El Gobierno español juzga a cinco luchadores internacionalistas vascos

Por Resumen Latinoamericano /Telesur

El juicio a Dabid Soto, Unai Vázquez, Aritz Ganboa, Gabi Basañez y Walter Wendelin y las organizaciones Askapena, Askapeña, elkartruke y herriak aske es otra prueba de cómo el estado español coarta y agrede a quienes luchan por la independencia vasca. Este lunes 19 de octubre dio inicio en San Fernando de Henares, Madrid, el […]

El juicio a Dabid Soto, Unai Vázquez, Aritz Ganboa, Gabi Basañez y Walter Wendelin y las organizaciones Askapena, Askapeña, elkartruke y herriak aske es otra prueba de cómo el estado español coarta y agrede a quienes luchan por la independencia vasca.

Este lunes 19 de octubre dio inicio en San Fernando de Henares, Madrid, el juicio a Dabid Soto, Unai Vázquez, Aritz Ganboa, Gabi Basañez y Walter Wendelin, internacionalistas vascos pertenecientes a la organización internacionalista vasca Askapena y contra las organizaciones.

​ En declaraciones a los periodistas en las afueras del juzgado Unai Vázquez ha dicho que se trata de un juicio político y ha dicho que “en base a perspectivas políticas nos condenarán o no, pero nosotros tenemos claro que este es un tribunal de excepción y que, al fin y al cabo, como decía Fidel Castro, la Historia nos absolverá, independientemente de que este tribunal nos absuelva o no nos absuelva”.

El juicio es otro más de una larga lista con los que el Estado español pretende criminalizar, desprestigiar y desactivar al movimiento popular vasco mediante ilegalizaciones y continuas violaciones de derechos civiles y políticos.

Las acciones del Estado son repudiadas por gran parte de la sociedad vasca con movilizaciones populares y la desobediencia civil, que son reprimidas con violencia por parte de las policías del gobierno.

El 28 de septiembre de 2010 la policía nacional española imputa de colaboración en actos organizados por el grupo separatista vasco ETA a 12 internacionalistas vascos de los cuales ocho son detenidas. Cinco pasaron a prisión pre­ventiva y fueron liberadas después de seis meses con fianzas de 60.000 euros

En enero de 2015 se formula la petición del fiscal en la cual se mantiene la acusación de “colaboración con banda armada” de los cinco imputados que habían sido encarcelados en 2010 acusados de actividades como la organización de brigadas de solidaridad internacionalistas, relaciones con los comités de solidaridad con Euskal Herria (Euskal Herriaren Lagunak), asistencia a foros sociales mundiales, congresos, encuentros y simposios internacionales y cam­pañas de boicot a Israel y a Coca-Cola.

Las acusaciones de la fiscalia contra los internacionalistas y las cuatro organizaciones radican en la teoría expuesta por el juez Baltasar Garzón de que “todo es ETA” por la que organizaciones sociales, políticas, juveniles, periódicos y distintos medios de comunicación han sido ilegalizados, clausurados y sus militantes torturados y encarcelados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional da por probado que todas estas actividades no delictivas han sido realizadas por orden de la ETA y por ello merecen pagar un mínimo de seis años de cárcel.

La defensa de los cinco internacionalistas se basará en la presentación de alrededor 30 testigos quienes sostendrán que las acciones llevadas a cabo por los acusados y las organizaciones no respondieron a órdenes de ETA

Los acusados no se consideran culpables, pero tampoco víctimas ya que conocían y eran conscientes de la corrupción, de las políticas de represión, de las razones de Estado, de los intereses partidarios y económicos y de las incompetencias del Estado español en todos los ámbitos

El juicio contra los cinco miembros de Askapena responde a las políticas para criminalizar el movimiento independentista vasco y contra el anhelo del pueblo vasco de ser un estado soberano

Ante el juicio político por parte del Estado español a los luchadores vascos surgen criticas dentro de la sociedad vasca y española. Cómo un país que coarta todas las libertades a personas y organizaciones sociales que luchan por la independencia y reivindicaciones sociales critica abiertamente a otros gobiernos como el de Venezuela donde se protegen los derechos humanos, a juicio justo de todos los detenidos.

Desde 1999 el Estado español a través de su tribunal especial (Audiencia Nacional) ha cerrado pe­riódicos y radios, ha ilegalizado partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, ha detenido, torturado, encarcelado, desaparecido y asesinado a cientos de militantes vascos.

Actualmente hay 463 presos y presas políticas vascas dispersados de uno en uno o dos por las cárceles y módulos tanto en España como en Francia a cientos o más de kilómetros de sus familias.

Hay 2000 personas entre refugiados, exiliados y deportados en diferentes países de América y África, algunas en pésimas condiciones sin poder volver.

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