En México las ejecuciones extrajudiciales son política de Estado

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La tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz es eminentemente política, no es un hecho aislado o espontáneo, obedece a una política de gobierno, que de manera sistemática y generalizada la ejecuta contra nuestra organización. Los encargados de objetivarla son el grupo paramilitar Los Petules y el Mando Único, todos actúan por comisión y aquiescencia del Estado mexicano.

La ejecución extrajudicial es la privación arbitraria de la vida de una o más personas por agentes del Estado o particulares que actúan con la orden, autorización o aquiescencia del Estado y sus gobiernos que los representan. No se trata de un delito común, es un crimen que atenta contra el derecho a la vida, por eso quienes la ejercen cometen una violación grave de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y de Estado.

El crimen tiene una intencionalidad, crear un ambiente de terror para contener la lucha del pueblo organizado y acallar las voces de protesta, es decir, se quita la vida a la persona intencionalmente con el propósito de castigarla por sus actividades políticas, condiciones personales o sociales, por su ideología o por algún acto que supuestamente haya realizado.

En México las ejecuciones extrajudiciales son política de Estado, en los últimos tres sexenios se han incrementado contra luchadores sociales, periodistas, activistas políticos, luchadores sociales, pueblo en general y niños. Los encargados de objetivarla son el ejército, las policías federal, estatal, municipal y los grupos paramilitares, todos actúan por comisión o con la aquiescencia del Estado mexicano, en tanto que componen todo el aparato represivo.

Desde el año 2006 a la fecha se implementó el supuesto “combate al narcotráfico”, hoy está comprobado que dicho plan es para ocultar su esencia contrainsurgente que ha generado miles de víctimas, cuyo objetivo es mantener el control del pueblo mediante un Estado policíaco-militar para garantizar los intereses de unos cuantos oligarcas que tienen inversiones millonarias en México.

Los testimonios de los familiares evidencian los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas, son los responsables de privar de manera arbitraria de la vida a su ser querido, aunque traten de ocultarlo o negar el crimen, no pueden escapar de la indignación del pueblo, de la fuerza para denunciar y desenmascarar su política criminal.

Las autoridades ante el dolor de los familiares actúan con cinismo, prepotencia e indolencia, se atreven hacer declaraciones dolosas ante la opinión pública al argumentar que eran “delincuentes”, “narcotraficantes” o “gente mala” para justificar y eludir su responsabilidad en el cometido del crimen.

Es tanta la impunidad con la que actúa todo el aparato represivo, instituciones y funcionarios, que ni siquiera tratan de disimular el origen de la violencia y cuando pretenden ocultar la mano criminal del Estado lo hacen tan burdamente que siempre quedan evidencias del origen y autoría del régimen.

El gobierno mexicano siempre va a defender a sus fuerzas armadas, porque son la columna vertebral que vela y protege sus intereses de clase. Las declaraciones de políticos de oficio en su “defensa y honor” sobran, porque como pueblo trabajador tenemos muy claro el papel que desempeñan en este contexto de violencia institucional y el terrorismo de Estado, son los represores y responsables del cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Los hechos hablan por sí solos, el hallazgo de la fosa clandestina más grande del país en el estado de Veracruz, refleja el grado de violencia institucional y terrorismo de Estado que vive el pueblo, con más de 253 restos humanos en 120 fosas clandestinas, donde se cometieron dos crímenes de Estado y lesa humanidad: la desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Crímenes que no deben quedar en la impunidad, porque aunque parecieran sólo restos humanos, eran personas con nombre, apellido y profesión que fueron tocados por la violencia institucional, hoy como víctimas del terrorismo de Estado se debe exigir juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales.

En nuestro caso por desenmascarar la política criminal del Estado mexicano somos alcanzados por ésta, con el asesinato de nuestro compañero Héctor Sántiz López, ocurrida el 29 de septiembre del año 2015; el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la Ciudad de México, el 7 de noviembre del año 2015; la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, el 5 de marzo del año 2016; y la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, el 28 de febrero del año en curso.

Todos los crímenes tienen motivación política, que de manera sistemática y generalizada la ejecuta el Estado mexicano contra nuestra organización, por tener un carácter popular e independiente, exigir la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en el país, en particular exigir la de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y evidenciar la participación de los cuerpos policíaco-militares en el cometido de miles.

El crimen cometido el pasado 28 de febrero contra nuestro compañero Humberto, tiene una agravante más, se atentó contra la vida de un niño, que antes ejecutarlo extrajudicialmente fue sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes, por el simple hecho de pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS); a los criminales de Estado no les importa la edad, sólo el objetivo ejecutar su política de gobierno, con ello reflejan el odio de clase a la que pertenecen y defienden.

La actitud de la agencias del ministerio público ante este aberrante crimen es de indolencia, lentitud, descalificación para que desistan de la denuncia jurídica. Hacen señalamiento dolosos para poner a las víctimas como victimarios, al señalar que las investigaciones no avanzan porque los familiares “no proporcionan” información o porque “no permitieron” realizar la necropsia.

¿Quiénes son los que tienen que investigar, los familiares o las autoridades? Los familiares no son fiscales ni ministerios públicos son víctimas del terrorismo de Estado que exigen justicia, por tanto, su labor es investigar y tener las indagatorias suficientes para dar con los autores materiales e intelectuales, con su actitud sólo develan la protección que otorgan a los responsables.

El silencio y la omisión los hace responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero, no sólo al autor material e intelectual, sino también a las instituciones y funcionarios que no realizan la investigación de manera pronta y expedita.

Por cada víctima del terrorismo de Estado no debemos desistir de la denuncia y las acciones políticas de masas, no debemos permanecer en el anonimato, salgamos a las calles a denunciar y exigir juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos abominables crímenes.

Si el dolor es fuerte la indignación nos debe mantener en lucha para no permitir que los responsables actúen con impunidad y cometan más crímenes de Estado y de lesa humanidad. A cerrar filas contra el terrorismo de Estado, unidos y organizados hagamos frente a esta política criminal.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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