El negocio de las listas de espera en Euskadi, en el banquillo

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Per lo que aun no habiamos visto era lo de inventarse una empresa intermediaria entre el hospital público que deriva, y el privado que hace la operación, pagandole a dicha empresa «emprendedora», entre el 5% y 20% del coste de cada intervención derivada.

Y es que hay que reconocer que bajo su pantalla de buena gestión, los Jeltzales (Dios y Leyes Viejas) peneuvistas, son originales.

LA NOTICIA:

Ha pasado casi una década desde que estallara el escándalo. Sucedió apenas unas semanas después de que el Gobierno de Patxi López relevara en mayo de 2009 al PNV al frente del Ejecutivo vasco. La hasta entonces reconocida y en ocasiones envidiada sanidad pública vasca mostraba su lado más oscuro. Diversas informaciones periodísticas revelaban que la salud de los vascos, las listas de espera para ser operados, para someterse a una prueba o para una consulta con el especialista, podrían haberse convertido en un suculento negocio para algunos de los responsables sanitarios del Gobierno saliente de Ibarretxe.

Los hechos denunciados después por la nueva consejería, en manos de Rafael Bengoa, se remontaban al año 2006. Aquel año el departamento de Sanidad, entonces en manos del PNV, decidía establecer un novedoso sistema de gestión de las listas de espera. La fórmula se basaba en ceder a una empresa intermedia entre la red pública y la concertada la gestión de la derivación de pacientes a centros concertados para aliviar así la carga asistencial inasumible de Osakidetza. Las informaciones y sospechas que posteriormente se ratificarían en comisiones parlamentarias apuntaban a que la empresa que comenzó a derivar pacientes cobraba, presuntamente, comisiones de entre el 5% y 20% del coste de cada intervención asignada a algunos centros privados.

Aquella operación la Fiscalía la describió como una “puesta en común” entre un empresario y facultativo-jefe en el Hospital de Cruces-, su socia, un director territorial de Sanidad y un viceconsejero del Gobierno vasco para beneficiar con la adjudicación de contratos públicos, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad” a determinadas empresas. Según estas acusaciones se habrían beneficiado con adjudicaciones, por un importe estimado en 6,8 millones de euros, a empresas vinculadas a quien era amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán y que da nombre al caso, el médico, José Carlos Margüello. Una actuación coordinada que la juez de instrucción llegó a afirmar en un auto que se planteó “para lucro y beneficio económico de los investigados y en perjuicio de los intereses públicos”.
Nueve años después

Las informaciones periodísticas posteriores, y que daban forma a lo que hasta entonces era un rumor extendido en los ámbitos sanitarios, suscitó un gran revuelo en el clima político del momento y un profundo tensionamiento entre nacionalistas y socialistas, hoy socios de Gobierno en Euskadi. El Caso Margüello provocó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, un duro informe del Tribunal Vasco de Cuentas y la derivación del caso a la Fiscalía. En los tres casos se dieron por acreditadas numerosas irregularidades en las concesiones de contrataciones sanitarias públicas en tiempos de Juan José Ibarretxe y siempre a empresas vinculadas con Margüello.

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