El nacionalismo imperialista de la izquierda española

Por Héctor Puente Sierra

Otra buena noticia sería que su excarcelamiento sirviera de acicate a las generaciones más jóvenes de la izquierda española para poner en duda y romper con las inercias de la desastrosa política que nuestros mayores han venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas con respecto a las naciones subordinadas del Estado y particularmente con el conflicto vasco y su actual proceso de paz. Una actitud que, si bien hunde sus raíces siglos atrás, procede en su vertiente actual del proceso de desarme y capitulación que supuso para esta izquierda una Transición en la que el derecho a la autodeterminación no fue sólo la renuncia más exigida sino también la más asumible. Iñaki Gil de San Vicente ha diseccionado en El nacionalismo imperialista del PC de España la involución que dicho partido sufrió a lo largo del pasado siglo en esta materia, involución que en el lenguaje se tradujo, por ejemplo, a pasar de hablar de «imperialismo español» en 1935 a hacerlo de «terrorismo vasco» ya en 1975.

Ninguna reivindicación ha sacudido tanto los cimientos del Estado español como los movimientos independentistas ni ha producido una reacción tan virulenta por parte de este. En ningún otro sitio se ha llevado tan lejos la confrontación con el Estado, forzándolo una y otra vez contra todas sus contradicciones, como en la un día llamada Zona Especial Norte, siendo consecuentemente también el lugar donde con más claridad ha emergido la naturaleza profundamente antidemocrática y represiva del mismo. Evidentemente, los poderes fácticos españoles ven más plausible y temen mucho más la coyuntura independentista en tanto que perjudicial para sus intereses que la posibilidad de que Izquierda Unida llegue al gobierno. Partidos como este, sin embargo, han despreciado el potencial revolucionario de estos escenarios y la continua oportunidad que ofrecen para la denuncia de una maquinaria estatal que en teoría ellos también combaten.

En su lugar, se han refugiado en una artificial distinción entre lo nacional y lo social, adoleciendo de una miopía que al analizar este tipo de procesos nunca alcanza a ver más allá de dos categorías: clase obrera española y burguesías nacionalistas. Este desinterés les conduce a menudo a adoptar como propios los posicionamientos que la derecha sí tiene, empujándoles a la defensa más cerril de la patria indisoluble, la negación de las realidades nacionales y, en última instancia, posiciones de connivencia con la represión desplegada por las fuerzas del Estado. Esto es prueba suficiente de que el consenso alcanzado por la derecha mediática y política en torno a la cuestión nacional es sensiblemente superior al que detentan en cualquier otro terreno, consenso al que además esta izquierda se ha prestado, durante la Transición y también después, para demostrar su responsabilidad de Estado o su buena disposición e incluso como moneda de cambio.

BATERAGUNE

El encarcelamiento de Otegi es un caso paradigmático en tanto que indefendible desde ninguna perspectiva verdaderamente democrática. Conviene repasar una vez más una historia que es bien conocida en tierras vasco-navarras, pero no tanto fuera de ellas. El «caso Bateragune» no es, como algunos han sugerido, un proceso judicial plagado de irregularidades, sino simple y llanamente una farsa que sólo es comprensible desde la óptica de continua excepcionalidad que rige todo lo vasco y en la que de forma cristalina se puede ver al gobierno haciendo un uso político de la justicia.

Otegi fue uno de los primeros en comprender que la continuidad de la actividad de ETA hacía tiempo que había pasado a ser mucho más conveniente para los Estados español y francés que para el movimiento de liberación nacional vasco, y que precisamente por ello muchas de las actuaciones de estos iban en realidad encaminadas a alentar y perpetuar ese escenario. Junto con otros, instiga un proceso de debate que aspira a modificar por completo la estrategia del conjunto de la izquierda abertzale (que, conviene recordarlo, no es un partido político sino un movimiento popular con muchas aristas y sensibilidades) y forzar el cese de las acciones armadas. En octubre de 2009, el mismo día en que trasciende el primer documento con las conclusiones alcanzadas (que se resumen en la apuesta por un escenario de no violencia y la priorización de la resolución del conflicto sobre los demás objetivos) son detenidos en Donostia Otegi y siete de los principales impulsores del cambio de estrategia.

Son puestos en prisión preventiva y transcurren en ella dos años hasta que el juicio da comienzo. Sólo entonces se les hace saber que son sospechosos de intentar reorganizar Batasuna bajo las órdenes de ETA y, pese a que en la sentencia final se afirma que nada de esto se ha podido demostrar, la jueza Ángela Murillo considera que existen «pruebas indiciarias» y se les imponen penas de entre 8 y 10 años (que luego serán ligeramente rebajadas).

Para entonces la rueda lleva ya tiempo girando y se han sucedido los acontecimientos: pronunciamiento de figuras internacionales en Bruselas a favor de la resolución del conflicto vasco; conferencia de Aiete en la que reconocidos nombres de la comunidad internacional (entre los que figuran protagonistas de los conflictos irlandés y sudafricano) interpelan directamente a ETA y los Estados a dar pasos en aras de la superación; y finalmente, tres días después, anuncio por parte de la banda del cese definitivo de su actividad e inicio del proceso de desarme. Previo a esto, irrupción en el terreno electoral de la formación Sortu, que pese a los recursos interpuestos en su contra no es ilegalizado, aun siendo, paradójicamente, el fruto de las reuniones por las que Otegi y sus compañeros han sido privados de libertad. La sucesión de estos hechos prueba irrefutablemente que la finalidad de aquel juicio no fue otra que sabotear un proceso de paz en ciernes, posponer la normalización de la política vasca y mantener fuera de juego durante unos años a algunas de las figuras referenciales de la izquierda independentista.

Mientras que fuera del Estado la condición de presos políticos de Otegi y sus compañeros no ha pasado desapercibida y al manifiesto por su liberación se han adherido personalidades de la comunidad internacional tan destacadas como Angela Davies, Desmond Tutu, José Mugica o Noam Chomsky (lista completa aquí), no se puede decir lo mismo respecto al interior, donde si algo han provocado los encarcelamientos ha sido regocijo y no solidaridad. Los pocos que han alzado la voz, por lo general, lo han hecho ciñéndose exclusivamente a las disfuncionalidades del juicio.

Cabe decir que no podía ser de otro modo tras décadas de manipulaciones y mentiras en los medios de comunicación estatales de todo el espectro político, los cuales, una vez hegemonizado el uso de ETA como enemigo interior y unanimizada su condena, han procedido a asociar con la banda cosas tan dispares como el euskera, colectivos internacionalistas, periódicos, equipos de fútbol, sindicatos o nombres como el del propio Otegi, hasta convertirlos en un todo indisoluble para el hastiado espectador español, en una espiral que termina encuadrando la detención y tortura de periodistas en la lucha antiterrorista. Nuevamente, no ha sido hasta que en los últimos años el Ministerio de Interior y sus medios afines han extendido tan operativa técnica de demonización y comenzado a aplicársela a grupos como el movimiento pro-abortista, la PAH o Podemos que las alarmas se han encendido en muchos sectores de la izquierda española que hasta entonces habían permanecido callados.

PODEMOS NO ES SUFICIENTE

La aparición de Podemos incorporó nuevos elementos al discurso inmovilista y de negación que hasta ese momento había sido general entre los partidos con base en Madrid: por primera vez se afirmó con naturalidad que en este Estado coexisten varias naciones o que el actual sistema territorial es completamente disfuncional. Sin embargo, la evolución del escenario catalán ha ido evidenciando que las posturas de este partido son en lo esencial próximas al unionismo, y el discurso en torno a la plurinacionalidad, difuso y en ocasiones hasta contradictorio, no ha logrado superar en ningún momento la supeditación del devenir de las naciones periféricas al de España. Muy pronto han quedado atrás, asimismo, los tiempos en los que Pablo Iglesias llevaba a los platós de televisión algo tan obvio (y que no obstante llevaba décadas desterrado del debate público) como que la violencia de ETA tenía explicaciones políticas. Esa voluntad de hacer pedagogia entre la población española fue dando paso al tacticismo electoralista, y los líderes del partido van percatándose poco a poco de la imposibilidad de defender al mismo tiempo los intereses de las naciones no españolas y los del conjunto del Estado. Los resultados de todo esto ya se intuyen, por ejemplo, en el desconcierto y malestar que la inclusión del referéndum de Catalunya entre las líneas rojas de Podemos ha producido en muchos militantes simpatizantes del partido, por entender que este ha frustrado la posibilidad de una coalición progresista con el PSOE.

En definitiva, el choque de trenes está garantizado, sobretodo en tanto que el éxito de Podemos ha sido sensiblemente superior en todos aquellos lugares donde existe un movimiento soberanista, éxito que mayormente responde a la esperanza de tener un nuevo y más razonable interlocutor en el gobierno. Y es que lo que eufemísticamente algunos llaman «encaje territorial» son problemas estructurales que necesitan ser abordados en consecuencia. En palabras del propio Otegi, al ser preguntado acerca de qué podría acarrear para la parte española, en términos positivos, la resolución del conflicto: «Es difícil que […] pueda percibir ningún beneficio en el escenario de la solución porque vive esa solución en términos de angustia y tragedia para lo que entiende que es España como proyecto de nación o Estado. Este sentimiento, que es heredero de la sensación de pérdida y tragedia del 98, es difícil de superar si no existen intelectuales y estadistas capaces de hacer comprender que la modernización definitiva y el único proyecto posible […] pasa por reconocer su carácter plurinacional y el derecho de autodeterminación para Euskal Herria, Catalunya, Galiza… No es tarea fácil» (El tiempo de las luces, GARA).

Los postulados de Podemos, aun siendo un salto cualitativo con respecto a todo lo anterior, siguen estando muy lejos de poder satisfacer tanto los intereses de los movimientos soberanistas como de convencer a aquellos que creemos, a diferencia de lo que afirman Podemos o PSOE, que el Estado o la Constitución no deben ser primero reformados para que entonces las naciones oprimidas puedan gozar del respeto de sus derechos, sino que sólo tras el ejercicio de esos derechos por parte de sus pueblos podrá realmente dar comienza la verdadera democratización del Estado español.

Algo más en lo que Otegi lleva años insistiendo es su certeza de que el marco de la resolución del conflicto vasco no será el Estado español sino Europa; en el caso catalán, esto es ya una realidad. A medidas que estos procesos (y los que puedan estar por venir) vayan evolucionando, la izquierda española se verá cada vez más obligada a elegir entre, dejando a un lado todo paternalismo y en un trato de igual a igual, acompañar y apoyar a estos otros pueblos en su camino, que no será otro que el que ellos escojan, o cerrar filas una vez más con el inmovilismo y la negación. Ojalá la izquierda española recupere el internacionalismo que ha estado presente en algunos momentos de su tradición. Lamentablemente, a día de hoy aún no existen demasiadas razones para ser optimista.

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