Enfrentamientos en Patacamaya deja un muerto más para el gobierno de Evo Morales

Bolivia, 16 de diciembre de 2008 (CEP).- Duros enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que trabajan en las zonas francas resultó con un muerto y cinco heridos, según información oficial, pero hasta horas de la noche, los dirigentes hablan de dos muertos (el segundo, hasta el cierre de esta edición, no ha sido confirmado) y más 30 heridos.

Las zonas francas en el país agrupan a diferentes actores como los comerciantes importadores, los usuarios (intermediarios con permiso para importar) y una mayoría de obreros (mecánicos, chapistas, tapiceros y otros especializados en la transformación de vehículos).

Los problemas entre el gobierno y los trabajadores se iniciaron con la emisión del Decreto Supremo 29836 que limita la importación de autos de hasta cinco años de antigüedad (fabricados de 2004 hacia atrás). Esta norma fue rechazada por los dirigentes de las zonas francas porque, según dicen, eso “significa en realidad cerrar la zona franca” y eliminar miles de fuentes de empleo.

El gobierno argumenta que debe regular el ingreso de automotores para evitar un mayor consumo de diesel (escasísimo en el país) y cuidar el medio ambiente. Por el contrario, los trabajadores ven en esta medida la pérdida de sus fuentes de trabajo y el sostén de sus familias, más aún cuando en Bolivia, a pesar de la demagogia reformista del gobierno, el tema del empleo es realmente crítico. Cualquier ciudadano sabe que si pierde el trabajo es muy probable que no consiga otro y tal vez deba dedicarse al comercio informal.

Según el dirigente de los trabajadores de la zona franca de Oruro, Jaime Ruedas, los trabajadores de zonas francas son más de 15 mil. Por eso el bloqueo de carreteras de este lunes, impulsado por los comerciantes y trabajadores de las zonas francas de Oruro, Cochabamba y Patacamaya, se había anunciado la semana pasada. El gobierno conocía de esta decisión pues los trabajadores pedían la anulación del decreto gubernamental.

El bloqueo se inició muy temprano, según los dirigentes, alrededor de 10 mil trabajadores participaron a la altura de las localidades de Pisiga, Tambo Quemado y Patacamaya. La Policía informó que había cerca de 1.500 en Patacamaya.

Aproximadamente a las 13:10 se produjo la intervención policial, las imágenes de televisión muestran una particular violencia de los uniformados en el enfrentamiento (con gases lacrimógenos y balines) y la respuesta de los manifestantes con petardos y piedras. A consecuencia de la represión, el trabajador Nelson Manuel Aduviri Mamani, de 27 años, cayó muerto.

Hacia las cinco de la tarde, el dirigente Ruedas denunció que “el panorama es totalmente crítico, hay 3 muertos. Yo no sé el gobierno de qué forma está actuando. Lamentablemente hay más de un centenar de heridos”. Los dirigentes denunciaron que cuando velaban el cadáver de su compañero, la Policía los dispersó a punta de gas lacrimógeno y se llevó el cuerpo. Las imágenes de televisión muestran a un policía golpeando a una mujer y tirándola al suelo.

En otra entrevista radial, el representante René Pacheco denunció la existencia de dirigentes detenidos y una dura represión: “La policía está arremetiendo como si esto fuera una guerra, nos están disparando con balines, con gases, desde motos”. Aunque no se sabe exactamente la causa de la muerte de Aduviri, el médico del Hospital de Patacamaya afirmó que tenía un orificio de cinco centímetros de diámetro a la altura del cuello.

La versión del gobierno
El gobierno reformista del MAS tiene como política denunciar afanes conspirativos en su contra cuando surge cualquier tipo de manifestación crítica o cuestionadora. Este caso no podía ser la excepción pues el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, había calificado, antes de las protestas, a ésta como una movilización política.

En una breve rueda de prensa luego de los enfrentamientos, Farfán justificó el hecho al informar que la Policía había actuado para defender el derecho de las personas al libre tránsito, un argumento trillado de las autoridades en los tiempos “neoliberales”. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, su ministro Carlos Sánchez Berzaín (el “Zorro”) aplicaba con especial énfasis este discurso para detener las marchas que realizaban los cocaleros junto a Evo Morales.

Aunque Farfán se limitó a un brevísimo informe a la prensa, fue mucho más amplio en su reporte para Patria Nueva, la radioemisora del Estado. En una entrevista telefónica, encasilló a los manifestantes dentro de una “movilización financiada por el gerente de la zona franca de Cochabamba, Carlos Olmedo”. Similar explicación usó el Comandante Departamental de la Policía, Raúl Mantilla, quien declaraba desde Patacamaya que los manifestantes contaban con muchos recursos por los petardos que traían.

Es costumbre en el gobierno distorsionar los hechos e introducir la versión conspirativa en toda manifestación que no controla corporativamente. En este caso intenta desviar el hecho de que los trabajadores están luchando por defender sus puestos trabajo, y pretende hacer creer que éste es un movimiento de los importadores de vehículos.

Trabajadores peruanos
Según la Policía, se cuentan 25 personas heridas en instalaciones de la Policía del El Alto y otras 11 han sido llevadas a las celdas policiales en La Paz. El comandante Mantilla, quien recibió una certera pedrada en la nuca, presumió la presencia de trabajadores de nacionalidad peruana y señaló: “No es posible que siendo beneficiados con trabajo vengan a organizar esta violencia contra la policía”.

Sin embargo, una fuente allegada a los trabajadores señaló que precisamente los obreros peruanos no participaron de dicha protesta para evitar ser perseguidos por su condición de extranjeros. A pesar de ello, muchos de estos trabajadores fueron detenidos en Patacamaya (donde residen porque ahí está la zona franca) e incluso sacados por la fuerza de sus domicilios, según la fuente.

En la zona franca, junto a una mayoría de obreros bolivianos, existen trabajadores peruanos y chilenos que son contratados por sus capacidades técnicas para ese trabajo. Sin excepción, todos están sometidos a duras condiciones laborales porque allí no rigen los beneficios de la ley general del trabajo. Sin embargo esta situación se esconde pues siempre la Policía y los gobiernos han utilizado la estigmatización al extranjero para desviar los verdaderos motivos de las protestas populares. La Policía tiene una larga experiencia en lanzar este tipo de intrigas xenófobas.

Toda la idea acerca de la “conspiración” se acentúa con la intención del gobierno de responsabilizar a los detenidos por “haber organizado” la protesta y enviarlos al Ministerio Público. La criminalización de la protesta popular es otro rasgo del gobierno de Evo Morales, que apunta exclusivamente a los sectores en conflicto que no son simpatizantes o afiliados de su partido (MAS). El gobierno emplea bastante propaganda para desprestigiar a los dirigentes de los sectores populares que no están de acuerdo con sus políticas. A ello también ha contribuido eficazmente su entorno de oportunistas y revisionistas.

Evo Morales ha sumado un muerto más en su haber y ha dejado atrás la promesa que hiciera de irse del gobierno si había un solo muerto en su gestión. Más lejos aún se ven las “investigaciones imparciales” que anuncian sus ministros y viceministros cada vez, pues hasta el momento ninguna muerte se ha esclarecido. Esto, sin embargo, no puede esconder la responsabilidad política de este gobierno que cada vez compite en cantidad de muertos con sus antecesores.

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