El ‘retiro’ en el Senado de siete ‘barones’ cuesta 620.000 euros brutos al año

Prensa

No en vano la Cámara Alta ofrece una vía cómoda para situarse en la segunda línea de la actividad política, conservando ventajas como el aforamiento (especialmente interesante en el caso de Griñán, acosado por la investigación de los ERE falsos) y, sobre todo, unos salarios todavía elevados. 

De hecho, los varios emolumentos de los expresidentes regionales convertidos en senadores suman cerca de 620.000 euros (brutos) al año.

Esos ingresos, además, pueden complementarse con las, en no pocas ocasiones, cuantiosas indemnizaciones que están previstas cuando se abandona la jefatura de un Ejecutivo regional (sobre todo en el caso andaluz o catalán), o con el cobro de honorarios por la pertenencia a los consejos consultivos que aún perviven en varias autonomías.

Silencio en la Cámara Alta

El monto total de los ingresos que cada uno puede llegar a acumular no es fácil de determinar. La opacidad ya empieza en el Senado mismo, aun cuando la ficha pública que cada miembro de esa institución tiene formada presenta un apartado destinado a informar sobre su declaración de bienes. Dentro de ese capítulo, la casilla en la que debería estar consignado el sueldo figura en blanco para la mayoría de los exbarones que ahora son senadores.

Por ello, solamente cabe hacer aproximaciones tomando la tabla de retribuciones generales que establece la Cámara y cotejándola con los cargos (en casos como el de José Montilla, muy numerosos) que cada uno de ellos ha acumulado en la institución

Así, los siete expresidentes autonómicos, como todos los que tienen asiento reservado en el edificio de la calle Bailén, cuentan con un sueldo base de 2.813,91 euros que se hace efectivo en 14 pagas. Igualmente, se benefician en su totalidad del complemento mensual de 1.822,38 euros (exentos de tributación) que se deriva del hecho de proceder de circunscripciones electorales diferentes de la de Madrid.

A partir de aquí, es posible engrosar la nómina acumulando cargos internos como la Portavocía de uno de los grupos políticos que tienen representación en la Cámara, o por tener responsabilidades en alguna de las comisiones especializadas en las que se organiza la actividad senatorial (Presidencia, Vicepresidencia o Portavocía).

Ventaja de la Vicepresidencia

Por este lado, el que más obtiene es Juan José Lucas, quien fue presidente de Castilla y León por el PP, desde 1991 hasta 2001. No en vano ocupa un alto cargo como es el de Vicepresidente primero de Mesa, únicamente superado en la institución por el propio presidente, Pío García-Escudero.

En términos monetarios, el cargo de Lucas le permite complementar los ingresos generales ya citados con una asignación mensual de 1.209,59 euros a la que se añade un «complemento» todavía superior: 2.741,16 euros al mes. De este modo, Lerma cuenta con unos ingresos brutos del Senado de, aproximadamente, 108.672 euros en cada ejercicio.

Le sigue en la clasificación el exmolt honorable José Montilla, cuya bonificación procede, sobre todo, del hecho de que es portavoz de grupo político, en este caso la llamada Entesa pel Progrés (que agrupa al PSC, ICV y a la marca de IU en Cataluña). El complemento por desempeñar este cargo asciende a 2.667,48 euros mensuales. A ello, Montilla suma la Portavocía que ejerce en varias comisiones, entre ellas, la de Economía y Competitividad. Tal desempeño se traduce en 2.667,48 euros más en doce pagas.

Más allá del PP y del PSC, el grupo político que más antiguos presidentes regionales acoge es el propio del PSOE, ya antes de la incorporación de Griñán. El portavoz de los socialistas es precisamente un expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, quien es el tercero de la clasificación, con unos ingresos superiores a los 90.000 euros cada año.

Sólo dos en el Congreso

Son en suma números que, entre otros factores revisten al Senado de un atractivo que no tienen otras instituciones para los presidentes autonómicos en retirada. En esa situación parece encontrarse el Congreso de los Diputados, dado que a él han ido a parar solamente dos antiguos jefes de Ejecutivos regionales, ambos socialistas: Manuel Chaves, de Andalucía, y José María Barreda, de Castilla La-Mancha.

Tampoco son del gusto de sus señorías los parlamentos regionales. Lo demuestra el hecho de que únicamente en las Cortes Valencianas se puede localizar a un exbarón, el popular Francisco Camps, que aun cuando renunció a la remuneración de diputado autonómico todavía conserva el puesto en la Cámara y tiene derecho de voto. Otros como Esperanza Aguirre o Miguel Sanz (Navarra) han optado por la empresa privada.

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