los magistrados también señalan que la titularidad del dominio web del referéndum también dependía de Presidencia.

La sentencia menciona que el 29 de septiembre del 2017 el exconseller compareció con Junqueras y Romeva para presentar las urnas del referéndum y que el 1-O fue él mismo quien anunció el sistema de censo universal. También señalan que, como presidente del grupo parlamentario de Juntos por Sí, Turull logró intervenir y participar activamente en la creación y puesta en marcha del Pacto Nacional por el Referéndum y en la aprobación de la resolución que instaba al Gobierno a convocar un referéndum.

El tribunal también señala que Turull fue ‘especialmente activo’ en las redes sociales y que a través de Twitter publicó opiniones y mensajes de apoyo ‘en los que animaba la ciudadanía a mantener la calma, la serenidad y el civismo, y a perseverar en la determinación independentista y que fueran a votar ‘. En concreto, los magistrados recogen que el 1 de Octubre hizo un par de tuits donde decía que ‘el Gobierno pide a la gente que vaya a votar de manera cívica y pacífica’ o que «han tenido que cerrar 319 colegios . Llamamos a los que no hayan podido votar para que vayan a uno donde se pueda «.

El tribunal condena el «se lo volveremos a hacer» de Cuixart

El Tribunal Supremo español condena a nueve años de cárcel y nueve de inhabilitación Jordi Cuixart y Jordi Sánchez porque lo que pasó el 1-O no fue sólo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. Si hubiera sido esto no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por el acusado -Cuixart-, entre muchas otras personas, para convertir en papel mojado -con el uso de vías de hecho y fuerza física- unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ‘.

Sobre Jordi Cuixart, los magistrados dicen: ‘Podemos dibujar su responsabilidad, que no rehuye, disimula ni esconde, llegando a verbalizar su decidida voluntad de seguir ajustando su conducta a estas pautas -‘ho volveremos a fer’-, en la multitudinaria oposición ejercida ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto estatales como autonómicas ‘.

El tribunal dice que ‘en su actuación se produce un’ in crescendo ‘que le llevará a dar el salto desde las llamadas a la protesta, a las manifestaciones, a la movilización legítima -todo ello sin ninguna relevancia penal- a empujar a la ciudadanía a la resistencia activa, a la oposición por vías de hecho el cumplimiento de órdenes judiciales, o de cualquier decisión de las autoridades que contradijeran o obstaculizaran este propósito firme de hacer un referéndum basado en un supuesto derecho de autodeterminación ‘.

‘La actuación ulterior del señor Cuixart viene a demostrar, sin embargo, que algunas proclamas que podrían considerarse fruto del enardecimiento de unos discursos encendidos y de una retórica de masas apasionada, evidencia que no se trataba en su ánimo de puro simbolismo o metáforas, sino que cuando hablaba de «detener ‘la actuación de la Guardia Civil o gritaba que ni la Guardia Civil, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni el Tribunal Constitucional, ni ningún tribunal podrían detener sus objetivos , estaba pensando en eso, en oponerse también materialmente -y no sólo con los medios legales o ejerciendo el derecho a la protesta- la ejecución de estos eventuales mandatos judiciales ‘, dice el tribunal.

El ataque contra Sánchez

De Sánchez dice que ‘la actuación del acusado como líder del ANC fue absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos’, concluye. Segundo el Supremo, Sánchez ‘asumió de manera voluntaria y con la aquiescencia de Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo de la concentración que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017, a las puertas de la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía ‘. ‘Lo que motivó la actuación de Sánchez era demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña, habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones ‘, aseguran los magistrados.

Más: ‘Muy diferente a limitarse a votar -por este hecho a nadie se le ha acusado, ni nadie ha sido presentado ante un juzgado, ni siquiera ha sido sancionado gubernativamente- es oponerse de manera activa a la actuación de la policía, impidiendo ejecutar un mandato judicial ‘, afirma. Así, ‘la conducta deviene típica cuando se apersona no solamente para votar sino para defender las urnas, para impedir a través de mecanismos de resistencia en acto o previsibles y anunciados y, por tanto, disuasivos, la actuación legítima de Mossos de Esquadra, policía nacional y Guardia Civil ‘.

Ver el cuadro de delitos y penas que ha difundido el Supremo:

  


Cat

Espanya no s’atreveix a condemnar per rebel·lió però imposa penes enormes, fins a 13 anys de presó, per sedició

El Tribunal Suprem imposa penes de 9 a 13 anys de presó per als presoners polítics per sedició i malversació

El Tribunal Suprem espanyol ja ha fet pública la sentència del judici contra el procés. Els presos polítics han estat condemnats per sedició i malversació, i no per rebel·lió. La suma de totes les penes s’enfila fins a 99 anys i mig de presó. Heus ací les penes, que són de presó i d’inhabilitació pel mateix temps:

Oriol Junqueras: 13 anys de presó per sedició i malversació.

Jordi Turull: 12 anys de presó per sedició i malversació.

Raül Romeva: 12 anys de presó per sedició i malversació.

Dolors Bassa: 12 anys de presó per sedició i malversació.

Josep Rull: 10 anys i mig per sedició.

Joaquim Forn: 10 anys i mig per sedició.

Carme Forcadell: 11 anys i mig per sedició

Jordi Sànchez: 9 anys per sedició

Jordi Cuixart:. 9 anys per sedició

Santi VilaCarles Mundó i Meritxell Borràs han estat condemnats per desobediència a una multa de 10 mesos amb una quota diària de 200 euros i un any i vuit mesos d’inhabilitació.

La sentència s’ha decidit per unanimitat. El tribunal diu que ‘dóna per provada l’existència de violència’ i afegeix: ‘No n’hi ha prou amb la constatació d’episodis de violència per a proclamar que els fets integren un delicte de rebel·lió […]. La violència ha de ser una violència instrumental, funcional, pre-ordenada de manera directa, sense passos intermedis, a les finalitats que animen l’acció dels rebels.’

És a dir, que després de dos anys d’acusació, d’instrucció, per rebel·lió, cosa que ha permès de suspendre els drets polítics dels presos polítics que eren càrrecs electes, tant al parlament com al congrés espanyol, el tribunal presidit per Manuel Marchena ha castigat amb sedició els fets de l’octubre del 2017. La fiscalia demanava penes més altes, fins a vint-i-cinc anys de presó per rebel·lió, i l’advocacia de l’estat demanava penes de sedició. Finalment el Suprem ha condemnat per sedició, i per malversació, tal com havien avançat les filtracions fetes des del Suprem mateix que han motivat un gran escàndol i la denúncia pública de les defenses dels presos.

Oriol Junqueras, la condemna més alta

El tribunal diu que Oriol Junqueras és culpable del delicte de sedició perquè va ser advertit per la cúpula dels Mossos d’Esquadra que hi podria haver violència durant l’1-O i va decidir, juntament amb Carles Puigdemont, de mantenir el referèndum sobre la independència. Segons el tribunal, Junqueras va dir que l’objectiu de les lleis de desconnexió i del referèndum era aconseguir una Catalunya independent. I destaca el seu paper en el procés que va portar —diu— ‘a la inobservança de les lleis i el contumaç menyspreu a les resolucions del Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya’.

L’acarnissament amb Forcadell

La presidenta del parlament Carme Forcadell no ha estat considerada culpable de malversació perquè no tenia pas responsabilitats de govern, però en canvi ha rebut una pena molt elevada per sedició. El Suprem considera que Forcadell va fer possible, a partir de ‘la seva posició privilegiada’, ‘la creació d’una legalitat paral·lela mancada de validesa’, i conclou que amb la seva actuació va ‘entrebancar greument’ la tasca dels tribunals, els manaments dels qual van ser ‘clarament burlats’. A més, també atribueixen a Forcadell haver ‘animat, organitzat i protagonitzat’ actuacions multitudinàries que van ‘obstaculitzar la tasca judicial’. El tribunal considera que Forcadell va tenir un ‘paper decisiu en la direcció d’un procés de creació normativa’ que, tot i la seva ‘evident insuficiència jurídica’, va servir ‘d’il·lusòria referència per a una ciutadania que seria mobilitzada com a instrument de pressió al govern espanyol’.

Rull: condemnat a sedició pels vaixells

El tribunal condemna a deu anys i mig de presó Josep Rull per haver participat en l’organització del referèndum, que diu que ‘no es va limitar a una idea o la seva expressió, sinó a l’execució d’actes’. Diu que va fer una ‘intervenció per a impedir l’amarratge’ d’un vaixell al port de Palamós que havia de servir d’allotjament temporal als policies enviats per a reprimir el referèndum, i que va posar a disposició del referèndum els locals gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Romeva i el factor internacional

El tribunal atribueix a Raül Romeva ‘un paper fonamental per a legitimar el referèndum internacionalment i neutralitzar la capacitat de les autoritats governamentals i judicials’ de l’estat espanyol. La sentència condemna Romeva a una pena de dotze anys de presó i d’inhabilitació absoluta per un delicte de sedició en concurs amb el de malversació (aquest darrer, agreujat pel que fa a la quantitat). L’argumentari de la sentència diu que Romeva ‘va assumir l’estratègia exterior del govern’, essent coneixedor que ‘promovia la creació d’una legalitat paral·lela’ i que ‘va arribar a acusar les institucions europees que perdrien credibilitat si no donaven suport al referèndum’. Pel què fa a la malversació, el TS dóna per provat que part del pressupost del seu departament, ‘que el 2017 va pujar a 35 milions’, es va destinar a finançar l’1-O.

Joaquim Forn i els Mossos

El Suprem espanyol considera que Forn va ‘neutralitzar’ la capacitat operativa dels Mossos d’Esquadra l’1-O amb la decisió d’enviar binomis d’agents als centres de votació durant la jornada del referèndum. En la sentència, el tribunal considera que Forn ‘va aconseguir l’efectiva ordenació de l’actuació dels Mossos’ de manera que va ser ‘funcional’ als seus ‘objectius polítics’ i de la resta d’acusats. A més, considera que Forn va ‘reconduir la interpretació’ dels manaments judicials per aconseguir ‘simular l’aparent compliment’ d’aquests i fer-los ‘inefectius’. El tribunal ha condemnat Forn a 10 anys i mig de presó per un delicte de sedició.

El tribunal considera que Forn va entrar a Govern de la Generalitat ‘assumint el gir tàctic’ de l’executiu que ‘aspirava a aconseguir que el govern espanyol acceptés un diàleg a partir de la decisió unilateral de portar a terme’ la votació de l’1-O.

Pel que fa al 20 de setembre, que el tribunal qualifica de ‘mobilització tumultuària’, els magistrats constaten que Forn va autoritzar la concentració, de la qual en va tenir una ‘comunicació tardana als efectes de la regulació del dret de manifestació’. A més, conclou que ‘va demostrar tenir coneixement de les seves dimensions quan va dirigir una ordre al comandament dels Mossos per conferir’ a Jordi Sànchez ‘facultats mitjanceres’.

Els arguments contra Bassa

El Suprem argumenta la condemna contra Dolors Bassa perquè ‘va tenir una intervenció decisiva’ a l’hora de garantir que els centres cívics estiguessin oberts el dia del referèndum. La sentència recull, literalment, que ‘per evitar riscos’ Bassa va assumir les competències de tots els directors de centres cívics des del 28 de setembre i fins al 2 d’octubre. I que ho va fer ‘l’endemà mateix’ que el Tribunal Superior de Justícia emetés la interlocutòria que manava tancar col·legis electorals l’1-O. El Suprem condemna Bassa a 12 anys de presó i a 12 d’inhabilitació absoluta per un delicte de sedició en concurs medial amb un de malversació.

El tribunal no perdona a Turull la presentació de les urnes

Segons el tribunal, Turull ‘va intervenir activament en l’actuació sediciosa concertada’ i va participar en les diverses reunions que van definir l’estratègia a seguir. La sentència recorda que les campanyes publicitàries del referèndum depenien del departament de Presidència i esmenta la petició d’ampliació del pressupost per un import de 3,43 milions per a la campanya ‘Civisme’, o l’anunci de les vies del tren. Els magistrats també assenyalen que la titularitat del domini web del referèndum també depenia de Presidència.

La sentència esmenta que el 29 de setembre del 2017 l’exconseller va comparèixer amb Junqueras i Romeva per presentar les urnes del referèndum i que l’1-O va ser ell mateix qui va anunciar el sistema de cens universal. També assenyalen que, com a president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Turull va intervenir i participar activament en la creació i posada en marxa del Pacte Nacional pel Referèndum i en l’aprovació de la resolució que instava el Govern a convocar un referèndum.

El tribunal també assenyala que Turull va ser ‘especialment actiu’ a les xarxes socials i que a través de Twitter va publicar opinions i missatges de suport ‘en els quals animava la ciutadania a mantenir la calma, la serenitat i el civisme, i a perseverar en la determinació independentista i que anessin a votar’. En concret, els magistrats recullen que l’1 d’Octubre va fer un parell de piulades on deia que ‘el Govern demana a la gent que vagi a votar de manera cívica i pacífica’ o que ‘han hagut de tancar 319 col·legis. Fem una crida als que no hagin pogut votar perquè vagin a un on es pugui’.

El tribunal condemna l’ho tornarem a fer de Cuixart

El Tribunal Suprem espanyol condemna a nou anys de presó i nou d’inhabilitació Jordi Cuixart i Jordi Sànchez perquè ‘allò que va passar l’1-O no va ser només una manifestació o un acte massiu de protesta ciutadana. Si hagués estat això no hi hauria reacció penal. Va ser un aixecament tumultuari encoratjat per l’acusat –Cuixart–, entre moltes altres persones, per convertir en paper mullat –amb l’ús de vies de fet i força física– unes decisions judicials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya’.

Sobre Jordi Cuixart, els magistrats diuen: ‘Podem dibuixar la seva responsabilitat, que no defuig, dissimula ni amaga, arribant a verbalitzar la seva decidida voluntat de seguir ajustant la seva conducta a aquestes pautes –‘ho tornarem a fer’–, en la multitudinària oposició exercida davant a les forces i cossos de seguretat, tant estatals com autonòmiques’.

El tribunal diu que ‘en la seva actuació es produeix un ‘in crescendo’ que el portarà a fer el salt des de les crides a la protesta, a les manifestacions, a la mobilització legítima –tot això sense cap rellevància penal– a empènyer a la ciutadania a la resistència activa, a l’oposició per vies de fet al compliment d’ordres judicials, o de qualsevol decisió de les autoritats que contradiguessin o obstaculitzessin aquest propòsit ferm de fer un referèndum basat en un suposat dret d’autodeterminació’.

‘L’actuació ulterior del senyor Cuixart ve a demostrar, però, que algunes proclames que podrien considerar-se fruit de l’enardiment d’uns discursos encesos i d’una retòrica de masses apassionada, evidencia que no es tractava en el seu ànim de pur simbolisme o metàfores, sinó que quan parlava d”aturar’ l’actuació de la Guàrdia Civil o cridava que ni la Guàrdia Civil, ni les forces i cossos de seguretat, ni el Tribunal Constitucional, ni cap tribunal podrien aturar els seus objectius, estava pensant en això, en oposar-se també materialment –i no només amb els mitjans legals o exercint el dret a la protesta– a l’execució d’aquests eventuals mandats judicials’, diu el tribunal.

L’atac contra Sànchez

De Sànchez diu que ‘l’actuació de l’acusat com a líder de l’ANC va ser absolutament necessària per a l’execució dels plans sediciosos’, conclou. Segon el Suprem, Sànchez ‘va assumir de manera voluntària i amb l’aquiescència de Forn, que li va conferir el rang d’interlocutor, la promoció i el lideratge de la concentració que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2017, a les portes de la seu de la Vicepresidència i Conselleria d’Economia’. ‘El que va motivar l’actuació de Sànchez era demostrar a tota la societat, en ple i acreditat concert amb els responsables governamentals, que els jutges i magistrats que exercien la seva funció constitucional a Catalunya, havien perdut la capacitat per executar les seves resolucions’, asseguren els magistrats.

Més: ’Molt diferent a limitar-se a votar –per aquest fet a ningú se l’ha acusat, ni ningú ha estat presentat davant d’un jutjat, ni tan sols ha estat sancionat governativament— és oposar-se de manera activa a l’actuació de la policia, impedint executar un mandat judicial’, afirma. Així, ‘la conducta esdevé típica quan s’esperona no solament per votar sinó per defensar les urnes, per impedir a través de mecanismes de resistència en acte o previsibles i anunciats i, per tant, dissuasius, l’actuació legítima de Mossos d’Esquadra, policia nacional i Guàrdia Civil’.

Vegeu el quadre de delictes i penes que ha difós el Suprem:

  

https://www.vilaweb.cat/noticies/sentencia-proces-sedicio-malversacio-penes-preso/

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