En Honduras, Guatemala y El Salvador: Sistemas de justicia colapsados son incapaces de condenar a los asesinos de periodistas

Por German Reyes

Solo en Honduras suman 75 los periodistas asesinados, centenares de amenazas sin investigar, infinidad de detenidos arbitrariamente por agentes del Estado y muchos que han sido agredidos por ellos, cuando realizan sus laborares periodísticas.

Las muertes violentas contra los periodistas de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como los ataques y amenazas hacia este sector, considerado de mucha importancia para el fortalecimiento de la democracia en estos países, encienden las alarmas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y por primera vez incorpora el tema en su quehacer en la defensa de los derechos humanos.

En un documento denominado “La seguridad de los periodistas en las agendas de los derechos humanos y desarrollo sostenible: Oportunidad para mejorar los mecanismos de reporte sobre violaciones de derechos humanos en Guatemala, Honduras y El Salvador, la UNESCO llama la atención sobre los graves obstáculos que enfrentan las personas que ejercen la profesión para lo cual tienen que lidiar con ataques reiterados que en algunos casos terminan hasta con la muerte.

Señala el documento que la UNESCO, incluyó en su Agenda Global 2030 el indicador, 16.10.1, creado para darle seguimiento a los homicidios, secuestros, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, información que hasta ahora es difícil de conseguir, por la debilidad en el sistema de justicia y por la displicencia de los operadores.

Solo en Honduras suman 75 los periodistas asesinados, centenares de amenazas sin investigar, infinidad de detenidos arbitrariamente por agentes del Estado y muchos que han sido agredidos por ellos, cuando realizan sus laborares periodísticas. Sin embargo, son estadísticas reservadas ilegalmente, porque las autoridades se niegan a dar información cuando se les solicita.

A lo anterior se suman las acciones de intimidación, hostigamiento, campañas de desprestigio, seguimientos en vehículos, robo y destrucción de equipos y juicios penales, con propósitos de callarles y generar impunidad en los casos de corrupción que denuncian. Y como producto de las amenazas, para salvaguardar sus vidas, varios optan por desplazarse a otro lugar.

Esa situación la considera la UNESCO como actos de violación a los derechos humanos colectivos, que le impiden a la sociedad dar y recibir información.

Honduras es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 19, señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y recibir informaciones y opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión”. Sin embargo, en este país centroamericano, desde el poder se violenta este precepto y buscan ponerle bozales a la sociedad a fin de esconder la verdad.

Además, la muerte violenta de periodistas, y demás violaciones a la libertad de expresión provocan terror en la población y pérdida de los espacios para revelar la corrupción y los demás abusos de los grupos empresariales y del poder político.

Y “los periodistas que no son directamente atacados ejercen la autocensura como respuesta”, señala la UNESCO, en su documento.

También, detalla, que los casos contra periodistas ingresan a sistemas de justicia penal colapsados, debido a los volúmenes de criminalidad existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres países se han sometido al Examen Periódico Universal (EPU) y según la UNESCO, son preocupantes los datos por violaciones a los derechos de los defensores y periodistas, que dieron a conocer ante el Consejo de las Naciones Unidas.

Como miembros de la Organización de las Naciones y de la Organización de Estados Americanos, los tres países están obligados a reportar la situación y las medidas de prevención que están implementando. El Salvador debe remitir su próximo informe en el segundo semestre de este año y Honduras en el primer semestre del 2020. Guatemala ya lo hizo a finales del 2017.

En cada ciclo del EPU, los Estados deben rendir cuentas del cumplimiento de las recomendaciones que aceptaron.

Guatemala y Honduras, particularmente, a partir de sus acuerdos con la ONU y la OEA, también han establecido organismos de investigación en apoyo de sus sistemas de justicia, mediante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por lo que deben de reportar el número de homicidios investigados, los secuestros, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura de periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, para la UNESCO, sus informes sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas son demasiado débiles. Y pese a que la gravedad de los ataques, llega incluso al asesinato, los responsables de investigar siempre manifiestan desconocimiento de la realidad.

Acabar con la impunidad

Ante la debilidad que muestran los tres países en sus sistemas de prevención investigación y judicialización de los delitos contra defensores y periodistas, la UNESCO recomienda emprender acciones para acabar con la impunidad y la adopción de planes nacionales para la seguridad de este sector.

La medida incluye acciones de reparación de los daños a las víctimas y sus familiares.

Con relación a los delitos menos graves, también recomienda soluciones alternativas a partir de criterios de oportunidad y bajo parámetros de la justicia restaurativa que permitan la reparación de las víctimas, tales como, disculpas públicas y resarcimientos monetarios.

El informe destaca que Guatemala y Honduras ya cuentan con leyes e instrumentos de las políticas respectivas, aunque su efectividad y uso sistemático todavía sigue pendiente de ser incorporado a la práctica.

Afirma la UNESCO, que la investigación de los crímenes, aparte de ser diligente, debe ser capaz de determinar quiénes son los autores materiales, intelectuales, los móviles y los grupos de poder que los promueven.

Recomienda, además, la despenalización de las leyes que castigan con cárcel los delitos contra el honor. Como es el caso de Honduras, donde muchos defensores de los derechos humanos y periodistas son procesados penalmente por difamación, injuria y calumnia.

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