El Supremo dice ahora que la persecución de tuiteros atenta contra la libertad de expresión

Por Canarias Semanal

La mayoría de los analistas coinciden en que la jurisprudencia generada por esta última sentencia  proporcionará una inevitable ampliación del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales sin temor a verse procesados por ejercerlo.

El impacto de las severas condenas impuestas a internautas españoles por expresar opiniones adversas al establishment dominante a través de la red social Twitter no pasó desapercibido para la prensa mundial, ni tampoco para determinadas instituciones europeas que realizan un seguimiento internacional sobre las vulneraciones que se producen en contra del derecho a la libre expresión.

Tardíamente, y coincidiendo con el pronunciamiento negativo de varias instituciones internacionales sobre la “calidad democrática” del Estado español,  el Tribunal Supremo confirmó la absolución en la Audiencia Nacional al tuitero Arkaitz Terrón Vives. La sentencia, que tendrá, sin duda repercusiones jurisprudenciales sobre  los procesos en contra de  la libre expresión en la redes sociales, servirá de parapeto en contra de operativos policiales tales como la “Operación Araña” emprendidas por el Ministerio del interior  con la finalidad de perseguir a la disidencia política.

La  decisión del Tribunal Supremo viene determinada por la nueva directiva de terrorismo aprobada en 2017 por la Unión Europea. Según ésta, para poder castigar el llamado“enaltecimiento del terrorismo“, al que las autoridades gubernativas  españolas se acogían  con pasmosa prodigalidad, se requerirá ahora que los mensajes emitidos generen «un riesgo de que se puedan cometer uno o varios de dichos delitos».

Según la prensa institucional,  ha sido esta  exigencia europea la que ha tenido como desenlace   la absolución de Terrón. Sin embargo, hay que preguntarse sobre la razón por la que esta directiva comunitaria, que estaba en vigor desde el 15 de marzo de 2017, no se aplicó en España durante todos los meses transcurridos desde entonces

Los mensajes y opiniones que hasta hace unas horas  podían ser objeto de persecución judicial, ahora  quedarán amparados por el derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Esta adaptación a la legislación europea sobre el derecho a la libre expresión resulta“consoladora” en un país en el que, hace tan sólo unos meses,  fue condenada una joven por emitir un tuit en el que bromeaba sobre el vuelo sideral del vesánico lugarteniente del“caudillo”, el almirante Luis Carrero Blanco.

No obstante, expertos juristas especulan sobre si los efectos  de esta sentencia podrán aplicarse a todos aquellos casos similares, pendientes de casación en el Supremo, como es el caso de Cassandra Vera. En cualquier caso, la mayoría de los analistas coinciden en que la jurisprudencia generada por esta última sentencia  proporcionará una inevitable ampliación del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales sin temor a verse procesados por ejercerlo.

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