El PSOE ha conseguido devolver el número de presos políticos en el estado español a niveles del franquismo.

BALANCE DE LA SITUACIÓN CARCELARIA

Desde 1969 no ha habido tal número de presos políticos

A finales del mes de febrero había 739 presos políticos vascos dispersos en decenas de cárceles de los estados español y francés. Una cifra que resulta histórica, a pesar de que, desde que en 1977 se aplicara la denominada «Ley de Amnistía», el número de ciudadanos vascos que han sido encarcelados por su militancia política ha aumentado casi cada año. El PSOE ha conseguido elevar las cifras hasta parámetros franquistas, en concreto hasta 1969.

Hay que remontarse a finales de la década de los sesenta para encontrar un momento en el que hubiera más presos políticos vascos que en la actualidad. Más concretamente, al año 1969. Pero ambas situaciones no son comparables, y no sólo porque entonces estuviera vigente en el Estado español una dictadura mientras que ahora rige un sistema supuestamente garantista de las libertades y los derechos.

El gráfico que representaría la situación de los diez últimos años del franquismo sería una línea recta rota de vez en cuando por grandes picos. La media de ciudadanos vascos presos por motivos políticos estaba en aquellos años en unos 300, pero esa regularidad se veía rota en momentos de especial convulsión en los que se practicaban centenares de detenciones. Es el caso del año 1969, que finalizó con 862 presos políticos en las cárceles españolas, o de 1975, que en diciembre arrojaba una cifra de 632 ciudadanos vascos encerrados por su militancia política.

Línea ascendente

Esa tónica de dientes de sierra continuó desde el minuto siguiente a la aplicación de la denominada «Ley de Amnistía» en 1977. Ya a finales de 1978 había 108 presos políticos vascos. Pero, si bien en estas tres décadas se han seguido dando momentos de mayor convulsión que han arrojado más apresamientos y más encarcelamientos, ha habido una serie de elementos que han hecho que aumente el número medio de presos políticos y que, sobre todo en los últimos ocho años, los picos se hayan convertido en una línea continua ascendente.

De hecho, desde el año 2000 hasta la actualidad el número de presos políticos ha aumentado año a año sin excepción, pasando de los 515 de entonces a los 739 de la actualidad. Pero la subida más importante se está dando en los últimos meses: en los ocho que han transcurrido desde el último balance realizado por Etxerat, ha aumentado en 142 el número de prisioneros vascos.

Uno de esos elementos ha sido el encarcelamiento masivo de ciudadanos y ciudadanas vascas por su participación en distintas expresiones de militancia social y política: organizaciones políticas, medios de comunicación, organizaciones juveniles, del ámbito de la euskaldunización o de la desobediencia civil, y todo lo que se acaba englobando en el calificativo genérico de kale borroka…

La otra razón del aumento del número de presos políticos vascos es el alargamiento de las condenas y el aumento de las trabas a la excarcelación, bien por la negativa a liberarlos tras el cumplimiento de los dos tercios o las tres cuartas partes de la condena, bien por seguir presos pese a enfermedades graves e incurables, o bien por la nueva doctrina de cumplimiento total de condena, la llamada «cadena perpetua».

1969, por ejemplo

En 1968, murieron en sendos enfrentamientos armados el militante de ETA Txabi Etxebarrieta y el guardia civil José Pardines. Poco después ETA acabó con la vida del policía Melitón Manzanas. Al día siguiente, el 3 de agosto, se declaró el Estado de Excepción por tres meses en Gipuzkoa, y se restableció el Decreto Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, por el que algunos delitos pasaban a depender de la jurisdicción militar. En este contexto se inició el año 1969, en el que se iban a producir 1.953 detenciones en Euskal Herria y se calcula que 300 personas se vieron obligadas a exiliarse. Así las cosas, al finalizar aquel año el número de presos políticos vascos era de 862, que marca un récord. Aunque en 1970 otros 831 ciudadanos vascos fueron apresados por motivaciones políticas, al finalizar este año el número de prisioneros políticos vascos había descendido a 396.

«Cadena perpetua»

Antes de las elecciones locales y forales de mayo del pasado año, Etxerat dio a conocer un balance de la situación del colectivo que conforman sus familiares presos. Entonces, 597 vascos se encontraban dispersados 82 prisiones de tres estados.

Sólo ocho meses después, a las puertas de otra contienda electoral y con el PSOE lanzado a la reconquista del Gobierno español, ésta era la situación que reflejaba Etxerat: 739 vascos encarcelados en 89 prisiones de tres estados: 571 en 53 cárceles españolas; 166 en 34 cárceles francesas; y dos más en Canadá.

En estos ocho meses se han producido más de 300 detenciones (de ellas más de 200 en régimen de incomunicación), y casi la mitad han ingresado en prisión. En unos casos para cumplir largas condenas (macrosumario 18/98); en otros, tras redadas relacionadas con kale borroka; y en una parte en derivación de la Ley de Partidos, que han llevado a prisión a decenas de dirigentes políticos de la izquierda abertzale.

A ello se suman las trabas para la puesta en libertad. A 18 presos que ya han cumplido íntegramente sus condenas se les ha aplicado la llamada «doctrina Parot», la 197/2006, por la que su condena se alarga de forma automática gran número de años. Esta práctica se suma a la ya «rutinaria» denegación de la libertad condicional. En este momento, se veta este derecho a 169 presos políticos vascos.

Este año han empezado a denegar a los psicólogos el acceso para atender a sus pacientes presos. Mansilla, Alcalá, Aranjuez, Logroño, Burgos, Soria, Iruñea, Langraiz, Puerto I, Zuera, Badajoz y Albolote lo aplican ya, según denuncia Etxerat.
El 2 de febrero, la suegra y el cuñado de Leire Urrutia se quedaron sin visita. La dirección de Langraiz adujo que el parentesco no estaba demostrado. Urrutia y su compañero son pareja de hecho y tienen los papeles que lo demuestran.
En el Estado francés hubo cuatro cambios de prisión hasta marzo. El caso más grave es el de José Domingo Aizpurua, que padece cáncer, ya que fue recluido en la cárcel de Perpignan, donde no hay ningún otro preso político vasco.

Más dispersión y menos derechos

El recrudecimiento de la política de dispersión puesta en marcha por el PSOE en 1987 viene acompañada de un endurecimiento de las condiciones de vida en las prisiones dependientes de los estados español y francés. En los dos primeros meses de este año, por ejemplo, se han producido 98 traslados de prisioneros políticos, en la mayoría de los casos por cambio de destino. Nueve de ellos se encontraban en cárceles de Euskal Herria, donde sólo quedan 25 en la actualidad.

Las limitaciones al derecho a tener unas condiciones de vida dignas abarcan desde el impedimento a estudiar en euskara y en las universidades de Euskal Herria; el estricto control de las comunicaciones o la prohibición casi total de otro tipo de actividades. Así, en enero y febrero al menos 10 visitas no pudieron realizarse, simplemente porque los funcionarios así lo decidieron. Además, en Mansilla colocaron videocámaras en los locutorios y en Soto del Real no se puede llevar papel ni bolígrafo a las visitas, que se realizan con el funcionario al lado y con la cabina del locutorio cerrada con llave.

Las condiciones extremas que viven en las prisiones han llevado a doce presos políticos a pedir su puesta en libertad por tener enfermedades sicológicas y físicas graves. La respuesta de las autoridades españolas ha sido nítida: sólo serán liberados si media arrepentimiento o situación agonizante.

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