El gobierno municipal de Tarragona quiere cesar a la concejal de la CUP Laia Estrada

Por Jordi Sans / Directa.cat

Según los cupaires, se trata de un hecho “inédito” teniendo en cuenta que es la primera vez que se quiere cesar a una concejala en cumplimiento de una sentencia que no conlleva la entrada en prisión

Estrada, junto con dos activistas más del colectivo feminista Cau de Llunes, está condenada a tres meses de prisión a raíz del llamado caso Bershka, abierto a partir de una acción llevada a cabo en 2009 para denunciar la presión estética en la moda.

 

Ofensiva política al activismo. El gobierno municipal de Tarragona ha incluido un punto en el orden del día del pleno que se celebra este lunes con el objetivo de cesar de su cargo de concejala a una de las representantes de la CUP en el consistorio. Laia Estrada, que conjuntamente con Jordi Martí Font forma parte del grupo municipal anticapitalista, fue condenada hace unas semanas a tres meses de prisión por la sala cuarta de la Audiencia de Tarragona por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad – tras la ratificación del Tribunal Supremo (TS) – a raíz de una acción que tuvo lugar el 7 de enero de 2009 en la Rambla Nova y que quería señalar la presión estética como forma de violencia machista.

La sentencia afecta especialmente a Estrada, ya que estipula que se aplica a las acusadas, además de los tres meses de prisión, una “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”

El caso, conocido con el nombre de Caso Bershka , ha terminado con condenas de tres meses para tres de las personas presentes en el episodio pero afecta especialmente a Estrada, ya que la sentencia estipula que se aplica a las acusadas una “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena “. Este último punto referente al sufragio pasivo implicaría que en unas próximas elecciones la concejala no podría ostentar el cargo, pero no hace referencia a la necesidad de tener que dejar el escaño. En este sentido, este punto es el que ha generado polémica entre los diversos grupos del consistorio y a la vez ha sido el que ha motivado la alcaldía a llevar a cabo una proposición que dejaría a la concejala sin lugar en el plenario.

El hecho de que se trate de una pena que no requiere ingreso en prisión hace que los cupaires consideren la decisión política una “vendetta” contra su portavoz, teniendo en cuenta que el grupo municipal fue el que destapó el caso de corrupción Inipro y que llevará a los tribunales en calidad de investigados al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), y la también concejala socialista Begoña Floria. Por su parte, los socialistas reiteran que no se trata de una decisión política sino de una acción que servirá para sacar adelante el dictado de la sentencia.

Interpretaciones de la sentencia

El corpus de todos estos movimientos es un documento redactado por el secretario municipal en el que se explicita que Estrada, en tanto que persona condenada por una sentencia firme, “conlleva que la persona afectada sea incompatible con el ejercicio del cargo de concejal”. Sin embargo, según explica la CUP, el 27 de diciembre de 2016, aunque sin una sentencia firme por parte de los tribunales, “el Secretario del Ayuntamiento de Tarragona -aparentemente por iniciativa propia y sin justificación al respecto- se dirigió al grupo municipal para comunicar verbalmente que la persona afectada debía abandonar su cargo “. Fue entonces cuando la CUP solicitó un informe escrito que justificara esta decisión.

 

Rueda de prensa del grupo de apoyo a las encausadas por el Caso Bershka 2016

 

El documento, con fecha de 11 de enero de 2017, quedó apartado de la escena política hasta que se convocó el pleno que se celebrará hoy y en el que ha sido incluida una propuesta de alcaldía compuesta por tres puntos. El texto finaliza con una solicitud a la Junta Electoral Central de poder llenar la vacante de la concejala con un otra de las personas que conformaban la lista electoral. A diferencia de éste, los otros dos puntos restantes no serán sometidos a votación, ya que generan controversia entre los diversos grupos municipales que forman el plenario, incluso entre los partidos del mismo gobierno formado por PSC, PP y un concejal de Unidos para Avanzar -la antigua Unión Democrática de Cataluña (UDC) – que se ha desmarcado de la cuestión. En la última sesión de Junta de portavoces, tal como informó la misma Estrada a través de las redes sociales, la concejala tuvo que esperar fuera de la sala cuando se trataba el punto que le afectaba. Asimismo, teniendo en cuenta que no se avisó con antelación de este hecho, el concejal Jordi Martí Font tampoco pudo hacer acto de presencia y la CUP no pudo defender su visión de los hechos.

Un informe encargado por la CUP contradice el redactado por el secretario municipal y afirma que la sentencia tendría un efecto sobre el cargo “tan sólo en la imposibilidad de obtenerlo durante el tiempo de la condena”

Según los cupaires, se trata de un hecho “inédito” teniendo en cuenta que es la primera vez que se quiere cesar a una concejala en cumplimiento de una sentencia que no conlleva la entrada en prisión al ser inferior a los dos años y un día. En este sentido, un informe encargado por la CUP recalca, en contraposición con el redactado por el secretario municipal, que la sentencia tendría un efecto sobre el cargo “tan sólo en la imposibilidad de obtenerlo durante el tiempo de la condena”. Igualmente expone que “la causa de incompatibilidad consistente en haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad sólo concurrirá cuando el cargo público cumpla efectivamente la pena de prisión impuesta y mientras dure el cumplimiento de esta”. Es decir, tan sólo tendría efecto si comportara la

La formación anticapitalista ha anunciado una concentración en apoyo de la concejala Laia Estrada para hoy a las 13 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y no descarta explorar nuevas vías legales para encontrar una solución a la situación planteada.

la génesis

El origen de la situación se sitúa en 2009, después de una acción de la organización feminista Cae de Lunas en la que se pretendía hacer visibles las presiones a las que están sometidas las mujeres también por parte de la industria textil. Por este motivo se escogió el primer día de la campaña de rebajas de ese año y un establecimiento de la marca de ropa Bershka ubicado en la Rambla, en el exterior se marcó en el suelo una silueta de mujer con yeso y se procedió a la lectura de un manifiesto. La acción se llevó a cabo en dos tiendas sin incidentes, pero al llegar a la franquicia de la marca Bershka -que hoy ya no existe aunque ha acabado dando nombre al caso- una patrulla de la Guardia Urbanade Tarragona intentó impedir el desarrollo de la performance y requisar el megáfono de una de las activistas. La irrupción de los agentes generó momentos de tensión durante los cuales, tal como se aprecia en unas imágenes que difundió TV3, se agrede a patadas y puñetazos algunas de las participantes en la protesta.

Según cuentan las mujeres de Cau de Lunas, fueron objeto de “golpes, insultos, vejaciones y amenazas” por parte de los agentes de la Policía Municipal

A continuación, como se vislumbra en las imágenes, tres de las activistas fueron retenidas en un portal, mientras otros agentes retirar el resto. Fue en este lugar donde, según cuentan las mujeres de Cau de Lunas, fueron objeto de “golpes, insultos, vejaciones y amenazas”. Uno de los retenidos, colaborador de la prensa local, también afirma que le dañaron la cámara de fotos.

Por todo ello, el episodio terminó con una petición fiscal de dos años de prisión por un delito de atentado y faltas de lesiones, peticiones a las que también se sumó la Policía Municipal y el Ayuntamiento de Tarragona, personados el caso como acusación particular. En 2015 la CUP pidió que el

Respuesta a la corrupción

A todo ello hay que sumar los casos de corrupción que rodean los socialistas tarraconenses, en los que la CUP ha sido una pieza central a la hora de hacerlos salir a la luz. Por un lado, el alcalde Ballesteros y la consejera municipal Begoña Floria deben comparecer ante los tribunales por el caso de corrupción Inipro . Este caso gira en torno a un presunto desvío de capitales desde el presupuesto de servicios sociales hacia ciberactivistas, que habrían visto recompensada con este dinero su trabajo para promocionar el PSC y el alcalde en las redes sociales.

Al mismo tiempo, los anticapitalistas destaparon el año 2016 el caso de especulación urbanística del futuro barrio de la Budellera, Operación en la que tomó parte como concejal de urbanismo José María Milán. Él mismo habría sido el ejecutor de las obras utilizando su propia empresa, Despacho Milán SL, de la que se habría desvinculado antes de adquirir el cargo municipal de concejal para dejar al frente su hijo Pepe Milán, que tiene el cargo de arquitecto socio dentro de la estructura de la SL la semana pasada, José María Milán, aunque concejal de urbanismo, fue citado por el Juzgado número 1 de Tarragona para dar explicaciones a raíz de una querella presentada por los cupaires. Desde el gobierno municipal dan “apoyo al consejero Milán ante esta ofensiva totalmente inexplicable”, mientras que la CUP ya ha anunciado una rueda de prensa para el miércoles donde explicará los próximos pasos en el caso.

 


El govern municipal de Tarragona vol cessar la regidora de la CUP Laia Estrada

Estrada, juntament amb dues activistes més del col·lectiu feminista Cau de Llunes, està condemnada a tres mesos de presó arran de l’anomenat cas Bershka, obert a partir d’una acció duta a terme l’any 2009 per denunciar la pressió estètica en la moda
Segons els cupaires, es tracta d’un fet “inèdit” tenint en compte que és la primera vegada que es vol cessar a una regidora en compliment d’una sentència que no comporta l’entrada a la presó

Ofensiva política a l’activisme. El govern municipal de Tarragona ha inclòs un punt en l’ordre del dia del ple que se celebra aquest dilluns amb l’objectiu de cessar del seu càrrec de regidora a una de les representants de la CUP al consistori. Laia Estrada, que conjuntament amb Jordi Martí Font forma part del grup municipal anticapitalista, va ser condemnada fa unes setmanes a tres mesos de presó per la sala quarta de l’Audiència de Tarragona per delictes d’atemptat contra els agents de l’autoritat –després de la ratificació del Tribunal Suprem (TS)– arran d’una acció que va tenir lloc el 7 de gener de 2009 a la Rambla Nova i que volia assenyalar la pressió estètica com a forma de violència masclista.

La sentència afecta especialment a Estrada, ja que estipula que s’aplica a les acusades, a més dels tres mesos de presó, una “inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna”

El cas, conegut amb el nom de Cas Bershka, ha acabat amb condemnes de tres mesos per a tres de les persones presents a l’episodi però afecta especialment a Estrada, ja que la sentència estipula que s’aplica a les acusades una “inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna”. Aquest últim punt referent al sufragi passiu implicaria que en unes eleccions vinents la regidora no podria ostentar al càrrec, però no fa referència a la necessitat d’haver de deixar l’escó. En aquest sentit, aquest punt és el que ha generat polèmica entre els diversos grups del consistori i alhora ha estat el que ha motivat l’alcaldia a dur a terme una proposició que deixaria a la regidora sense lloc al plenari.

El fet que es tracti d’una pena que no requereix ingrés a la presó fa que els cupaires considerin la decisió política una “vendetta” contra la seva portaveu, tenint en compte que el grup municipal va ser el que va destapar el cas de corrupció Inipro i que portarà als tribunals en qualitat d’investigats a l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), i la també regidora socialista Begoña Floria. Per la seva banda, els socialistes reiteren que no es tracta d’una decisió política sinó d’una acció que servirà per tirar endavant el dictat de la sentència.

Interpretacions de la sentència

El corpus de tots aquests moviments és un document redactat pel secretari municipal en què s’explicita que Estrada, en tant que persona condemnada per una sentència ferma, “comporta que la persona afectada esdevingui incompatible amb l’exercici del càrrec de regidor”. Malgrat tot, segons explica la CUP, el 27 de desembre de 2016, encara sense una sentència ferma per part dels tribunals, “el Secretari de l’Ajuntament de Tarragona –aparentment per iniciativa pròpia i sense justificació al respecte– va dirigir-se al grup municipal per tal de comunicar verbalment que la persona afectada havia d’abandonar el seu càrrec”. Va ser llavors quan la CUP va sol·licitar un informe escrit que justifiqués aquesta decisió.

Roda de premsa del grup de suport a les encausades pel Cas Bershka l’any 2016

 

El document, amb data d’11 de gener de 2017, va quedar apartat de l’escena política fins que es va convocar el ple que se celebrarà avui i en el que ha estat inclosa una proposta d’alcaldia composta per tres punts. El text finalitza amb una sol·licitud a la Junta Electoral Central de poder omplir la vacant de la regidora amb un una altra de les persones que conformaven la llista electoral. A diferència d’aquest, els altres dos punts restants no seran sotmesos a votació, ja que generen controvèrsia entre els diversos grups municipals que formen el plenari, fins i tot entre els partits del mateix govern format per PSC, PP i un regidor d’Units per Avançar –l’antiga Unió Democràtica de Catalunya (UDC)– que s’ha desmarcat de la qüestió. En l’última sessió de Junta de portaveus, tal com va informar la mateixa Estrada a través de les xarxes socials, la regidora va haver d’esperar fora de la sala quan es tractava el punt que l’afectava. Alhora, tenint en compte que no es va avisar amb antelació d’aquest fet, el regidor Jordi Martí Font tampoc va poder fer acte de presència i la CUP no va poder defensar la seva visió dels fets.

Un informe encarregat per la CUP contradiu el redactat pel secretari municipal i afirma que la sentència tindria un efecte sobre el càrrec “tan sols en la impossibilitat d’obtenir-lo durant el temps de la condemna”

Segons els cupaires, es tracta d’un fet “inèdit” tenint en compte que és la primera vegada que es vol cessar a una regidora en compliment d’una sentència que no comporta l’entrada a la presó al ser inferior als dos anys i un dia. En aquest sentit, un informe encarregat per la CUP recalca, en contraposició amb el redactat pel secretari municipal, que la sentència tindria un efecte sobre el càrrec “tan sols en la impossibilitat d’obtenir-lo durant el temps de la condemna”. Igualment exposa que “la causa d’incompatibilitat consistent en haver estat condemnat per sentència ferma a pena privativa de llibertat sols concorrerà quan el càrrec públic compleixi efectivament la pena de presó imposada i mentre duri el compliment d’aquesta”. És a dir, tan sols tindria efecte si comportés l’entrada a la presó.

La formació anticapitalista ha anunciat una concentració en suport de la regidora Laia Estrada per avui a les 13 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament i no descarta explorar noves vies legals per trobar una solució a la situació plantejada.

La gènesi

L’origen de la situació se situa l’any 2009, després d’una acció de l’organització feminista Cau de Llunes en la que es pretenia fer visibles les pressions a les quals estan sotmeses les dones també per part de la indústria tèxtil. Per aquest motiu es va escollir el primer dia de la campanya de rebaixes d’aquell any i un establiment de la marca de roba Bershka ubicat a la Rambla, a l’exterior del qual es va marcar a terra una silueta de dona amb guix i es va procedir a la lectura d’un manifest. L’acció es va dur a terme en dues botigues sense incidents, però en arribar a la franquícia de la marca Bershka –que avui ja no existeix tot i que ha acabat donant nom al cas– una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona va intentar impedir el desenvolupament de la performance i requisar el megàfon d’una de les activistes. La irrupció dels agents va generar moments de tensió durant els quals, tal com s’aprecia en unes imatges que va difondre TV3, s’agredeix a puntades de peu i cops de puny algunes de les participants en la protesta.

Segons expliquen les dones de Cau de Llunes, van ser objecte de “cops, insults, vexacions i amenaces” per part dels agents de la Policia Municipal

A continuació, com també s’entreveu a les imatges, tres de les activistes van ser retingudes en un portal, mentre altres agents enretiraven la resta. Va ser en aquest lloc on, segons expliquen les dones de Cau de Llunes, van ser objecte de “cops, insults, vexacions i amenaces”. Un dels retinguts, col·laborador de la premsa local, també afirma que li van fer malbé la càmera de fotos.

Per tot plegat, l’episodi va acabar amb una petició fiscal de dos anys de presó per un delicte d’atemptat i faltes de lesions, peticions a les quals també s’hi va sumar la Policia Municipal i l’Ajuntament de Tarragona, personats al cas com a acusació particular. L’any 2015 la CUP va demanar que l’Ajuntament es retirés argumentant que suposava un malbaratament de diners públics ja que la petició de penes coincidia amb la del ministeri fiscal.

Resposta a la corrupció

A tot plegat cal sumar-hi els casos de corrupció que envolten els socialistes tarragonins, en els quals la CUP ha estat una peça central a l’hora de fer-los sortir a la llum. Per una banda, l’alcalde Ballesteros i la consellera municipal Begoña Floria han de comparèixer davant els tribunals pel cas de corrupció Inipro. Aquest cas gira al voltant d’un presumpte desviament de capitals des del pressupost de serveis socials cap a ciberactivistes, que haurien vist recompensada amb aquests diners la seva feina per promocionar el PSC i l’alcalde a les xarxes socials.

Al mateix temps, els anticapitalistes van destapar l’any 2016 el cas d’especulació urbanística del futur barri de la Budellera, operació en la qual va prendre part com a regidor d’urbanisme Josep Maria Milà. Ell mateix hauria estat l’executor de les obres utilitzant la seva pròpia empresa, Despatx Milà S.L., de la qual s’hauria desvinculat abans d’adquirir el càrrec municipal de regidor per deixar-hi al capdavant el seu fill Pepe Milà, que té el càrrec d’arquitecte soci dins de l’estructura de la S.L. La setmana passada, Josep Maria Milà, encara regidor d’urbanisme, va ser citat pel Jutjat número 1 de Tarragona per donar explicacions arran d’una querella presentada pels cupaires. Des del govern municipal donen “suport al conseller Milà davant d’aquesta ofensiva totalment inexplicable”, mentre que la CUP ja ha anunciat una roda de premsa per dimecres on explicarà els pròxims passos en el cas.

https://directa.cat/actualitat/govern-municipal-de-tarragona-vol-cessar-regidora-de-cup-laia-estrada

-->
COLABORA CON KAOS