El PP rechaza una moción de la Izquierda Plural para cerrar los CIE y derogar la legalidad de las «devoluciones en caliente»

El Grupo Parlamentario Popular ha expresado este miércoles su desacuerdo con una moción presentada por Izquierda Plural para instar el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, mejorar el sistema de asilo, agilizar trámites de extranjería y derogar la figura del rechazo en frontera que permite devolver automáticamente a Marruecos a quienes saltan las vallas de Ceuta y Melilla.

El texto, que se votará este jueves, no saldrá así adelante, aunque cuenta con el respaldo de otros grupos como el PSOE, con quien se negocia la incorporación de enmiendas, Amaiur, PNV y Compromís-Equo. CiU, Coalición Canaria y UPyD se han mostrado a favor de al menos parte de sus previsiones, aunque no han avanzado cuál será el sentido de su voto.

La iniciativa se deriva de una interpelación que el diputado de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, planteó recientemente al ministro del Interior en el Congreso para conocer la posición del Gobierno sobre la emergencia humanitaria en el Mediterráneo y durante la que recibió, según ha afirmado, «una respuesta decepcionante», tanto en lo relativo a la acogida de refugiados por parte de España como en la política de inmigración en general.

Por todo ello, la moción se articula en tres bloques: uno sobre asilo que pide el cumplimiento de la ley, la derogación del rechazo en frontera, la puesta en marcha de operaciones de salvamento en el Mediterráneo y el impulso de los programas de reasentamiento; otro sobre política de inmigración que reclama medidas como agilizar la reagrupación familiar o la renovación de permisos; y un tercero que urge una reforma del sistema electoral para reconocer el voto a los migrantes y cerrar los Centros de Internamiento.

El portavoz de Interior en el Grupo Popular, Pablo Escobar, ha rechazado la iniciativa y ha argumentado que «la dignidad de cualquier persona se debe proteger desde la responsabilidad y siempre bajo el amparo de la ley» porque de otro modo, se incurre en «el voluntarismo ineficaz o en un falso buenismo».

Escobar ha ensalzado a España como «país de acogida» por la absorción de población extranjera en la última década y el alto grado de intregración de sus segundas generaciones, «un éxito colectivo», y ha incidido en que el modelo a seguir es el que ya está en práctica: prevención y cooperación en origen y tránsito y lucha contra las redes de tráfico de personas. «Al inmigrante se le ayuda con el empleo, con la atención, pero como no se le ayuda es con la demagogia», ha añadido.

Para la diputada del PSOE, Esperança Esteve, «el Gobierno está siendo injusto e insolidario» y omitiendo que «hoy es Italia la que más solidaridad necesita y no la encuentra». «Cuando recae la presión en nuestra valla reclamamos ayuda (…) no podemos ser un modelo de vallas y represión sólo y considerar a los seres humanos como mercancía a despreciar (…) es necesario un enfoque global amplio, con soluciones de fondo, con respuestas urgentes para que el mediterráneo no sea un mar de muerte», ha señalado.

Sobre este asunto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha incidido en que España se está «equivocando al no estar al lado de Grecia e Italia» porque «en cualquier momento» puede volver a recibir migrantes por vía marítima como en el año 2006, cuando el discurso de todas las fuerzas políticas era buscar colaboración dentro y fuera de Europa para solucionarlo.

En su opinión, «el mayor trabajo» que se hizo en aquella época, durante la crisis de los cayucos, fue la respuesta a los niños migrantes que llegan solos y ha instado al Gobierno a ofrecerse a Italia para ayudar en este asunto, que hoy es «su principal problema». «Tenemos los medios, los recursos, sabemos hacerlo, ofrezcánselo, que eso no afecta al paro», ha señalado.

Joan Baldoví, de Compromís-Equo ha añadido que es «inexplicable» que Interior considere que España no puede acoger en dos años la cuota de refugiados que le pide la Unión Europea, «un porcentaje que equivale a una persona por cada 11.000 habitantes», mientras Jon Iñarritu, de Amaiur, ha puesto el acento en que en matería de extranjería, «todo son trabas» y «medidas reaccionarias contra personas que necesitan ayuda».

«Estamos ante una crisis humanitaria y desde nuestro grupo vemos que ya que las políticas del Gobirno no tienen corazón, pedimos que por lo menos tengan cabeza», ha añadido Irene Lozano, diputada de UPyD, para advertir de que «permitir que toda la presión de quienes huyen de la guerra sea soportada por países limítrofes» es una de las decisiones que se están tomando hoy «y tendrán consecuencias mañana».

El portavoz de CiU, Carles Campuzano; y el del PNV, Emilio Olabarría, han coincidido en que el Estado «tiene que asumir sus obligaciones» que son acoger refugiados, como parte de la Convención de Ginebra, y hacer cumplir las leyes internacionales, en particular en Ceuta y Melilla. En cuanto a la petición de que la UE ponga en marcha una operación de salvamento, el peneuvista ha añadido que «es una obviedad»: «Hasta en paises fascistas y no democráticos han practicado esta labor de socorro».

Agencias

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS