El Mosso Jordi Arasa, de nuevo a juicio por el desalojo del 15-M en la plaza Cataluña en el 2011 (cat/cat)

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«O generamos pánico o no los sacaremos de aquí». Esta es una de las frases que mucha gente todavía recuerda en el desalojo de la acampada del movimiento 15-M en la plaza Cataluña de Barcelona el 27 de mayo de 2011. La pronunciaba Miguel Hermida, entonces inspector de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos y jefe del operativo policial de aquella mañana de primavera.

Sus palabras salieron posteriormente a la luz gracias a una filtración de las comunicaciones internas del dispositivo conjunto formado por los antidisturbios de la Guardia Urbana y los Mossos, tanto de la unidad BRIMO como del ARRO. En primera instancia, el consejero de Interior Felip Puig y el Director General de la Policía, Manel Prat, aseguraron que se trataba de una acción puntual para poder «vaciar y limpiar la plaza» y no para desalojarla de forma indefinida , como finalmente tuvieron que admitir.

La violenta intervención policial contra la acampada dejó 120 personas heridas y un detenido, pero no consiguió detener la protesta, que reocupó el espacio y siguió ganando apoyos

Hacía trece noches que cientos de personas dormían al raso protestando contra crisis política, social y económica, popularizando lemas como «no somos mercancías en manos de políticos y banqueros» o «no nos representan». La violenta intervención policial contra la acampada dejó 120 personas heridas y un detenido, pero no consiguió detener la protesta, que reocupó el espacio y siguió ganando apoyos. La polémica por la praxis de los cuerpos policiales fue intensa, como contundentes fueron las denuncias de entidades sociales y organizaciones de derechos humanos, que coincidieron en definir la actuación contra una protesta pacífica como desproporcionada y haciendo un uso desmedido de la fuerza .

Sin embargo, el único juicio que se había celebrado hasta ahora por estos hechos fue el que se sentó en el banquillo de los acusados ​​al mismo Jordi Arasa en noviembre de 2013. El mosso fue denunciado por el ex diputado de la CUP David Fernández , a quien ese día propinó múltiples porrazos que quedaron registrados por la prensa. El entonces subinspector fue absuelto por el juzgado penal, pero finalmente la Audiencia de Barcelona resolvió favorablemente el recurso de la acusación y lo condenó al pago de una pena-multa y una indemnización a la víctima de 225 y 200 euros , respectivamente. De rebote, esto abrió las puertas a la celebración del juicio que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Barcelona el lunes 17 y martes 18 de febrero.

Durante mucho tiempo, la causa colectiva encontró obstáculos para que el juzgado de instrucción considerara que no se podía acreditar cuáles habían sido los agentes responsables de las agresiones concretas que se denunciaban, tal como exige el derecho penal. En la mayoría de los casos esto no fue posible porque los policías no llevaban el número de identificación visible, tal como les obliga la ley. La resolución del caso de Fernández, donde los hechos punibles estaban asociados directamente al número de placa y la identidad de Jordi Arasa, facilitó que cinco de las otras 56 personas sindicadas como denunciados en la querella colectiva salieran adelante en sus acusaciones contra el mismo policía, a quien también responsabilizan de las lesiones que sufrieron durante aquella jornada convulsa.

Técnicas antirreglamentarias

Jordi Arasa, subinspector de los Mossos y subjefe del ARRO de Barcelona con Tarjeta de Identificación Policial (TIP) 4.364, cuando sucedieron los hechos de plaza Cataluña, es un viejo conocido de los movimientos sociales de la capital catalana por la dureza de sus intervenciones. Este lunes se sentará ante la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, ​​formada por las magistradas Yolanda Rueda Soriano, Carmen Martínez Luna y Carmen Martínez Guil, para responder a cuatro acusaciones por un delito de lesiones, otra por delito contra la integridad moral y una última falta también de lesiones.

Jordi Arasa durante el desalojo de plaza Catalunya el 27 de mayo del 2011 | JORDI BORRÀS

Por todo ello, la representación letrada de las cinco personas denunciantes pide que sea condenado a ocho años y medio de prisión, a dos meses de pena-multa con una cuota de 20 euros diarios y que se le inhabilite profesionalmente. Aparte, le reclaman un total de 2.630 euros en concepto de indemnizaciones por las lesiones provocadas, por los días de curación y los tratamientos que necesitaron para recuperarse las personas heridas y, por último, por los daños morales infligidos. Para certificar todos estos perjuicios han aportado a la causa un informe pericial con documentación médica y gráfica detallada.

Las cinco denunciantes aseguran que Arasa actuó con una conducta que lo situaba fuera del mismo código de actuación policial. Por ejemplo, una de las denunciantes detalla como el subinspector la agarró del pelo para luego pegarle, mientras que otro explica como éste le golpeó partes del cuerpo situadas por encima de la cintura, en lo que sería una conducta totalmente antirreglamentaria. El tercero y el cuarto relatan haber sido golpeados por Arasa, uno mientras estaba sentado en el suelo con las manos levantadas y gritando «no a la violencia», y el otro cuando protegía una señora mayor de los golpes de los agentes, lo que le acarreó recibir varios golpes de porra y acabar con cortes que requirieron puntos de sutura en la cabeza, el labio y el codo. Por último,


El Govern defiende al Mosso

A pesar de que el agente de los Mossos será juzgado por una actuación ejecutada presuntamente con técnicas y conductas al margen de la ley, la Generalitat de Catalunya asume su defensa a cargo del abogado José Luis Florensa Labazuy. En su escrito de defensa el letrado muestra su «plena disconformidad con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones que no se ajustan a la realidad de los hechos ocurridos» y considera que la actuación de su cliente «no es constitutiva de ningún ilícito penal «, por lo que pide su libre absolución.

Fiscalía también vio indicios suficientes para solicitar la apertura de la vista oral y pedir una condena contra Arasa por dos delitos y tres faltas de lesiones, además de 1.850 euros en indemnizaciones

En esta ocasión, Fiscalía también vio indicios suficientes para solicitar la apertura de la vista oral y pedir en su escrito de acusación una condena contra Arasa por dos delitos y tres faltas de lesiones, además de 1.850 euros en indemnizaciones , ya que considera que con «ánimos de atentar contra la integridad física» de las manifestantes concentradas «usó la fuerza de forma no proporcionada». Aun así, rebaja la petición de penas respecto a las de la acusación particular y las sitúa en dos años de prisión.

En un comunicado   hecho público la semana pasada, el grupo motor de la querella colectiva, llamado Somos 27-M, considera que el juicio será «la conclusión de la farsa judicial» de nueve años donde a su juicio «el aparato encargado de hacer respetar la ley ha revictimizado a las personas heridas, humilladas, amenazadas y difamadas por querer ejercer unos derechos «. Denuncian que durante todo este tiempo ha habido «pérdida de pruebas, después de reducir todas las acusaciones a la categoría de asunto menor y haciendo sentar en el banquillo sólo un agente sospechoso de exceso de celo y narcisismo».

El colectivo ha convocado una concentración el martes a las 12 del mediodía en el paseo Lluís Companys de Barcelona, ​​donde se celebrará el segundo y último día del juicio, para alzar la voz contra lo que consideran una «impunidad casi absoluta que es garantizada a los represores de manifestantes y disidentes y del desprecio que la institución judicial reserva a ciudadanos afectados por actos de violencia arbitraria «.

Imagen de Portada: Jordi Arasa durante el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo del 2011 / JORDI BORRÀS

El mosso Jordi Arasa, de nou a judici pel desallotjament del 15-M a la plaça Catalunya el 2011


El mosso Jordi Arasa, de nou a judici pel desallotjament del 15-M a la plaça Catalunya el 2011

L’actual inspector de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO) seurà a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Barcelona gairebé nou anys després dels fets, gràcies a una causa iniciada amb la presentació d’una querella col·lectiva en nom de 56 persones que van ser agredides durant la polèmica intervenció policial

“O generem pànic o no els traurem d’aquí”. Aquesta és una de les frases que molta gent encara recorda del desallotjament de l’acampada del moviment 15-M a la plaça Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011. La pronunciava Miguel Hermida, aleshores inspector de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d’Esquadra i cap de l’operatiu policial d’aquell matí de primavera.

Les seves paraules van sortir posteriorment a la llum gràcies a una filtració de les comunicacions internes del dispositiu conjunt format pels antidisturbis de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, tant de la unitat BRIMO com de l’ARRO. En primera instància, el conseller d’Interior Felip Puig i el Director General de la Policia, Manel Prat, van assegurar que es tractava d’una acció puntual per poder “buidar i netejar la plaça” i no per desallotjar-la de forma indefinida, com finalment van haver d’admetre.

La violenta intervenció policial contra l’acampada va deixar 120 persones ferides i un detingut, però no va aconseguir aturar la protesta, que va reocupar l’espai i va seguir guanyant suports

Feia tretze nits que centenars de persones dormien al ras protestant contra crisi política, social i econòmica, popularitzant lemes com “no som mercaderies en mans de polítics i banquers” o “no ens representen”. La violenta intervenció policial contra l’acampada va deixar 120 persones ferides i un detingut, però no va aconseguir aturar la protesta, que va reocupar l’espai i va seguir guanyant suports. La polèmica per la praxi dels cossos policials va ser intensa, com contundents van ser les denúncies d’entitats socials i organitzacions de drets humans, que van coincidir en definir l’actuació contra una protesta pacífica com desproporcionada i fent un ús desmesurat de la força.

Tanmateix, l’únic judici que s’havia celebrat fins ara per aquests fets va ser el que va seure a la banqueta dels acusats el mateix Jordi Arasa el novembre de 2013. El mosso va ser denunciat per l’exdiputat de la CUP David Fernàndez, a qui aquell dia va propinar múltiples cops de porra que van quedar enregistrats per la premsa. L’aleshores sotsinspector va ser absolt pel jutjat penal, però finalment l’Audiència de Barcelona va resoldre favorablement el recurs de l’acusació i el va condemnar al pagament d’una pena-multa i una indemnització a la víctima de 225 i 200 euros, respectivament. De retruc, això va obrir les portes a la celebració del judici que tindrà lloc al Palau de Justícia de Barcelona dilluns 17 i dimarts 18 de febrer.

Durant molt de temps, la causa col·lectiva va trobar entrebancs perquè el jutjat d’instrucció considerava que no es podia acreditar quins havien estat els agents responsables de les agressions concretes que es denunciaven, tal com exigeix el dret penal. En la majoria dels casos això no va ser possible perquè els policies no portaven el número d’identificació visible, tal com els obliga la llei. La resolució del cas de Fernàndez, on els fets punibles estaven associats directament al número de placa i la identitat de Jordi Arasa, va facilitar que cinc de les altres 56 persones personades com a denunciats en la querella col·lectiva tiressin endavant les seves acusacions contra el mateix policia, a qui també responsabilitzen de les lesions que van patir durant aquella jornada convulsa.


Tècniques antireglamentàries

Jordi Arasa, sotsinspector dels Mossos d’Esquadra i sotscap de l’ARRO de Barcelona amb Targeta d’Identificació Policial (TIP) 4.364, quan van succeir els fets de plaça Catalunya, és un vell conegut dels moviments socials de la capital catalana per la duresa de les seves intervencions. Dilluns seurà davant la Secció Tercera de l’Audiència de Barcelona, formada per les magistrades Yolanda Rueda Soriano, Carmen Martínez Luna i Carmen Martínez Guil, per respondre a quatre acusacions per un delicte de lesions, una altra per delicte contra la integritat moral i una última falta també de lesions.

Jordi Arasa durant el desallotjament de plaça Catalunya el 27 de maig del 2011|JORDI BORRÀS

Per tot això, la representació lletrada de les cinc persones denunciants demana que sigui condemnat a vuit anys i mig de presó, a dos mesos de pena-multa amb una quota de 20 euros diaris i que se l’inhabiliti professionalment. A banda, li reclamen un total de 2.630 euros en concepte d’indemnitzacions per les lesions provocades, pels dies de curació i els tractaments que van necessitar per recuperar-se les persones ferides i, per últim, pels danys morals infligits. Per certificar tots aquests perjudicis han aportat a la causa un informe pericial amb documentació mèdica i gràfica detallada.

Les cinc denunciants asseguren que Arasa va actuar amb una conducta que el situava fora del mateix codi d’actuació policial. Per exemple, una de les denunciants detalla com el sotsinspector la va agafar dels cabells per després pegar-li, mentre que un altre explica com aquest li va colpejar parts del cos situades per sobre la cintura, en el que seria una conducta totalment antireglamentària. El tercer i el quart relaten haver estat apallissats per Arasa, un mentre estava assegut a terra amb les mans aixecades i cridant “no a la violència”, i l’altre quan protegia una senyora gran dels cops dels agents, el que li va comportar rebre diversos cops de porra i acabar amb traus que van requerir punts de sutura al cap, el llavi i el colze. Per últim, el cinquè denunciant afirma que ell i altres persones van ser acorralats pels policies liderats per Arasa en un indret sense escapatòria, on van ser durament reprimits fins que va poder escapar saltant per sobre d’una barana i despenjant-se per ella amb l’ajuda de les persones que hi havia a sota.


La Generalitat defensa el mosso

Malgrat que l’agent dels Mossos d’Esquadra serà jutjat per una actuació executada presumptament amb tècniques i conductes al marge de la llei, la Generalitat de Catalunya assumeix la seva defensa a càrrec de l’advocat Josep Lluís Florensa Labazuy. En el seu escrit de defensa el lletrat mostra la seva “plena disconformitat amb els fets relatats pel Ministeri Fiscal i les acusacions perquè no s’ajusten a la realitat dels fets ocorreguts” i considera que l’actuació del seu client “no és constitutiva de cap il·lícit penal”, motiu pel qual en demana la lliure absolució.

Fiscalia també va veure prou indicis per sol·licitar l’apertura de la vista oral i demanar una condemna contra Arasa per dos delictes i tres faltes de lesions, a banda de 1.850 euros en indemnitzacions

En aquesta ocasió, Fiscalia també va veure prou indicis per sol·licitar l’apertura de la vista oral i demanar en el seu escrit d’acusació una condemna contra Arasa per dos delictes i tres faltes de lesions, a banda de 1.850 euros en indemnitzacions, ja que considera que amb “ànims d’atemptar contra la integritat física” de les manifestants concentrades “va fer servir la força de forma no proporcionada”. Així i tot, rebaixa la petició de penes respecte a les de l’acusació particular i les situa en dos anys de presó.

En un comunicat  fet públic la setmana passada, el grup motor de la querella col·lectiva, anomenat Som 27-M, considera que el judici serà “la conclusió de la farsa judicial” de nou anys on segons el seu parer “l’aparell encarregat de fer respectar la llei ha revictimitzat les persones ferides, humiliades, amenaçades i difamades per voler exercir uns drets”. Denuncien que durant tot aquest temps hi ha hagut “pèrdua de proves, després de reduir totes les acusacions a la categoria d’assumpte menor i fent asseure a la banqueta només un agent sospitós d’excés de zel i narcisisme”.

El col·lectiu ha convocat una concentració dimarts a les 12 del migdia al passeig Lluís Companys de Barcelona, on se celebrarà el segon i últim dia del judici, per alçar la veu contra el que consideren una “impunitat gairebé absoluta que és garantida als repressors de manifestants i dissidents i del menyspreu que la institució judicial reserva a ciutadans afectats per actes de violència arbitrària”.

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Imagen de Portada: Jordi Arasa durante el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo del 2011 / JORDI BORRÀS

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