El intento de privatización (antidemocrática) del agua por el gobierno de los mejores privatizadores

Quieren denunciar el escándalo por el que está pasando “l’aigua a casa nostra”, en Catalunya, con un silencio bastante generalizado por el momento.

Mientras el debate sobre el encaje o la relación entre Catalunya y España ocupa todas las primeras páginas de diarios, informativos, especiales y revistas, apuntan los compañeros y compañeras de la Plataforma, los hilos del poder político y de los grandes intereses que les son anexos no cesan de moverse tras las cortinas rasgadas. Sin ruidos, sin luz, sin taquígrafos. Pero muy efectivamente. Es el profundo lado oscuro de su fuerza.

Sin agua, recuerda la Plataforma, los seres humanos no podemos vivir más de tres días. Es un recurso básico para la vida. Su gestión, señalan republicanamente, ha de responder a los intereses generales de las poblaciones y no, por el contrario, a los intereses económicos-crematísticos minoritarios que juegan con el agua como juegan con la salud, el aire o con las armas. Tanto les da; el dinero non olet y su acumulación no tiene límites.

Esa es la razonable posición de la Plataforma. Pero su punto de vista no es compartido de forma generalizada. En Catalunya hay en estos momentos dos grandes –casi gigantescos- procesos de privatización de la gestión del agua, que, además, se están diseñando y realizando en las tinieblas de las telarañas institucionales. Son, por tanto, antidemocráticos (a pesar de las voces que curiosamente, desde el poder nacionalista, tanto hablan de democracia -¿en qué “democracia” estarán pensando?- estas últimas semanas) y en absoluto solucionan lo que los “interesados” afirman.

Se está privatizando, por una parte, la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que suministra agua desde los ríos hasta los depósitos municipales para cinco millones de personas. La privatización de ATLL, empresa ganadora de premios internacionales por su excelente gestión, supondría la entrada de unos 300 millones de euros en las arcas de la Generalitat. Si pensamos en la cifra de la deuda pública catalana actual –unos 48.000 millones-, la comparación se cae por su propio peso. Tampoco las tensiones de tesorería –los gastos mensuales son de media unos 2.800 millones de euros-, tras “la magnífica e impecable gestión” del excelso catedrático don Andreu Mas-Colell, quedarían disueltas (el ingreso representaría menos de la novena parte de los gastos corrientes de un mes). El déficit, por lo demás, tampoco se podría maquillar mucho con una cantidad así.

Con la operación se pretende dar el control de la empresa al sector privado durante unos 50 años. ¡Todo lo público y sólido se pretende que se desvanezca en el huracán privatizador! Aunque es innecesario decirlo, vale la pena señalarlo: la propuesta no figuraba en el programa electoral de CiU. Ni una sola referencia en sus páginas. Como con tantas otras cosas.

Se han presentado hasta el momento dos empresas, candidatas a la privatización: AGBAR, Aigües de Barcelona, una empresa de capital francés (75%) y de La Caixa (25%), junto con un fondo de inversión australiano y una sociedad canadiense, y ACCIONA, acompañada de un banco brasileño de inversiones y de un conjunto de empresas y fondos de inversión. Para la Plataforma, “guanyi qui guanyi, hi perd el país”; gane quien gane, pierde el país, pierde la ciudadanía.

La propia Generalitat prevé un aumento de la tarifa a lo largo de los 50 años de un 300%, ¡un 6% anual de media!. Se ha contabilizado en 1.800 millones los beneficios que obtendría el ganador del concurso (¡unos 36 millones de euros anuales!), que evidentemente no se reinvertirán en el servicio –no es esa su forma usual de actuar- sino que irán directamente a los bolsillos de los accionistas (algunos de ellos, como se ha señalado, amigos de la casa (La Caixa) y fondos -es decir, buitres carroñeros- de inversión).

Por otra parte, recuerda la Plataforma, AGBAR, de nuevo AGBAR -¡el poder de La Caixa en Cat.com es inconmensurable!-, que suministra el agua de aproximadamente el 80% de las viviendas de Catalunya –ya sea bajo la forma de AGBAR, SGAB, SOREA u otras [1]-, lo hace de manera “ilegal” en Barcelona y en una veintena de municipios más, tal y como se constata en una sentencia judicial de 2010. ¡Nadie le ha dado concesión para ello! Pero ellos siguen. ¡Agbar actúa con mando en plaza sin tener autorización para ello! Cuando aquí abrimos el grifo del agua estamos aumentando los beneficios de una empresa que despide trabajadores cuando les apetece, que aumenta las tarifas arbitrariamente, que está implicada en numerosos casos de corrupción y que, desde luego, procura tener numerosas conexiones con las administraciones para actuar con la máxima inmunidad.

Qué hacer entonces, se pregunta a la Lenin la Platafoma. Algunas de sus sugerencias:

Difundir entre amigos y conocidos (y en redes y colectivos) la información detallada de lo que está pasando.

Se está impulsando una Iniciativa Ciudadana Europea –al estilo de una IPL catalana- para conseguir que el agua quede fuera de las sacrosantas “leyes del mercado”. ¡Podemos y debemos firmarla! ¡No en nuestro nombre, no contra nuestra agua!

Unos 32 municipios donde viven más de 1.200.000 habitantes (entre ellos, desde luego, no está la Barcelona convergente-pepera) ya se han manifestado en contra de la privatización de la ATLL. ¿Lo han hecho ya en nuestro municipio nos preguntan los amigos de la Plataforma? ¿Qué podemos hacer para presionar y decantar su probable oposición?

¡Organicemos encuentros en barrios, casales, asociaciones, institutos, universidades, en plazas! Hay más formas de lucha, resistencia y organización. Entre todos podemos encontrarlas. ¡Nos va el agua -que es vida- en ello!

Se trata de conseguir entre todos y todas que el agua vuelva a estar en manos de la ciudadanía, de donde nunca debería haber salido. ¡Podemos conseguirlo!

Si pensamos lo que puede ocurrir si consiguen mayoría absoluta el próximo 25 de noviembre, mejor ponerse a temblar, es decir, a lucha y a resistir. Otro motivo más para apoyar la huelga del próximo 14 de noviembre. ¡Lo quieren todo y lo quieren ahora! Ese es su programa de la hora.

PS: ¿Alguien puede pensar que un gobierno, un partido político, con estas finalidades y procedimientos, puede significar en cualquier ámbito que consideremos un avance social por pequeño, por insignificante que éste sea? ¿Para qué creemos que puede servir un proceso de soberanismo independentista dirigido por los privatizadores max-max de Convergència y Unió, los que –según sus propias declaraciones- quieren arrojar prácticamente todo lo público a la cuneta de lo estéril e ineficaz empezando -o siguiendo mejor- por un bien tan esencial como el agua?

Nota:

[1] En el mundo, señalan los miembros de la Plataforma, el 90% del agua la gestiona el sector público, lo contrario que aquí, a “casa nostra”.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158745

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