El TSJ valenciano abre juicio contra las exconsejeras de Turismo

Agencias

El magistrado instructor del ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado abrir juicio oral contra las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y otras 11 personas más por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 a 2009. Asimismo, ha decidido dejar fuera de la causa al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla por la debilidad de los indicios.

   Los otros 11 imputados en esta pieza –la número 3 de 6 que hay en total– del ‘caso Gürtel’ son Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

   Inicialmente, el auto de procesamiento también se dirigía contra el exvicepresidente del Consejo Vicente Rambla, pero finalmente, y tras solicitarlo el ministerio fiscal, el juez ha decidido dejarlo fuera de la pieza al no tener constancia de que intercediera para facilitar contratos a empresas de la trama.

   Al respecto, el magistrado afirma que ha quedado acreditado que Rambla mantenía una «estrecha» relación personal de «amistad» y de «confianza» con Álvaro Pérez, al que también conocía porque Orange Market realizaba los actos del PPCV. Fruto de esta relación recibió a principios de 2009, en Navidad, un bolso de una marca conocida de algo más de 200 euros para su esposa; un despertador; un cargador de móvil; una cadena pequeña; y una figura de un payaso.

   Sin embargo, no consta que Rambla intercediera ante las diferentes autoridades y empleados públicos de la AVT para que se facilitara o concediera la adjudicación de las ferias de Fitur objeto de investigación y, singularmente, las correspondientes a los años 2008 y 2009 a la mercantil Orange Market. Por ello, lo exime del juicio.

   Junto a Rambla, el juez también decide dejar fuera de la causa la acusación contra Such de haber recibido un regalo de la trama. Así, se enfrentará al juicio oral por el delito continuado de prevaricación, pero no por el de tráfico de influencias y de cohecho pasivo, según consta en el auto facilitado por el tribunal valenciano.

   Los 13 imputados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. El siguiente paso es fijar fecha de juicio, para lo que no existe un plazo determinado.

   En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

   Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.

«BUENAS RELACIONES» CON PPCV

   Orange Market, según se recuerda en el auto, estaba liderada y gestionada por Francisco Correa, y tenía un importante poder de decisión en la misma Pablo Crespo, seguido de Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’. Principalmente se dedicaban a organizar actos del PP a nivel nacional, pero al disminuir los encargos, decidieron crear Orange Market en Valencia, «dadas las buenas relaciones existentes entre sus gestores con algunos dirigentes del PPCV y de la Generalitat». Entre otros nombra al exvicepresidente Víctor Campos; al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

   El objetivo de estos empresarios era la adjudicación de las ferias de Fitur, por lo que en verano de 2004 desplegaron una primera influencia sobre las máximas autoridades y empleados públicos de la AVT, y persuadieron a empleados de rango inferior.

   Así, consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consejera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más –TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid–; Exporural; y adjudicaciones de las Consejerías de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.

   Para conseguir las adjudicaciones, los empresarios elaboraron un borrador de criterios de adjudicación de unos pliegos de contratación que pudieran resultarles favorables, destacando el tratar de reducir la valoración económica y aumentar los criterios subejtivos. Y así se fue haciendo año tras año.

RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS

   En el auto, el juez también ordena crear una pieza de responsabilidades pecuniarias para que diferentes imputados aporten la cantidad reclamada en el plazo de 10 días. En concreto, la cuantía más alta solicitada es para Milagrosa Martínez, a quien pide 636.500 euros; seguida de Correa, Crespo y Pérez (651.500 euros); Betoret (645.000 euros); Vidal (540.000); Jordán (440.000); Herrero (336.500 euros); Magariños (330.000); Guarro (230.000); y Grau (137.000 euros).

   En este caso figuran como acusaciones el ministerio fiscal y el PSPV –como acusación popular–. El primero pide para Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación y para Such otros nueve años de inhabilitación; mientras que los socialistas reclaman para Martínez 11 años de prisión y cuatro para Such.

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