El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena la suspensión del desalojo de la Rimaya

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El órgano judicial del Consejo de Europa antepone garantizar el derecho a la vivienda e insta a las administraciones públicas a dar una alternativa habitacional a las residentes del inmueble de la ronda de Sant Pau de Barcelona, abandonado desde hace 24 años

La insistencia de la juez barcelonesa Beatriz Balfagón a desalojar el edificio de la Rimaya ha llevado al colectivo a presentar un escrito de amparo ante los tribunales europeos. La respuesta ha sido positiva. El juez de guardia del tribunal ha firmado este jueves una resolución donde indica el Gobierno -y por derivada a todas las administraciones competentes de ámbito catalán y municipal-, que en aplicación del artículo 39 de la Convención Europea de Derechos Humanos, no se podrá efectuar el desalojo mientras se alarguen los trámites ante el alto tribunal.

El procedimiento judicial empleado es conocido como «cautelarísima» y se puede activar una vez se agotan todas las vías de recurso de la jurisdicción ordinaria, en aquellos casos donde una medida cautelar ordenada por un juzgado de instrucción pueda poner en peligro la salvaguarda de un de derecho fundamental. En Cataluña, esta vía jurídica se empleó por primera vez en octubre de 2013 en el caso del bloque de viviendas de Salt, okupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

No se podrá efectuar el desalojo mientras se alarguen los trámites ante el alto tribunal

En el caso de la Rimaya las informaciones desde Europa llegan en paralelo a las nuevas movilizaciones impulsadas por el colectivo que reside.Este jueves por la tarde decenas de manifestantes disfrazados con una máscara donde habían dibujado una señal de interrogación se concentraron frente a las oficinas de Santiago Cardete, el empresario que ostenta la titularidad del edificio abandonado desde hace 24 años. En la confluencia de la calle Mallorca y la rambla de Marina protagonizaron una performance en la que sortearon simbólicamente los 37.000 metros cuadrados de viviendas, parkings y almacenes que suman las cuatro sociedades mercantiles administradas por Cardete. Según ha podido confirmar la Directa, un mínimo de cuatro de estos inmuebles se encuentran también en una situación de abandono crónico.

https://directa.cat/actualitat/tribunal-europeu-de-drets-humans-ordena-suspensio-del-desallotjament-de-rimaia

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