El Ingreso Mínimo Vital y una coyuntura marcada por la polarización en la gestión de la crisis del Covid-19

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Camino de la sexta y última prórroga del estado de alarma, hasta el 21 de junio, el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) cuenta, según las encuestas (1 y 2), con un amplio apoyo a favor del confinamiento (entre el 60% y el 70%), un respaldo aún superior a las medidas extraordinarias y especialmente al Ingreso Mínimo Vital (83,4%) y, sin embargo, su gestión de la crisis se sitúa entre el 35% y el 46%. Este último dato refleja una polarización extrema que reduce los apoyos a los votantes del PSOE y Unidas Podemos y a un rechazo casi total de los del PP (89%), Vox (94%) y Ciudadanos (75%). Ni siquiera la gestión de la epidemia por la sanidad pública escapa del todo a esta polarización, a pesar de los aplausos desde los balcones de las ocho de la tarde: aunque el 78% declara su satisfacción, el 35,5% de los votantes de Vox la rechaza y el 28,1% de los de ERC.

Los índices citados reflejan bastante bien lo vivido en el Reino de España este mes, en especial alrededor del debate parlamentario de la cuarta prórroga del estado de alarma, el 6 de mayo. El bloque de la moción de censura en el que se apoyaba el GCP se rompió con los votos en contra de ERC y la abstención del BNG, pero pudo mantener los del PNV y recomponer la mayoría necesaria con 178 votos a favor frente a los 75 del NO, gracias a Ciudadanos. Dos semanas más tarde, el 21 de mayo, la quinta prórroga acentuó las dificultades del gobierno PSOE-UP, con el paso al No de Compromís junto con ERC, la consolidación del bloque derechista del NO con la suma del PP a Vox y Unión del Pueblo Navarro, en un recuento de 177 SI y 162 No. A lo que hay que sumar la reacción de rechazo de sectores del PSOE a la negociación con Bildu, excluida de las negociaciones para el apoyo al GCP en enero, para asegurar su abstención a cambio de la aplicación de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, que figuraba ya en el programa del gobierno de coalición PSOE-UP.

La estrategia de acoso y derribo del PP y Vox

El clima de crispación, insultos y calumnias del debate parlamentario volvió a situarlo donde lo había dejado el 7 de enero la formación del GCP. Pero además lo ha vuelto a acompañar de una campaña de movilización en la calle, a pesar del estado de alarma, de Vox, con su epicentro en el burgués barrio de Salamanca en Madrid, que volvió a reclamar esperpénticamente su carácter de “territorio nacional” frente a la “opresión del gobierno social-comunista”, como ya hizo el 4 de enero una manifestación de 15.000 personas “Por el futuro de España Unida”. Y más grave aún, las cloacas del aparato del estado, desde la “policía patriótica” alentada por el exministro del interior del Opus Dei de Rajoy, Jorge Fernández, hasta los restos de la red Villarejo, han vuelto a levantar cabeza en la actuación de altos cargos de la Guardia Civil, actuando como policía judicial contra el GCP.

Y sin embargo, la polarización política de la que nació el actual gobierno de coalición ha mejorado desde el 7 de enero en términos parlamentario: entonces recogió 167 votos a favor y 18 abstenciones. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces en estos seis meses?

Desde luego no la estrategia de acoso y derribo diseñada por Aznar y FAES para la nueva dirección Casado del PP, con la ayuda estimable de Vox, a pesar de dividir el voto de la derecha extrema. Se acusa a Pedro Sánchez de usurpar el gobierno, tras la moción de censura por corrupción contra Rajoy, gracias a una coalición social-comunista con una fuerza autocalificada de antisistema, Unidas Podemos, y el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, revirtiendo la política “nacional” de la aplicación del art. 155 en Catalunya y sustituyéndola por una “mesa de diálogo”. Se reproduce así, casi 90 años más tarde, la narrativa derechista contra la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936. Con la diferencia de que se espera que la mayoría parlamentaria que apoya al GCP se rompa por la presión de las fuerzas de la derecha, la imposición de un nuevo plan de rescate neoliberal por la UE y ahora la reacción contra su gestión de la crisis del Covid-19. Esta estrategia está en marcha incluso antes de la formación del GCP y simplemente ha pensado encontrar un terreno más fértil de movilización institucional, judicial y en la calle en las nuevas circunstancias de la pandemia. Según las encuestas, a pesar de todo, no ha conseguido avances significativos.

Tampoco los límites estructurales que el Régimen del 78 impone e hizo suyos el GCP en su programa. Pero la gestión de la epidemia del Covid-19 y la desaceleración económica que el confinamiento ha catalizado en una segunda Gran Recesión, con una esperada caída del PIB de casi el 10% y un crecimiento exponencial del déficit y la deuda públicos, están tensando esos límites hasta niveles insospechados. Para resumir la idea: si antes de enero de 2020 las clases oligárquicas del Reino de España tenían grandes dificultades para seguir dominando como antes a través del Régimen del 78, tras la epidemia del Covid-19 y la agudización del conflicto de intereses sociales que plantea la segunda Gran Recesión es prácticamente imposible. Además de dominar, necesitan gobernar directamente para imponer sus intereses con una contrarreforma conservadora del Régimen del 78, acabando con el GCP.

Los márgenes, los tiempos y la urgencia es lo que ha cambiado en estos meses, como reflejo de la agudización del conflicto de intereses sociales, para cambiar la actual correlación de fuerzas a favor de unas derechas extremas radicalizadas.

Si algo cabe señalar ha sido la parálisis y la incoherencia política de la nueva dirección Casado al frente del PP, que no ha sido capaz de articular en esta estrategia una respuesta táctica frente a la gestión del GCP de la epidemia hasta prácticamente la quinta prórroga y a partir de ese momento para diferenciarse de Vox. El precio que ha pagado por ello ha sido la ruptura de la coalición “trifachita” que hegemonizaba con el desplazamiento de los restos de Ciudadanos que dirige Arrimadas para la reconstrucción de un espacio propio de centro, abierto a la negociación puntual con el GCP como contrapeso “útil y españolista” a ERC.

Pero los intentos de Casado de confrontar una gestión alternativa a partir de la Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso, han rozado lo esperpéntico, desde la compra de material sanitario al propio hospital de emergencia de IFEMA, pasando por la subcontratación de servicios al sector sanitario privado y el abandono casi total de las residencias de ancianos, donde se ha producido prácticamente más de la mitad de las defunciones. Tras la herencia de erosión y saqueo de la sanidad pública madrileña a favor de la privada por los distintos gobiernos autonómicos del PP, no es de extrañar que la primera movilización social haya sido la de los propios sanitarios, exigiendo la recuperación de los niveles promedio estatales de personal y medios.

La gestión del GCP del estado de alarma

El desafío del GCP es, al menos, doble. Por un lado, cómo ampliar su base social y su apoyo parlamentario en un horizonte de legislatura de cuatro años, en medio de la agudización del conflicto de intereses y de la múltiple crisis institucional del Régimen del 78. Por otro, y condición para ello, cómo ampliar su margen de actuación presupuestaria y de gestión de la deuda pública en el marco de la Unión Europea.

Su primera respuesta, en la gestión de la epidemia y sus primeras consecuencias económicas, ha sido situar la agenda social en el centro, con un incremento del salario indirecto y de las transferencias para mantener las prestaciones de un estado del bienestar erosionado multiplicando por tres el déficit público y buscando apalancar la deuda pública para hacerla sostenible en los mecanismos de financiación de la UE, sin que estos se hayan concretado por el momento. Las medidas urgentes de apoyo a la sanidad pública, a los ERTEs y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a pesar de las muchas dificultades de gestión administrativa y de su evidente insuficiencia, han creado derechos que están siendo apoyados según las encuestas bastante más allá de la base electoral del bloque parlamentario del GCP, pero no se traducen en un apoyo político a este, en buena medida porque sus efectos no se han hecho sentir todavía y por la amenaza de un crecimiento muy rápido del paro que afecta no solo a los sectores de la economía informal y los precarios, sino también a los sectores con convenios colectivos, como anuncian los cierres de Nissan en Barcelona y Alcoa en Lugo.

Con esta prioridad de la agenda del “escudo social”, el GCP ha pretendido confinar los restantes conflictos que definen la crisis del Régimen del 78. En primer lugar la crisis fiscal del Estado de las Autonomías, con una recentralización de los escasos recursos financieros y de la gestión sanitaria de la epidemia, buscando equilibrar las presiones centrífugas unilaterales con la celebración casi semanal de las Conferencias de Presidentes Autonómicos, que difícilmente sobrevivan el fin del estado de alarma. El Estado de las Autonomías como mecanismo de gestión descentralizada y modernización – a no confundir con la cuestión nacional- , ha demostrado en buena medida su ineficacia y ser un terreno de enroque de fuerzas caciquiles. Y en segundo lugar, la crisis constitucional en Cataluña, cuya resolución democrática sigue pendiente a la espera de la constitución de la “mesa de dialogo” prevista en el programa del GCP, mientras se acentúa la tensión entre las fuerzas soberanistas que gobiernan la Generalitat ante la estrategia a seguir.

Pero la tensión política alimentada por la estrategia de acoso y derribo del PP y Vox desde comienzos de mayo ha tenido también el efecto doble de presentir las consecuencias de una posible gestión de la derecha extrema neoliberal de la segunda Gran Recesión que se viene encima, obligando a las fuerzas de la moción de censura a hacerle frente; y, en paralelo a obligar al GCP, y especialmente al PSOE, a reabrir la perspectiva de la negociación con esas mismas fuerzas para dar credibilidad a su escenario de una legislatura de cuatro años. Si las negociaciones con el PNV han incluido la gestión del IMV en Euskadi y Navarra y la cogestión de las fases de la epidemia, las que tienen lugar con ERC parecen haber cambiado su posición del NO a la abstención para la sexta prórroga y recompuesto el espacio de apoyos políticos del gobierno PSOE-UP existente en febrero.

Todo esto, sin embargo, son solo prolegómenos a la prueba de fuego del GCP: la negociación de los presupuestos de 2021, con las presiones de fondo de ajuste fiscal de la UE y las dificultades para concretar la naturaleza del Fondo de Reconstrucción Europeo propuesto por Francia y Alemania. En un escenario vertiginoso de caída de 10 puntos del PIB, aumento de la deuda pública por encima del 100% del PIB y un desempleo del 20-22%.

Si las clases oligárquicas del Régimen del 78 no pueden gestionar sus intereses dominantes como hasta ahora, tampoco pueden las izquierdas enfrentarse a este escenario de polarización política y crisis social con las herramientas políticas oxidadas de la Transición. Necesita urgentemente diseñar una estrategia hegemónica a favor de los intereses de la mayoría de la población y abrir un horizonte de medidas republicanas y socialistas.

El Ingreso Mínimo Vital: fantasías y realidades

Algunos de los responsables de la creación del IMV han estado ligados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que fue su presidente desde 2014 hasta hace pocos meses. Y la AIReF tiene como uno de sus objetivos: “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. El artículo 135 del PP y del PSOE que reformaron la Constitución para beneficio de la banca y que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Mal presagio.

El Consejo de Ministros aprobó el IMV el pasado 29 de mayo. A lo largo de las últimas semanas, casi desde el inicio del estado de emergencia, fueron sucediéndose noticias que poco después se desmentían y volvían a aparecer otras acerca de un posible subsidio de urgencia o bien permanente. Como no podía ser de otra forma, la extrema derecha y la derecha extrema estuvieron bombardeando, dentro de su campaña de acoso y derribo, con el peyorativo término de “la paguita” para desprestigiar cualquier posible medida a favor de las personas pobres. Actitud agresiva que cambió hacia otra más benevolente cuando las encuestas mostraron el alcance del apoyo al IMV. En cualquier caso, el viernes 29 se aprobó lo que llevaba en el programa el PSOE, el IMV, aunque recortado. Unidas Podemos en su programa electoral ofrecía un subsidio parecido con un presupuesto de 10.000 millones, el IMV de programa del PSOE hablaba de 6.000 millones. Pocos días antes de aprobarse, algunas declaraciones de ministros o personas próximas al gobierno anunciaban la cantidad de 5.000 millones. Finalmente, han sido 3.000. Que quizás haya de rebajar cuando se complemente el IMV con los subsidios similares que existen en las Comunidades Autónomas. 3.000 millones: un 30% de lo presupuestado por UP y un 50% por el PSOE en sus respectivos programas electorales. La razón aducida de los más bien escuálidos 3.000 millones no es otra que la prudencia, la imposibilidad de asignar más fondos, la inmensidad de los gastos que debe afrontar el gobierno, etc. Lo habitual. Algo alejado de la situación extraordinaria en la que estamos inmersos.

Distintos miembros del gobierno y académicos favorables al IMV han llegado a escribir o emitir expresiones como “conquista histórica”, un “paso de gigante en el Estado de Bienestar”, o, con un tono de gesta, “el IMC puede estar a la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, y así hasta una larga lista. Es tentador el autobombo, incluso comprensible en el escenario político que vivimos. Pero excederse un poco en el autobombo puede provocar sonrisas hasta benévolas. Excederse mucho, el ridículo. Puede haber extrañado a más de uno, aunque a otros no por lo esperado, la innecesaria y torpe agresividad hacia las personas que, a partir de los avances y declaraciones ministeriales anteriores a la aprobación del IMV, ya habían expuesto las graves limitaciones por no decir extremas insuficiencias del subsidio para pobres del GCP. Incluso el calificar de “subsidio para pobres” al IMV quizás es demasiado generoso y general, ya que el propio ministro dijo que era para extremadamente pobres. Parece que a algunos molesta sobremanera que se llame a los subsidios para pobres precisamente subsidios para pobres. Ojalá fueran otra cosa. Las insuficiencias respecto a otras propuestas que podrían haberse estudiado como una renta básica son tan extremas que no nos detendremos ya que lo hacen algunos artículos de esta edición y habrá ocasión de hacerlo con detenimiento en próximos Sin Permiso. Concretamente, disponemos de nuevos datos y cruce de los mismos de forma no hecha hasta el momento, así como de un modelo de financiación renovado, que permitiría el establecimiento de una renta básica para todas la ciudadanía y residencia acreditada del Reino de España, que muestra las grandes perspectivas que esta propuesta ofrece. Se publicará el próximo domingo en Sin Permiso. Alguien puede calificar a esto de “narcisismo intelectual”. Creemos más bien que a esto se le debe llamar insistencia investigadora. Y como toda propuesta que va en serio, abierta a todo lo erróneo que pueda tener en un debate con datos, no con calificaciones facilonas.

Hagamos algunos pequeños números sobre el IMV. Muy pocos. Tomemos los más favorables al mismo, los que se definen desde el propio gobierno dándolos por buenos, sin entrar a cuestionarlos. Según estos datos, se llegará a 2,3 millones de personas muy pobres. Tomemos los datos de Oxfam, que nadie ha desmentido, según los cuales había un 9,18% de la población en 2019 de pobres extremos. Es decir, 4,4 millones de personas. En el escenario más ventajoso del gobierno, el IMV va a cubrir a un poco más de la mitad de los pobres extremos… que había en el año 2019, antes de las condiciones sociales y económicas provocadas por la pandemia. Pero sacarlos de la pobreza extrema para situarlos en la pobreza. No sacarlos de la pobreza. El ministro Escrivá declaró a El Periódico el 24 de mayo: Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda. Sigamos con los números. Si pasamos de los extremamente pobres a los pobres en general, el conjunto de personas por debajo del umbral de la pobreza era en el año 2019 de más de 10 millones de personas. Ahora hay más y al finalizar el año, habrá muchos más producto de una situación tan extraordinaria como la actual. Dejar fuera del IMV al menos al 75 u 80% de pobres y llamar a esta medida el “no va más” de las medidas sociales es como mínimo distorsionar un poco la realidad. Otra cosa es admitir que el IMV paliará algo la terrible situación. Que es mejor que nada. Algo indiscutible. Pero calificar al IMV como “la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, francamente, es además de frívolo un cierre al horizonte que necesitamos abrir a la altura de las necesidades de la mayoría de la población.

Que centenares de entidades hayan manifestado en el Plan de Choque Social que El IMV nace ineficaz e insuficiente tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, puede ser minimizado por el GCP porque son “radicales”, “demasiado extremistas” o cosas así. Pero el secretario general de la UGT, sindicato que siempre ha defendido rentas mínimas condicionales, escribió en La Vanguardia (31 de mayo): “Esta prestación [el IMV] nace burocrática y centralizada, y presenta debilidades que no queremos”.

Se podía haber sido mucho más ambiciosos, a la vista de las transferencias efectuadas de ayuda al capital empresarial y bancario, cuando se realizaron generosamente y sin demora. El IMV se queda corto de entrada y aun está por ver como se resuelve su gestión administrativa, visto el precedente de los ERTEs y otras medidas de emergencia. Tal como está la situación política, no hay espacio para errores graves.

Fuente: Sin Permiso

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