El grave ataque a la libertad de expresión que supuso el cierre de Egunkaria

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Por Eulixe

Hace hoy [jueves 20-2-2020] 17 años la Audiencia Nacional mandó cerrar el periódico en euskera Egunkaria. En aquella operación el juez instructor de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó la clausura temporal y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria, por formar parte, presuntamente, de un conglomerado empresarial controlado por ETA. En la misma operación se arrestó a un total de diez personas, que denunciaron haber sufrido torturas. En 2010, el cierre fue declarado ilegal y los directivos absueltos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

El 20 de febrero de 2003, la Guardia Civil irrumpió en la redacción del único periódico editado en euskera, detuvo a sus responsables y abrió un proceso judicial que acabó en absoluciones. La mayoría de los medios españoles miró para otro lado en aquel momento. Hace así 17 años que Euskadi perdió un emblema de la comunicación y la cultura vasca. “Por eso, porque éramos algo emblemático de este país, nos cerraron”, aseguró posteriormente Martxelo Otamendi, uno de los periodistas más reputados del País Vasco.

Egunkaria fue el primer diario editado íntegramente en euskera tras la muerte de Franco. Antes hubo otro, que se llamó “Eguna” y que también tuvo un fin traumático: dejó de salir en 1937, cuando los franquistas entraron a Bilbao. Pero tampoco fue el primer periódico vasco cerrado en democracia. Poco antes, en 1998, el gobierno del PP también actuó contra el diario Egin. Tanto en un caso como en otro, la acusación fue la misma: una hipotética subordinación o pertenencia a un entramado terrorista. Sin embargo, dicha teoría (enmarcada en el “Todo es ETA”) sería posteriormente descartada por los tribunales: en mayo de 2009, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la “ilicitud” de Egin, mientras que en abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvió a todos los imputados en la causa contra el periódico Egunkaria.

En octubre de 2010, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar las torturas denunciadas por Martxelo Otamendi, obligando a indemnizar al periodista con 24.000 euros.

Fuente: Eluxie

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