El paso adelante de decir “yo también lo hice”

 

“Por desobediencia civil entendemos una práctica pública, no violenta, consciente y política, contraria a una ley, disposición gubernamental u orden de autoridad considerada injusta o ilegítima, que la sociedad civil emprende con el objetivo de invalidar dicha ley, disposición u orden, de inaugurar una nueva legalidad constituyente en la que aquellos derechos sociales y civiles que la ley, disposición u orden niega se vean de facto reconocidos”. Esta definición del manual de Desobediencia Civil publicado por el sindicato CNT hace referencia a la Ley de Extranjería de 2001 que, como muchas otras, ha sido considerada injusta por distintos colectivos sociales.

La autoinculpación es una de las formas de desobediencia civil. En los últimos años, distintos colectivos antimilitaristas, ecologistas, okupa y feministas han usado este recurso con poca trascendencia mediática, y con el tiempo han visto cristalizadas sus demandas en derechos recogidos legalmente. En otras ocasiones ciertas luchas sí que han tenido una mayor cobertura por parte de los medios, como el caso de La Asociación Derecho a Morir Dignamente, que recogió miles de autoinculpaciones por la muerte de Ramón Sampedro, quien esperó sin éxito que la ley española le reconociera su derecho a morir.

En la situación actual, en la que cada vez más personas se ven perjudicadas por las decisiones del Gobierno ante la crisis, las acciones ciudadanas aumentan. Unas de las últimas han sido las expropiaciones en los supermercados de Arcos y Écija por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en el que cogieron artículos de primera necesidad para dárselos a las familias necesitadas. Una acción simbólica tal y como la definieron sus impulsores. A las pocas horas de los sucesos, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, dictó orden de detención contra los participantes de dicha acción. “Fue entonces cuando los compañeros de Granada tuvieron la iniciativa de lanzar una campaña de Autoinculpaciones Colecti­vas en solidaridad con los compañeros amenazados”, explica para DIAGONAL Mari Carmen García, responsable de relaciones internacionales del SAT.

Los firmantes se consideran “inductores intelectuales” de los hechos, conscientes de que su acción podía tener consecuencias legales, ya que la ley establece para los autoincul­pados la misma pena que para el considerado culpable del delito, pero en grado menor. El manual de Desobediencia Civil antes citado añade que a los problemas jurídicos se une que “los firmantes se van a poner en la mira de la Admi­nistración, pudiendo esto causarles problemas en materia de ayudas, subvenciones, convenios, etc.”

Pese a estas amenazas, “la respuesta ha sido masiva, no sólo de Andalucía. Han llegado formularios de Valencia, Madrid, País Vasco… Aún están llegando”, comenta Gar­cía. La sindicalista cree que la autoinculpación “es una herramienta de ataque y nos sirve para decir que éramos mucha gente la que estamos de acuerdo moralmente con la acción aunque no estuviéramos ahí”. Sin embargo, se muestramás escéptica en cuanto a la actitud que tomará el Gobierno ante esta forma de desobediencia civil y afirma que “supongo que ignorará [las inculpaciones], pues reconocer su importancia reforzaría nuestra acción”.

Lucía Mazarrasa Alvear es integrante de la Plataforma Mujeres Ante el Congreso y firmante de autoin­culpaciones en materia del aborto en varias ocasiones. “La última en 2008 cuando nos autoinculpamos ante los juicios, condenas y atentados contra clínicas abortistas que habían practicado abortos no permitidos en Madrid”.Explica Maza­rrasa que considera la autoinculpación una “defensa por los derechos de las mujeres a decidir que no están bien recogidos en la ley, ante las agresiones que grupos ultra han hecho a profesionales, mujeres y clínicas; al mismo tiempo sirve para llamar la atención de nuestra situación y denunciar que la legislación era y es insuficiente”.

Mazarrasa, enfermera de profesión, comenta que más allá de la solidaridad que generan las autoinculpaciones, pueden “bloquear los juzgados a la vez que se hace una protesta ante la sociedad y el Gobierno”. Por último, Mazarrasa plantea la posibilidad a recurrir de nuevo a las autoinculpaciones ante las insinuaciones hechas por el ministro de Justicia de modificar la ley aprobada en 2010 y volver a una perspectiva legal anterior que quitaría aún más si cabe la capacidad de las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo.

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