El Tribunal Supremo niega la realidad, según el Frente Polisario

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El Frente Polisario, el movimiento de liberación que lucha por la independencia del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, afirma que la sentencia del Tribunal Supremo que determina que los nacidos en el Sahara Occidental no tienen derecho a la nacionalidad española “niega la realidad”.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a obtener la nacionalidad española de origen, puesto que este territorio no se puede considerar España mientras fue colonia española.

Dice el TS que el Sáhara Occidental no formaba parte de España en aplicación de la normativa española más específica sobre la materia aprobada en 1975 y 1976 que regía las condiciones de la descolonización y de la opción de la nacionalidad española por parte de los naturales de aquel territorio.

La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso la Dirección General de los Registros y del Notariado  (actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que en 2017 declaró la nacionalidad española de origen de una mujer nacida en el Sáhara Occidental en 1973, dos años antes de que España entregara el territorio a Marruecos y a Mauritania.

La sentencia, que ha obviado según El País que la dictadura otorgó al Sáhara la condición de provincia y que sus procuradores se sentaban en las Cortes franquistas, tiene un voto particular de tres magistrados para los que el reconocimiento de la nacionalidad española de origen no es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo, por lo que consideran que el recurso de la Dirección General de los Registros debería haber sido desestimado.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha declarado a Público que la sentencia del Supremo “niega la realidad”: “Decir que el Sáhara Occidental no formaba parte de España es negar la evidencia que está recogida por las Naciones Unidas. Es negar un derecho internacional”.

El dirigente saharaui ha recordado que “muchos saharauis que han accedido a la nacionalidad gracias a la documentación que han aportado de sus padres y abuelos. No entendemos la decisión del Supremo”, así como que “en 1973 el Sáhara estaba considerada la provincia 53 de España”. “No sabemos si quieren negar la responsabilidad que tiene España sobre el pueblo saharaui”.

El catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruíz Miguel ha escrito en su cuenta de Twitter que el origen del problema está en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, a los que tras el abandono de España se da una opción para optar por la nacionalidad española.

El problema de este Real Decreto, dice Ruíz Miguel, “es que daba una opción de imposible cumplimiento a una población que se hallaba exiliada, en medio de una guerra. Se les daba la «opción» de optar por la nacionalidad española compareciendo ante un Registro Civil o un cónsul”, pero “el Registro estaba en Canarias o en la Península y el Cónsul más cercano en Argel (desconozco si ya en Orán había consulado en esa fecha)”.

Y “la población que teóricamente tenía ese «derecho» de «opción» o bien estaba en un territorio ocupado militarmente sufriendo una guerra (y una brutal persecución) o bien estaba en campamentos de refugiados en Tinduf (a casi 1.500 km de Orán)”,

Gobierno canario: que no se consolide la sentencia

El Gobierno de Canarias va a tratar de impulsar modificaciones legislativas para procurar que no se consolide la doctrina judicial dictada por el Tribunal Supremo. El consejero de Administraciones Públicas canario, Julio Pérez (PSOE), ha hecho este anuncio después de que el diputado regional de Sí Podemos Francisco Déniz vinculara la sentencia del Supremo con “el ascenso del populismo conservador en la Justicia”.

Pérez ha mostrado su “sorpresa” por la sentencia y ha confiado en que el Estado adoptará alguna solución para que “esto se corrija”.  ha dicho que el Gobierno de Canarias tratará de impulsar cambios legislativos para que no se consolide esa doctrina.

Para Francisco Déniz la sentencia “se sustenta en mentiras” y en “tergiversar la historia”, como sostener que antes de 1975 el Sahara no formaba parte de España, cuando el Estado español consideraba ese territorio como una provincia más.

Sobre los procuradores saharauis de la época franquista el periodista Jalil Mohamed Abdelaziz, corresponsal de RASD TV y de la agencia Sahara Press Service, ha escrito en Twitter: “Ahora resulta que España tenía en sus Cortes (poder legislativo) a no nacionales. Y eso que les obligó a jurar bandera. España sigue haciendo chapuzas en el Sáhara Occidental”.

Suprema inmundicia moral

DNI español de una ciudadana saharaui, expedido en 1972

“Un país en el que el Tribunal Supremo no es garantía de justicia, sencillamente, está desamparado. Esto es lo que sucede en España, donde los episodios de servilismo y bajeza moral del ente judicial se acumulan. El último, negar la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes de 1975, cuando este territorio era la provincia 53 de España”, escribe David Bollero en Público. Agrega:

“Ahora, el ente judicial niega la historia, contradice a la ONU y asegura que “no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española”. Apoyándose en un Real Decreto de 1976, el TS sostiene que “el territorio no autónomo del Sáhara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sáhara nunca ha formado parte del territorio nacional”.

“Con esta decisión, ya no es sólo que el TS cargue contra los pasados procesos de nacionalización de personas saharauis apoyados en documentación de sus progenitores o abuel@s, sino que mira para otro lado ante pruebas irrefutables como la imagen que encabeza este artículo: un DNI español, expedido en 1972 y con fecha de caducidad en 1977, de una joven que vivía en el Sáhara español”.

“Con esta decisión, el TS contribuye directamente al genocidio del pueblo saharaui que quiere llevar a cabo Marruecos con cuentagotas. La contribución española a esta atroz empresa no sólo consiste en obviar los asesinatos, torturas y demás violaciones de DDHH que comete Marruecos contra el pueblo saharaui, sino con un aniquilamiento burocrático. Pese a cumplir con los requisitos legales -incluso de diez años de residencia- el Gobierno español venía negando por sistema la nacionalidad a las personas saharauis que lo solicitaban. Ahora el TS culmina la infamia”.

Fuente: ContraMutis

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