Entender el ‘Caso Couso’: 12 años de impunidad
Lo primero es entender una realidad en la cual la figura del reportero de guerra está desapareciendo en una grave crisis estructural de la profesión agudizada por el interés generalizado de los grandes conglomerados de comunicación –en connivencia con el poder político– en monopolizar la información internacional para hacerla unidireccional. Por ello es imprescindible analizar un caso en el que un periodista, en este caso un cámara de Telecinco que cubría el conflicto en Irak en el año 2003, fue asesinado por un misil lanzado por el Ejército de los Estados Unidos contra el Hotel Palestine de Kabul. Y digo imprescindible porque es un caso que, doce años después, sigue abierto y sin resolver: ¿Cómo un carro de combate norteamericano pudo recibir la orden de disparar contra un hotel en el que, de sobra conocido por todos, estaban alojados gran parte de los periodistas internacionales que cubrían la guerra? Aquí empieza el debate y una de esas grandes pruebas de ese interés por parte de los gobiernos en monopolizar los procesos informativos a través de la influencia sobre el campo militar y el mediático.
José Couso, que había trabajado para EFE y Canal+, y había sido compañero de Jon Sistiaga en Macedonia, fue asesinado el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestine de Bagdag, donde se alojaba la mayor parte de la prensa internacional, tras el disparo de un proyectil Rheinmetall L44 desde un tanque M1 Abrahms, perteneciente al ejército de Estados Unidos. Tenía 38 años. Durante el ataque, murió también el cámara ucraniano de la agencia Reuters Taras Protsiuk, que se encontraba en ese momento en el balcón del piso inferior a Couso. Tras los sucesos, el Ejército estadounidense, a través del subcomandante de operaciones militares Vincent Brooks, expresó que: “La bomba contra el Palestine fue en respuesta al ‘significativo fuego’ de francotiradores parapetados en el hall del hotel”. No han sido pocos los periodistas que se encontraban en el edificio los que aseguraron que no existieron tales disparos. Incluso se mostraron grabaciones para confirmar sus palabras y, lo peor que el ataque norteamericano fue lanzado contra los pisos altos del edificio y no contra la entrada. La acción de los militares norteamericanos provocó fuertes críticas e indignación en todo el mundo. Desde el mismo momento de los hechos, la familia de Couso y numerosos activistas denunciaron que lo sucedido en el Hotel Palestine, había sido un plan meditado para callar a los periodistas que se encontraban siguiendo en vivo los sucesos de la invasión estadounidense a la nación árabe. En 2006, la Audiencia Nacional española archivó la investigación sobre el asesinato de Couso, alegando que su muerte se había producido en un “acto de guerra” en el cual “no se pretendía” matar a ningún periodista. Pero el Tribunal Supremo rechazó este argumento y ordenó, a demanda de la familia couso, reabrir la investigación. En el año 2009, la Audiencia Nacional vuelve a archivar el caso y anula la inculpación de tres militares de EE.UU.: el sargento Thomas Gibson, el capitán Phillip Wolfordy el teniente coronel Phillip de Camp. Según se estimó, los cargos contra estos militares que tripulaban el tanque estaban basados en “indicios insuficientes”.
La irrupción de Wikileaks
Pero el escándalo llega cuando, en 2010, se filtran una serie de cables a través deWikileaks en los que se evidencia la implicación del Gobierno de Estados Unidos en las presiones a la Audiencia Nacional para archivar la investigación sobre el caso Couso. A través del diario El País, se pudo conocer que varios ministros españoles “trabajaron” para que no prosperasen las órdenes de detención internacionales contra los tres militares involucrados en el caso. Así se asegura en un telegrama remitido en 2005 por el ahora ex embajador de EE. UU, Eduardo Aguirre, a su Gobierno. Meses antes de la filtración de Wikileaks, en julio de 2010, el Tribunal Supremo de España había ordenado reabrir la investigación, así como la extradición de Gibson, De Camp e Wolford.
Cable de Wikileaks 19029, del 23 de julio de 2004, del que sería embajador de EE. UU., Eduardo Aguirre
Este cable muestra las conversaciones entre los oficiales de la Embajada y el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, así como su relación con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. A pesar de la existencia de estos cables, el fiscal Conde-Pumpido estimó oportuno negar cualquier tipo de colaboración entre el Ministerio y los Estados Unidos para tratar de archivar el caso, lo que desató la indignación tanto de la familia de José Couso como de la opinión pública.
El papel del juez Pedraz
En enero de 2011, una comisión judicial acompañó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a Irak en enero. Su objetivo era determinar qué se veía desde el tanque estadounidense que disparó contra el Palestine el 8 de abril de 2003. Los profesores titulares de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Serna Galán –de Óptica– y Juan Manuel Rodríguez Parrondo –de Física Aplicada– ratificaron ante el juez Pedraz el informe pericial realizado a partir de las fotografías tomadas por los letrados y de las medidas que solicitaron de los objetos que podían servir como punto de referencia. La conclusión del informe decía de las dos fotografías tomadas –una desde el Hotel y otra desde el puente Aljurumiya–: “(…) si son observadas a un metro de distancia, reproducen fielmente la visión a través de un visor de diez aumentos, que es el máximo de los visores con los que está equipado el carro de combate Abrams M1”.
En octubre de ese año 2011, el juez Pedraz alertó acerca de un plan ideado por los Estados Unidos contra la prensa internacional que tenía como objetivo evitar que los medios de comunicación mundiales informasen sobre las operaciones militares en curso durante la toma de Bagdad. Hace unos meses, en 2014, Santiago Pedraz envió el caso Couso a la red de cooperación Genocide Network, creada en 2002 por la Unión Europea para que los tres militares de EE. UU. procesados compareciesen ante la justicia.
Así, el magistrado ha decidido poner la investigación sobre el asesinato del cámara en conocimiento de esa red de cooperación sobre genocidio y crímenes de guerra, ante la manifiesta imposibilidad de hacerlos comparecer “ni siquiera solicitando la oportuna asistencia judicial a las autoridades norteamericanas, dada la negativa de las mismas”. En un auto hecho público el pasado mes de julio de 2014, Pedraz reconoce que le “ha sido imposible incluir las órdenes de búsqueda internacionales contra los procesados en la Interpol”, despues de que esta se le denegara por considerar este delito como “una cuestión o asunto militar” a instancias de los Estados Unidos.
El juez Pedraz ha recordado en informaciones recientes a los medios de comunicación de España que los tres militares procesados están acusados de una grave violación del derecho internacional humanitario, al tratarse de un ataque indiscriminado contra población civil, en concreto periodistas, en concurso con homicidio. Ahora, a la luz del Estatuto de Roma –que contempla la cooperación internacional para luchar contra la impunidad, Pedraz remite la causa a Genocide Network, en el seno de Eurojust, por ser una organización fundada por el Consejo de Europa “para fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales en la investigación de este tipo de delitos”.
Y con todo, doce años ya desde el asesinato de Couso y la justicia sigue sin llegar. Comprobamos como la terrible burocracia continúa poniendo obstáculos y no permite que el caso sea superado. Pero esto no ha minado la esperanza de amigos, allegados y familia del cámara gallego que, como otros muchos compañeros, perdió su vida por informar. Pero, tal y como se ha demostrado hoy frente a la embajada de EEUU en Madrid, nunca matarán al mensajero.
Justicia para José Couso. Crimen de Guerra!