En caso de desobediencia civil, la policía puede retirar las urnas de 2.702 colegios electorales?

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Analizamos con datos dos posibles escenarios: qué puede pasar si se mantiene el actual número de efectivos policiales en Cataluña? Y en caso de que el gobierno español ordenara la intervención de todas las unidades operativas en todo el Estado de la Guardia Civil y el CNP?

«Los Mossos no lo pueden hacer. Los Mossos pueden detener 500 personas, pueden detener 1.000 o pueden detener 2.000, pero no 2 millones. Y la Guardia Civil, tampoco». Son palabras de Artur Mas, pronunciadas el 3 de febrero de 2017, a preguntas de la periodista Mònica Terribas en el programa El Matí de Catalunya Radio . La afirmación no es menor viniendo de quien viene, el máximo responsable político de la policía catalana en el periodo 2010-2016. Hay que recordar que Mas ordenar y supervisar el mayor dispositivo policial en orden público de la historia de los Mossos: lo que rodeó el Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011 con el fin de detener las indignadas del 15-M . Estuvo integrado por más de 1.500 efectivos, distribuidos en tres turnos de actuación. Las palabras de Mas del 3 de febrero fueron en respuesta a la pregunta de Terribas sobre una supuesta orden judicial que impidiera la celebración de un eventual referéndum sobre la independencia de Cataluña. Es razonable afirmar que los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña no tienen capacidad suficiente para detener una acción de desobediencia civil masiva destinada a proteger a las urnas? Analicemos con datos.

La hoja de ruta de Juntos por Sí prevé la aprobación de una ley de transitoriedad jurídica que debe dar cobertura legal a la celebración del referéndum durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2017. Una vez el Parlamento de Cataluña la apruebe por procedimiento de urgencia, muy previsiblemente se sucederán una cadena de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, con las consecuentes suspensiones de las decisiones del Gobierno y del Parlamento catalán, y un posterior escenario de desobediencia de facto para poder consumar la celebración del referéndum. En esta etapa final previa a la colocación de las urnas -segunda quincena de agosto y mes de septiembre- es cuando se esgrimen las amenazas más directas de aplicación de la fuerza, y es también cuando las entidades soberanistas y la Generalitat prevén llamar a la ciudadanía a salir a las calles.

La retirada de competencias de los departamentos de Interior y Educación, o la suspensión de la autonomía de Cataluña son escenarios posibles; más difícil sería la aplicación del Estado de alarma, de excepción o de sitio

La retirada de competencias de los departamentos de Interior y Educación, o la suspensión de la autonomía de Cataluña por parte del Gobierno español son escenarios posibles; más difícil sería la aplicación del Estado de alarma, de excepción o de sitio, que permitiría el despliegue de fuerzas militares en territorio catalán. Si nos quedamos en el escenario de suspensión del autogobierno y medidas represivas limitadas a la actuación policial, tendría un papel determinante el comportamiento de la gente. En caso de imposición de la fuerza -no militar-, qué harían los cerca de dos millones de personas que en mayor o menor medida han participado en las movilizaciones soberanistas de los últimos seis años en Cataluña?

El factor de la movilización popular

Un presidente, Carles Puigdemont, parapetado con su equipo en el Palau de la Generalitat podría ser destituido del cargo con facilidad. Con tan sólo la presencia de la unidad E-4 de la Brigada Móvil de los Mossos -formada por siete furgonetas y cincuenta agentes- o de la unidad UBA del GRS-4 de la Guardia Civil -con una dotación equivalente de antidisturbios y con sede en San Andrés del Barça- bastaría para entrar en la histórica sala Oidores de Cuentas -donde se encuentra el despacho presidencial-, echar a Puigdemont y poner en su lugar al actual delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo (PP). Más de lo mismo podría pasar en el Parlamento de Cataluña si la gente no saliera a las calles. Sustituimos la foto en soledad de los representantes políticos en Palau y al Parlamento por una imagen de miles de personas que rodean los edificios, protegiendo la distribución de las urnas en Cataluña y esperando la apertura de colegios electorales el último domingo de septiembre de 2017. ¿Qué dotación policial sería necesaria para ejecutar las órdenes de suspensión de la autonomía e impedir el referéndum en caso de desobediencia civil masiva?

/ Pau Fabregat

En unos comicios autonómicos ordinarios, el despliegue electoral en territorio catalán abarca hasta el más pequeño de los municipios de las 41 comarcas. En las elecciones del año 2015 se establecieron 2.702 colegios electorales, que sumaban 8.107 mesas. Por demarcaciones electorales, en Barcelona había 1.609 colegios; en Girona, 399; en Lleida, 321, y en Tarragona, 373. En los comicios de 2010 y 2012 las cifras fueron muy similares. El control de acceso a todos estos edificios -así como a los centros neurálgicos de coordinación- sería imprescindible para hacer efectiva la prohibición del referéndum. Si no contemplamos la imposición del Estado de sitio y el despliegue militar que se derivaría, las medidas represivas deberían ser ejecutadas por unidades policiales de orden público. En un primer momento el gobierno y los tribunales españoles ordenarían la intervención de los Mossos; podrían sumarse, en una segunda fase, las unidades especiales de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía española. Cuantificamos sus efectivos y comparamos con el volumen de la previsible movilización ciudadana.

Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía entran en juego

, en Cataluña hay 17.000 agentes de los Mossos, pero sólo 1.600 de estos tienen funciones de orden público, es decir, están equipados y entrenados para este tipo de actuaciones. Se agrupan en dos grandes unidades especializadas: Brigada Móvil (Brimo) y Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO). La Brimo suma 550 antidisturbios y tiene su sede central en el edificio Egara de Sabadell. Las ARRO están distribuidas por el territorio y tienen sede en las nueve regiones policiales en que se ha dividido Cataluña: Tierras del Ebro, Campo de Tarragona, Ponent, Pirineo Occidental, Central, Girona, Metropolitana Sur, Metropolitana Norte y Barcelona. Estos segundos, en conjunto suman 1.050 efectivos, un centenar largo de media por unidad, excepto en la comisaría de Torras i Bages de la capital catalana, donde están adscritos 220 agentes. El equipo mínimo de intervención en un incidente de orden público está estimado en una cincuentena de antidisturbios -tal como se concreta en el informe La gestión del orden público en Cataluña , elaborado por la Generalitat en el año 2013- , es decir, una unidad de siete furgonetas con un subinspector, dos sargentos, siete cabos, y una cuarentena de agentes.

/ Pau Fabregat

Se calcula que este es el dispositivo necesario para perimetrar los accesos de un edificio y proceder a la retirada de las personas que ofrezcan resistencia pacífica -mediante la técnica de arrancar cebollas – que se hayan sentado a sus puertas, uno de los escenarios posibles el día del referéndum. En las unidades de los Mossos habría que sumar los 400 efectivos del GRS-4 de la Guardia Civil destinados en Cataluña y los 300 efectivos de la UIP-II del Cuerpo Nacional de Policía, que desde hace dos años se alojan en hoteles del Alt Maresme. Es decir, la suma de los tres cuerpos policiales sitúa en 2.300 el número de efectivos de orden público que podrían participar en la evacuación de los colegios electorales. Si dividimos esta cifra por cincuenta -el número de agentes necesarios para cada uno de los operatius- comprobamos que sólo se podría materializar el precinto de 46 de los 2.702 colegios electorales abiertos. Sólo un 1,7% de las dependencias serían precintadas, y los mismos efectivos policiales se deberían quedar durante toda la jornada electoral, no podría haber un segundo turno que los relevara.

El peor de los escenarios

Situémonos en un escenario de mayor conflictividad. Mariano Rajoy quiere hacer una demostración de fuerza, y ordena la intervención en Cataluña de todas las unidades de orden público de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía española; una actuación logísticamente compleja -alojamiento y manutenció- y que dejaría la retaguardia sin efectivo. Muy arriesgado teniendo en cuenta las más que probables movilizaciones solidarias que se podrían desatar en Valencia, el País Vasco, Galicia o Baleares, o las no descastables en Madrid y Andalucía. Las siete GRS (Grupo Rural de Seguridad) de la Guardia Civil suman 2.800 antidisturbios -400 por grupo-, a los que habría que sumar el escuadrón de Madrid, que cuenta con un millar de efectivos. Las once UIP (Unidad de Intervención Policial) del Cuerpo Nacional de Policía española suman 3.300 antidisturbios -300 por grupo-, a los que habría que añadir los 1.000 agentes de la Unidad Central de Intervención con base en Madrid.

En resumen, 3.800 guardias civiles y 4.300 policías nacionales . Sumados a los Mossos, llegarían a unos 9.700 antidisturbios que deberían distribuirse en grupos de cincuenta para proceder a la clausura de un máximo de 194 de los 2.702 colegios electorales previstos, una capacidad operativa del todo insuficiente, siempre y cuando hubiera personas concentradas a las puertas de las dependencias de votación con el objetivo de defender las urnas. En este segundo escenario estaríamos hablando del 7,17% de los colegios electorales cerrados; la gran mayoría funcionarían con normalidad.

https://directa.cat/en-cas-de-desobediencia-civil-policia-pot-retirar-urnes-de-2702-collegis-electorals

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