El TS mantiene la condena franquista a un anarquista extremeño inocente

El Tribunal Supremo (TS) denegó ayer a los familiares de los anarquistas Francisco Granado –extremeño natural de Valencia del Ventoso– y Joaquín Delgado la autorización para interponer recurso de revisión de la sentencia, dictada por un consejo de guerra en 1963, por la que ambos fueron condenados a muerte y ejecutados durante la dictadura franquista. Así lo acordó la sala de lo militar del Alto Tribunal por tres votos a dos, según informaron fuentes de este órgano judicial, que indicaron que en su momento se redactará la correspondiente resolución, respecto de la que han anunciado voto particular discrepante los magistrados José Luis Calvo y Angel Juanes, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La decisión se toma un día antes de que la Ley de la Memoria Histórica se enfrente a las enmiendas a la totalidad con texto alternativo que han presentado ERC e IU-ICV, grupos que no comparten el proyecto de ley presentado por el Gobierno por considerar que el texto no contempla la opción de revisar o anular, con valor jurídico, los juicios sumarísimos del franquismo. En esa situación se encuentra el caso de Granado y Delgado, condenados a garrote vil por un atentado que no cometieron y que en 1996 reconocieron los también anarquistas Antonio Martín y Santiago Hernández.

«Consideramos que hay base para la revisión»

Angel Juanes MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Frente a la consideración de la mayoría de los magistrados de la Sala Quinta, Sala de lo Militar, del Tribunal Supremo de que no se dan los requisitos necesarios para permitir la interposición de un recurso de revisión de la sentencia de 1963 por la que fueron condenados a muerte los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, los otros dos magistrados de la Sala sí consideran que hay justificación para permitirlo.

«Nosotros entendemos que hay base para permitir plantear la demanda de revisión, y por ello hemos anunciado nuestro voto particular», señaló a EL PERIODICO el magistrado Angel Juanes, en nombre también de José Calvo, magistrado que comparte su apreciación.

Juanes, con quien este diario contactó ayer por teléfono, matizó que tanto él como José Calvo son partidarios de conceder la autorización para que se plantee el recurso de revisión, en virtud, señaló, del derecho de la tutela judicial efectiva, «manteniendo que había, en principio, y sin prejuzgar el contenido de la sentencia en el sentido de que fueran ellos o no los responsables, base suficiente para ello».

Este, según concretó el magistrado, es el argumento principal de su voto particular, al que se unirán otros pormenorizados y más concretos una vez que la mayoría de la Sala redacte su voto en contra. «Nuestro argumento principal es el estimar que hay base suficiente para permitirla, pero hasta que no se redacte el voto de la mayoría con sus argumentos no podemos concretar con los que vamos a contrarreplicar».

Los otros Sacco y Vanzetti

Los anarquistas Granado y Delgado fueron ejecutados a garrote vil en 1963 tras ser acusados de un atentado que no cometieron Hoy, 43 años después, sus familias reclaman justicia.

Cuarenta y tres años después de su muerte, la lucha sigue. La familia del anarquista extremeño Francisco Granado mantiene su demanda ante el Estado: la reparación moral, social y económica de su muerte por haber sido ajusticiado, sin pruebas, durante el régimen franquista. Una historia similar a la de Sacco y Vanzetti, protagonistas de uno de los casos más sonados de la historia judicial de los Estados Unidos. Estos dos inmigrantes italianos fueron acusados del asesinato de un cajero y de un vigilante y del robo de más de 15.000 dólares en una fábrica de zapatos de South Braintree (Massachussets) el 15 de abril de 1920. En agosto de 1977, el gobernador de Massachussets, Michael Dukakis firmó una declaración en la que reconocía los errores cometidos durante el juicio y afirmaba su inocencia.

La de Granado y Delgado es también la crónica de un crimen legal. Estos dos anarquistas fueron ajusticiados sin pruebas durante la dictadura franquista, al ser considerados los responsables de la colocación de dos bombas, en el centro de Madrid, en 1963. En el atentado hubo 21 heridos, 28 según la prensa del momento.

Años de lucha

Francisco Granado nació en Valencia del Ventoso (Badajoz), en octubre de 1935. Pilar Vaquerizo, su viuda, sigue reclamando justicia. En colaboración con la ¿¿Confederación General del Trabajo (CGT)?? |:o, (eso pone al menos en El Peridico), mantiene abierto un frente de lucha para exigir que se le reconozcan los derechos concedidos a los expresos y represaliados políticos del franquismo.

Pilar reside en Quillan, una pequeña localidad francesa próxima a la frontera española, en donde se instaló con sus tres hijos pequeños después del asesinato de su marido, desde allí se ha dedicado a «pelear con la vida» para sacar adelante sola a su familia. Allí sobrevive con la paga que recibe del Estado francés a través del Fondo Nacional de Solidaridad, aunque no duda en tener que regresar a España para exigir que la justicia reconozca la muerte de estos dos inocentes. En una de sus visitas, la viuda del anarquista extremeño declaró: «Sólo quiero que la Justicia reconozca que mató a dos inocentes».

En los últimos años, los familiares de estos dos anarquistas, ejecutados mediante garrote vil, mantienen ante la justicia un litigio contra el Estado para lograr el reconocimiento del error judicial que supuso la sentencia del Consejo de Guerra que les condenó a muerte en 1963. Tras pasar por el Tribunal Supremo, el Constitucional devolvió el asunto al alto tribunal para considerar la revisión de su condena.

Un proceso rápido

Granado y Joaquín Delgado, en tan sólo 17 días, fueron detenidos, juzgados, condenados y ejecutados. Treinta y cinco años después de su muerte, en 1988, los verdaderos autores de la colocación de los explosivos en Madrid decidieron presentarse en público para contar lo ocurrido, hacer justicia y recuperar la memoria de los dos ejecutados. La confesión de Antonio Martín y Sergio Hernández permitió a las familias de Granado y Delgado iniciar, ese año, un periplo judicial exigiendo la revisión de la sentencia que les condenó a muerte.

Para las familias, la decisión de las autoridades franquistas pretendía amedrentar, con la mayor publicidad posible, a la sociedad española. A pesar de la falta de pruebas en el enjuiciamiento, los afectados lamentan la amnesia y el silencio de la administraciones, una vez superada la transición democrática. Hoy, la lucha sigue.

DEL RECUERDO A LA INDOLENCIA

En la localidad pacense de Valencia del Ventoso, municipio donde pasó su infancia y parte de su juventud, la figura de Francisco Granado oscila entre los esfuerzos de unos por rescatar su memoria y los de otros, por desvincularlo de la localidad. En este sentido, el alcalde de la población, Inocente Costo (PP), rehusó ayer realizar una valoración sobre el caso y afirmó que él siempre ha intentado mantener al consistorio al margen de ese episodio de la historia franquista. «Los únicos actos que se han organizado han sido por parte de la familia, que es la que se ha movilizado para revisar el caso y que incluso ha pedido que se le ponga su nombre a una calle», explican en el municipio, que durante los últimos años ya ha sido sido escenario de diferentes actos de homenaje.

PARA SABER MAS SOBRE ESTE CASO:
http://www.cnt.es/extremadura/index.php?id=18
http://www.cnt.es/extremadura/index.php?id=260

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