El pueblo salvadoreño marcha por el derecho al agua
En la semana del 18 al 22 de marzo el pueblo salvadoreño volvió a salir a las calles para exigir que la Asamblea Legislativa no ceda ante presiones de las empresas privadas y los sectores de derecha que pretendían privatizar la gestión del agua.
En las movilizaciones exigieron que se apruebe una Ley General de Aguas con enfoque de Derechos Humanos y que la gestión esté a cargo de un ente rector únicamente representado por el Estado, es decir, sin injerencia del sector privado.
“La presión social ha logrado que los diputados retrocedan y rectifiquen su postura”, dijo a RMR la diputada Dina Argueta (FMLN). El martes 26 se retomará la discusión parlamentaria “de cero”, considerando los cuatro proyectos de ley que ya existen para acordar una Ley General de Aguas que tenga enfoque de derechos humanos.
El coordinador del Movimiento de Víctimas y Afectados y Afectadas por el cambio climático y corporaciones (MOVIAC), José Santos Guevara, explicó a Radio Mundo Real cuál es la problemática del agua en El Salvador y cómo se conforma la Comisión del Agua que se pretendía armar y que el jueves 21 se logró frenar por la presión social.
Desde el MOVIAC rechazaron el intento de privatización del agua por parte de las empresas miembros del sector industria, cámara agropecuaria y de trasnacionales como la COCA-COLA y Sab Miller que se han empecinado en aprobar el proyecto ley integral de Agua la, cual es una trampa para lograr que el control y comercialización del agua sea de las empresas privadas.
Desde CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador, Silvia Quiroa, analizó por qué se logró frenar el avance privatizador en ese país y recordó la postura de esta organización -que es parte del MOVIAC- para gestionar el agua en forma comunitaria y estatal. También llamó a reflexionar sobre las escasez de agua en gran parte del país.
En la noche del jueves 21 de marzo los parlamentarios decidieron anular el decreto que permitía la privatización y anular todo lo que han discutido e iniciar la discusión de toda la ley general de aguas (compuesta por más de 160 artículos) este martes 26 de marzo.
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Defensa del agua: victoria popular
La Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa revirtió el acuerdo de incorporar a representantes de la empresa privada en el ente rector de las políticas hídricas.
Presionados por las movilizaciones populares y el rechazo generalizado de la población en la calle, en medios de comunicación y en las redes digitales, los diputados de derecha se retractaron ayer de su movida privatizadora.
Tras sendas movilizaciones de la UES, sindicatos y organizaciones ambientalistas, los diputados privatizadores dejaron sin efecto la decisión tomada el pasado lunes. A estos legisladores canallas, traidores de los derechos de la gente y serviles de los mercaderes del agua, no les quedó más opción que reunirse de urgencia y dar machar atrás con su zarpazo privatizador.
Los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC querían entregar el control del ente rector hídrico a la empresa privada, para asegurar prioritariamente el agua para los negocios; pero han sido derrotados momentáneamente por la indignación y la movilización de la gente.
Esta victoria popular debe arreciar la lucha por que la Asamblea apruebe la Ley General de Agua propuesta por la Alianza contra la Privatización del Agua, la Iglesia Católica y las iglesias históricas, la UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta propuesta define el agua como derecho, establece un ente rector totalmente público y garantiza la participación comunitaria en la protección del vital líquido.
La lucha contra la privatización del agua también debería trascender a lucha más amplia contra el neoliberalismo. Esta lucha antineoliberal incluye, entre sus apuestas más urgentes, la desprivatización de las pensiones y la reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más”.
La misma indignación y rechazo expresado contra los intentos de privatizar el agua debería ser contra otras acciones nefastas, como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar los delitos de corrupción cometidos diez años atrás, con lo cual dejará impune la corrupción de los gobiernos de ARENA que no fueron investigados. Pero extrañamente no hay voces de protesta por tan reprobable decisión del pleno de la Corte de decretar la impunidad de la corrupción.
Este espacio editorial apuesta por incrementar la indignación, la movilización y presión popular para evitar la privatización del agua y desmontar el modelo neoliberal, porque manteniendo ese esquema excluyente es imposible construir un país realmente democrático, equitativo, justo y sustentable.
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https://arpas.org.sv/2019/03/defensa-del-agua-victoria-popular/