El Inviable

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La Corte Suprema de Justicia se reafirma en clasificar como inviable, la terna que el Presidente Uribe le envió, para de ella escoger al nuevo Fiscal General, porque dos de los postulados son incompetentes y el otro resultó ser socio del narco paramilitar Víctor Carranza.

Esta semana, en un Fallo histórico la Corte declaró como crimen de lesa humanidad la asociación con grupos ilegales, con lo que los políticos enjuiciados e investigados por el escándalo de la Parapolítica, en caso que lograran eludir al sistema judicial colombiano, deberán comparecer ante la Corte Penal Internacional.

Como es conocido mundialmente, gran parte del Congreso, la mayoría de los Partidos derechistas y el propio Presidente Uribe, terminaron convertidos en tentáculos del narco paramilitarismo y lo que hace ahora este Fallo de la Corte Suprema, es declararlos inviables.

Estos inviables, en retaliación persiguen a la Corte y sobre todo al magistrado Valencia, el encargado del proceso por Parapolítica.

Hace ocho días, el Fiscal general interino reconoció que interceptó ilícitamente el teléfono del magistrado Valencia, supuestamente engañado por un informante de inteligencia. Entonces, ¿es inviable la Fiscalía general? ¿O lo son las redes de miles de informantes a sueldo de las instituciones de inteligencia? ¿O ambas?

Desde mayo pasado la secretaría general de Interpol había cortado sus relaciones con el DAS, el ente estatal encargado de la inteligencia, debido a que se había convertido en un brazo del narco paramilitarismo, pero sólo ahora que un grupo de Representantes a la Cámara de Estados Unidos señaló esta infiltración, el Presidente Uribe ordenó la disolución de esta institución, reconociendo por fin, su inviabilidad.

En noviembre de 1.985, durante la toma del Palacio de justicia, donde fueron inmolados los mejores magistrados colombianos, también fueron desaparecidos 11 trabajadores, a quienes el ejército gubernamental acusó de ser parte del grupo guerrillero que realizó el ataque. Aunque tarde, ahora comienza a aflorar la verdad sobre este ataque y sobre la retoma militar hecha por el ejército gubernamental.
En el juicio contra el coronel Plazas, el comandante de la retoma del Palacio de Justicia, la fiscal Buitrago está demostrando que la versión sostenida por el régimen durante 24 años, es un cúmulo de mentiras. Ella demostró que el incendio del Palacio lo produjeron los cohetes lanzados por Plazas y que eran 13 los trabajadores desaparecidos, quienes salieron con vida de la retoma y murieron por las torturas, que les infligieron en los batallones militares del norte de Bogotá.

La fiscal exige condena para Plazas como perpetrador de crímenes de Estado y para toda la cadena de mando, que determinó y condujo este genocidio; con lo que declara inviable por inhumano el terror de Estado imperante en Colombia.

El Procurador General rechaza la condena de Plazas, mientras su abogado insiste en que su defendido sufre de locura, para así poder esquivar la pena que le espera; en un vano esfuerzo por acudir a la misma argucia usada por Pinochet para burlar la justicia.

No hace mucho, este mismo Procurador General declaró que la clase dominante de Colombia estaba loca, lo que fue entendido por muchos, como una crítica al colapso que sufren las instituciones y la sociedad colombiana; pero también puede entenderse como una excusa para que no se juzgue la responsabilidad de estas elites, por causar la crisis nacional.

Lo que demuestra este colapso es que el verdadero inviable es el régimen capitalista neoliberal, que para sostenerse se atrinchera en el terrorismo de Estado.

Esta crisis, permite que tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional ganemos más conciencia sobre la indispensable salida política para el conflicto interno y nos convoca a comprometernos con esta.