El Gobierno español pidio a Facebook datos sobre 715 usuarios

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) ha podido saber que en el primer semestre de 2013 el Gobierno español pidió a Facebook 479 solicitudes de datos sobre 715 personas usuarias de esta red social. Facebook entregó dichos datos en el 51% de los casos, como reconoce en un reciente informe:  http://www.facebook.com/about/government_requests

Datos similares han sido entregados a muchos más gobiernos, como revela el mencionad informe de dicha red social. Lejos de que este hecho relativice la importancia de la invasión de la privacidad de las personas por parte de gobiernos que actúan como espías, delincuentes y terroristas, entre ellos el español, lo agrava, dando una dimensión de hasta qué punto la distopía orwelliana de 1984 es una terrible realidad.

Esta campaña de espionaje por parte de los gobiernos tiene que ver con los datos que desde hace algunos meses hemos conocido acerca de cómo el Gobierno de ese campeón del “progreso” llamado Obama, que mañana atacará al legítimo gobierno sirio con un acto terrorista de su aviación, espía a ciudadanos USA y de otros países, apoyándose en la colaboración criminal de las redes sociales. Tiene que ver con las acciones de la Interpol y de otras agencias de seguridad de los gobiernos y viene precedida desde hace años por la red Echelon. 

No nos engañemos. La inmensa mayoría de las peticiones no se refiere a acosadores, pederastas o peligrosos terroristas de Al Qaeda, tan útiles estos últimos para los objetivos de los gobiernos de recortar las libertades y desestabilizar gobiernos en países árabes.

La crisis sistémica del capitalismo ha dado lugar a una movilización sin precedentes de las víctimas de la misma y de las políticas de austeridad, recortes sociales y voladura de los Estados del Bienestar.

A pesar de que una parte de esa protesta está en manos de una disidencia controlada, que se limita a criticar a los gobiernos sin cuestionar al sistema capitalista y plantearse su derribo, los gobiernos títeres del capital saben que la crisis se profundizará, por mucha recuperación y brotes verdes que nos vendan sus voceros, y que, en consecuencia las contradicciones trabajo capital, no la simpleza de ciudadanos-Estados, se agudizarán, abriéndose muy posiblemente un período de elevación de las reivindicaciones y de cuestionamiento del “status quo” de las actuales sociedades capitalistas.

Por tanto, los gobiernos necesitan conocer los perfiles de los activistas sociales y políticos más radicales para buscar su criminalización y la de la protesta social.

Las redes sociales cumplen hoy la doble función de medios de amplificación de la protesta social y de trampa para cazar osos para los activistas sociales y políticos, involuntarios proveedores de datos directos y cruzados sobre sí mismos, a la vez que el de espacio alienante en el que tener entretenido al personal en una virtual reedición del “panem et circenses”  

El militante revolucionario debe plantearse ya el uso que hace de Internet y de las redes sociales, qué comunica en ellas y qué no, cuál es el balance entre difusión ampliada de sus mensajes, la facilidad con la que los gobiernos pueden conocer acerca de su persona y aplicar su represión sobre ella con mayor facilidad y cómo hacer frente a todo ello.

En este contexto, la reforma del Código Penal, que en breve el Gobierno español llevará al Parlamento para su aprobación ya contempla la restricción a la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos. En su artículo 559, que modifica al todavía vigente, deja claras sus intenciones al tipificar un nuevo delito:  “la distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público del artículo 557bis [i.e. los tipos agravados] o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” ( http://libertadesdemocraticas.org/manifiesto_protesta_social/). Llama la atención el modo en que intencionadamente se produce la indeterminación del lenguaje en este artículo, dejando al albur del agente de orden público en Internet y del juez determinar cuál es la intención del emisor del mensaje o consigna que se pretende castigar dentro del delito de alteración del orden público y empleando una expresión tan vaga como la de “mensajes o consignas que inciten” . Minimizar el eco del llamamiento a la protesta social, reprimir al que la difunda o convoque, justiciar actuaciones policiales contra la misma y amordazar la libertad de expresión son los objetivos de éste y otros artículos del futuro Código Penal reformado.

Por este motivo en la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) creemos que junto a la lucha por la elevación de la conciencia de clase de l@s trabajador@s, la radicalización de la protesta y de sus objetivos y la implicación de nuestra clase en el fortalecimiento y la clarificación ideológica de sus organizaciones, es necesario también la defensa de las libertades democráticas y la denuncia a su agresión porque el capital y sus gobiernos nos necesitan desmovilizados, derrotados, desmoralizados, presos y mudos.

Unir radicalización de la protesta social y defensa de las libertades debe ser un objetivo central de un luchador consciente por la igualdad y la emancipación de nuestra clase, la trabajadora.  

Fuente de la noticia:  http://libertadesdemocraticas.org/2013/08/el-gobierno-espanol-pidio-a-facebook-datos-sobre-715-usuarios/

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