El Supremo revisa la ejecución de dos inocentes a garrote vil durante el franquismo

Sólo bastaron diecisiete días para detenerlos, juzgarlos, condenarlos y ejecutarlos a garrote vil. Ocurrió en 1963. El régimen de Franco quería un escarmiento, quería unos responsables por las bombas (20 heridos, dos de ellos muy graves) que el 19 de julio habían explotado en la Delegación Nacional de Sindicatos y en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, ambas en Madrid. Y los encontró en estos dos libertarios, Francisco Granado y Joaquín Delgado, condenados a muerte. El Tribunal Supremo revisa hoy este caso, porque en 1998 aparecieron, vivos y coleando, los verdaderos autores materiales de los atentados.

Torturados, Granado y Delgado se autoinculparon de haber colocado las dos bombas, pero en el juicio proclamaron su inocencia. Nadie del consejo de guerra quiso creerles y el 17 de agosto de 1963 fueron ejecutados en la cárcel de Carabanchel (Madrid).

La viuda de Granado sobrevive en una situación precaria en Quillan (Francia). Se llama Pilar Vaquerizo y sale adelante con la ayuda de sus tres hijos y del Fondo de Solidaridad francés. Nunca ha recibido indemnización alguna, a diferencia de otros represaliados del franquismo, por una razón: su marido sólo estuvo encarcelado 17 días, cuando la normativa exige al menos un año de estancia carcelaria. “Menuda paradoja: lo asesinan tras un juicio sin garantías y, encima, no se puede reparar el daño causado porque no vivió el tiempo suficiente”, confiesa Francisco García Cediel, abogado de ambas familias. Delgado estaba soltero, pero sus sobrinos también están personados en la causa.

Este letrado insiste en que lo que buscan en la revisión del juicio es la recuperación de la memoria de Granado y Delgado, el reconocimiento público de que fueron dos asesinatos legales y la reparación jurídica, moral y económica del daño causado.

Un manto de silencio se ha extendido siempre sobre este caso. Los partidos de la izquierda no se han involucrado mucho en la supuesta injusticia cometida con Granado y Delgado: no eran socialistas, ni comunistas, sino anarquistas. Es más, eran miembros de un grupo secreto que luchaba mediante atentados contra el régimen de Franco. Era Defensa Interior (DI), fundado en 1962 por la CNT, la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.

Pero fueron otros los autores de las bombas: sus correligionarios Antonio Martín y Sergio Hernández, quienes decidieron salir del armario en 1998 aprovechando un programa de televisión emitido por el canal Arte de Francia.

Esta historia ocurrió en el tiempo oscuro de la dictadura, cuando Octavio Alberola era el jefe del DI –“jefe no, coordinador”, matiza este eterno libertario de 78 años-, un grupo secreto anarquista que centró su afán en combatir al franquismo, en especial, en acabar con la vida de su titular, Francisco Franco. Primero lo intentaron en San Sebastián, en agosto de 1962, durante una recepción en el palacio de Ayete, “pero como no llegó en el momento previsto y las pilas no duraban mucho, explosionamos la bomba para que no causar daño”.

Maletín con explosivos

Luego llegó el turno de Granado. En mayo de 1963, Alberola le encargó ocuparse de un maletín con explosivos que tenía que entregar al autor material del atentado. El objetivo era colocarlo en el Palacio de Oriente de Madrid, donde Franco acudía a recibir las cartas credenciales de nuevos diplomáticos. “La información sobre Franco era nuestro fallo; nos enterábamos por el ABC de que había nuevos embajadores”, relata Alberola.

Resultó que había en Madrid otro comando y Alberola envió a Delgado para que contactara con Granado, escondieran el maletín y regresaran de inmediato a Francia. Nunca regresaron. El grupo de Martín y Hernández colocó los dos artefactos y causó 20 heridos. Al parecer, el mecanismo se activó con antelación: el explosivo era viejo, de la Resistencia francesa.

Alberola está convencido de que el franquismo supo que Granado y Delgado eran inocentes: “No sólo buscaban un escarmiento sino que, como sabían que habíamos intentado otro atentado contra Franco, el régimen quería mantener el terror y no le importó nada que los autores fueran otros”.

Su declaración ante la Justicia, confirmando que fueron otros los que colocaron las bombas, es una de las pruebas que el Tribunal Constitucional obligó en 2004 a practicar al Tribunal Supremo. Otras pruebas han sido las declaraciones de Martín y Hernández, asumiendo la autoría de los atentados. Hoy el Alto Tribunal decide si, además de instruir estas pruebas, revisa el juicio que llevó a dos inocentes al garrote vil.

Todo apunta a que la Sala V de lo militar, encargada del caso, está dividida: tres magistrados frente a dos. Los primeros, mayoritarios, serían los mismos que no admitieron recientemente la revisión del juicio y el fusilamiento de Joan Peiró, ministro de Industria de la República. Defienden la jurisprudencia del Supremo, centrada en que no conviene reabrir los juicios del franquismo, dado que son fruto de la época. No hay, pues, muchas esperanzas de que el Alto Tribunal cambie de opinión y levante el manto del olvido.

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