El Tribunal Supremo permite a Javier de Urquía, implicado en el Caso Malaya, regresar a la actividad judicial

Inma Mejías/Prensa

Francisco Javier de Urquía volverá a ejercer como juez. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo que se ha dado a conocer este miércoles. En ella se admite el recurso de De Urquía contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de impedir su regreso al servicio activo, después de que perdiese su plaza en Marbella al ser condenado a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por su relación con la trama corrupta desarticulada en la operación ‘Malaya’.

De Urquía fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo por cohecho y quedó absuelto del delito de prevaricación tras haber recibido del ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca la entrada de un apartamento a cambio de un trato judicial favorable.

Ahora el Supremo establece el derecho del juez a reingresar al servicio activo de la carrera judicial con los efectos económicos y administrativos correspondientes. De esta forma, se anulan los acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ, que no permitió su vuelta a los juzgados alegando «la existencia de antecedentes penales como consecuencia de una condena firme», por lo que no reunía «los requisitos que exigen la obtención de la rehabilitación para quienes resulten condenados por delito doloso».

La defesa del juez de Marbella alegó que De Urquía ya había cumplido «los 21 meses de suspensión impuestos como pena por sentencia judicial» y que al denegarle el reingreso por sus antecedentes se «viola claramente el principio de igualdad, ya que equipara indebidamente el acceso con el reingreso, constituyendo una modalidad sui generis de ‘acceso’ no prevista en norma legal alguna».

El Supremo reconoce que existe «vacío legislativo» con respecto a la situación administrativa de «aquellos miembros de la carrera judicial en situación de suspenso en funciones que no sean reingresados al servicio activo -en el caso que nos ocupa por tener antecedentes penales-«. De ahí que considere que «procede» su readmisión, pues también tiene en cuenta que en la Ley Orgánica 19/2003 se suprime la exigencia de que quien solicita «el reingreso desde la situación de suspenso haya de reunir los requisitos exigibles para el ingreso».

Es preciso recordar que De Urquía también fue condenado a dos años de prisión y a 17 de inhabilitación por cohecho y prevaricación por ofrecer favores judiciales a cambio de dinero a uno de los imputados en la denominada ‘Operación Hidalgo’ contra el blanqueo de capitales, que él instruyó. La sentencia será revisada por el Supremo, aunque aún no hay fecha para la vista.


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