El solicitante de asilo olvidado

Colombia

Las cifras reportadas a 31 de diciembre de 2019 del Ministerio del Interior, apuntan un incremento en el número de solicitudes de asilo, doblando el número del año anterior, en un total de 118.264. Dentro de las nacionalidades con mayor número de solicitudes presentadas, Colombia se encuentra en el segundo. 


Desde el Ministerio de Interior en 2019 se aprobó una resolución que ampara el otorgamiento de residencia temporal por razones humanitarias a ciudadanos de nacionalidad venezolana. Si bien comprendemos la delicada situación que atraviesa la ciudadanía de Venezuela, entendiendo la vulnerabilidad que experimenta este colectivo en su país de origen, y por la que se le otorga esta condición especial, consideramos que debería ser aplicable del mismo modo a Colombia.

La esperada paz que se preveía para Colombia tras la firma de los Acuerdos de la Habana, en el año 2016, no ha traído para el país los resultados previstos. El alto al fuego y desarme de las FARC se ha traducido, paradójicamente, en el inicio de una nueva guerra. Actualmente son 5,1 millones las personas con necesidades humanitarias. La falta de perspectiva en relación a este fenómeno puede deberse a una concentración del riesgo en determinadas zonas del país, siendo los departamentos más conflictivos los de Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Guainía, Nariño y Putumayo, donde tienen mayor presencia actores como la fuerza pública, grupos armados no identificados, paramilitares, BACRIM y guerrillas.

Desde la Secretaría General de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia se arguye que a estas regiones se les suma la escasa presencia estatal, economías ilegales y elevados índices de pobreza. Además, Colombia es el tercer país con más conflictos ambientales en los territorios rurales, uno de los principales problemas estructurales del país, consecuencia de los intereses por la tenencia de la tierra. Este recrudecimiento de la situación en las zonas rurales se hace palpable con los asesinatos sistemáticos de líderes sociales que trabajan por recuperar unas tierras teñidas de sangre. En el peor de los casos, los conflictos ambientales están derivando en un aumento de la mortalidad. En la Guajira hay ya 560.000 casos de desnutrición infantil, problema que se extiende a toda la nación.

La idílica paz con las FARC que se aduce en las resoluciones de denegación de solicitudes de asilo en España, no existe. De acuerdo con el informe de Ideas Verdes, el riesgo de violencia en Colombia es perceptible es un 96.96% de los departamentos. Las cifras son terribles. De noviembre de 2016 a mayo de 2019 fueron registrados 726 asesinatos. Casi 600 eran líderes sociales; el resto, excombatientes de las FARC. La suma de ejecuciones extrajudiciales y homicidios cometidos por agentes directos o indirectos del Estado es aún más dramática: 1.786 asesinatos. Es importante recalcar la disputa con respecto a las cifras, que buscan ser suavizadas desde el gobierno de Duque, quien ejerce una dura represión en las calles ante la protesta social. No obstante, este retorno al pasado oscuro de Colombia parece no ser suficiente para España.

Esta tesitura suscita que, a pesar de que Colombia sea la segunda nacionalidad desde la que más solicitudes de asilo se demandan: 29.363 solo en 2019, con un incremento del 233% con respecto al año anterior sea, al mismo tiempo, la nacionalidad en la que se recoge el mayor número de solicitudes denegadas: un 30% del total, es decir, 5.168 personas, y sólo 10 solicitudes fueron favorables; mientras que las solicitudes de asilo favorables por circunstancias humanitarias fueron 39.667 para Venezuela. Es importante comprender que detrás de estos números se encuentran personas a las que no se les están facilitando los medios que les permitan regularizar una nueva vida tras haberse visto forzados a huir de su país de origen, y que en muchas ocasiones se están viendo forzados a dormir en la calle.

Es por ello que, desde AESCO – AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN -, consideramos que se está cometiendo una gran injusticia con respecto a la población colombiana solicitante de asilo, excusando la negativa a concederles el derecho a protección internacional en el pretexto vacío de una paz que no existe. Por esta razón, hemos trasladado al Ministerio del Interior la petición de equiparación en el tratamiento de las solicitudes de asilo que se le otorga a nacionales venezolanos, a la vez que se le brinde una protección temporal internacional a los y las líderes sociales que siguen ejerciendo un rol activo en la defensa de los Derechos Humanos; en cumplimiento de los principios definidos en el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021).