El SAT y un ayuntamiento de IU median para impedir un desahucio familiar

Como el caso afecta a dos familias con hijos pequeños, de origen humilde y temporera en su condición laboral, tanto el Ayuntamiento de Puerto Serrano como el Sindicato de Andaluz de Trabajadores (SAT) se personaron en los juzgados de Arcos para de algún modo provocar que el juez decano diera marcha atrás al desahucio. Esta presión político sindical, unido a la falta de pujadores en la subasta del inmueble, pudo ser decisiva para que el juez decidiera por ahora que las familias sigan en sus hogares. En este sentido, acudieron a la entrevista con documentación relativa al caso y a la presunta estafa sufrida por las familias.

La esperanzadora noticia fue dada en primera persona por el alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz, y el secretario General del SAT, Diego Cañamera, nada más entrevistarse con el juez. A las puertas del edificio judicial les espera bajo unas fortísimas medidas de seguridad, con presencia de antidisturbios de la Guardia Civil incluida, decenas de vecinos de Puerto Serrando apoyando su causa, en un gesto de solidaridad y de preocupación por sus semejantes y vecinos. Una pancarta con el logotipo de Izquierda Unida (IU) -coalición gobernante en el Ayuntamiento polichero- y del SAT pidió por la paralización del desahucio, aunque para la ocasión estaba preparada la famosa tralla (megafonía, pancartas, consignas…) con la que el Ayuntamiento de Puerto Serrano y el propio sindicato se han movilizado en tantas y tantas ocasiones en favor de los jornaleros o en contra de las medidas que les perjudican.

Una propuesta pionera
Pedro Ruiz agradeció la receptividad del juez, pero sobre todo que éste le dejara una puerta abierta a la esperanza de las familias. Esta esperanza se refuerza de algún modo con otras gestiones que hará de forma paralela el Ayuntamiento con el banco, aunque el alcalde apeló a la cautela ante el proceso judicial. Es más, el Ayuntamiento intentará personarse en éste y otros casos que Pedro Ruiz da por hechos en un futuro inmediato.
El Ayuntamiento respondería con su propio patrimonio, a través de posibles permutas de terreno o solares por las viviendas morosas “para que ninguna familia de Puerto Serrano sea desahuciada”. Después, serían las familias las que tendrían que responder económicamente al Ayuntamiento; una idea que crearía precedentes en plena crisis y que viene a demostrar, si se consuma, el grado de implicación de una institución, en este caso un ayuntamiento, con los desahucios.

Desde el SAT, Diego Cañamero dijo esperar que el Gobierno frene este imparable proceso de desahucios, teniendo en cuenta que las hipotecas fueron concedidas a personas que poseían una nómina como consecuencia de un trabajo que han perdido. “Si no pueden pagar no es su culpa y el Gobierno debería decretar la demora de pago hasta que no encuentren trabajo. A las personas que están por debajo del salario mínimo no se les debe quitar sus viviendas”. “No es lógico, ni ético, que el Gobierno arremeta contra los trabajadores y contra lo único que tienen”, señaló el legendario sindicalista. De hecho, éste será un caballo de batalla del SAS, que anuncia posibles movilizaciones contra casos como el de Puerto Serrano y hasta que el Gobierno no facilite que las familias españolas puedan seguir viviendo en sus hogares si no pueden pagar la hipoteca.
En términos parecidos, Pedro Ruiz, señaló que también IU comparte estas reivindicaciones, apelando al mensaje del coordinador General, Cayo Lara, sobre los efectos de las políticas neoliberales en las familias más humildes.

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