El Gobierno aprueba la subida del IVA y los recortes a funcionarios y desempleados

Agencias

El Consejo de Ministros ha aprobado el grueso de las medidas que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la subida del IVA, un incremento de la imposición del tabaco, los recortes a los funcionarios, el anteproyecto de reforma de la Administración Local, los cambios en la Ley de Dependencia y un informe sobre la reforma de la Ley de Costas, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

   Así, el Ejecutivo aprueba una subida de la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21 por ciento, y dos puntos la tasa reducida (del 8 al 10 por ciento), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4 por ciento.

   La subida del tipo general de IVA del 18% al 21% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, tal y como ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   En esa misma fecha subirá el tipo de reducido del 8% al 10%, mientras que se mantendrá el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad en el 4%.    

   La subida del IVA, según Montoro, se completará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social un punto en 2013 y otro en 2014.

   El Gobierno suprimirá la desgravación en el IRPF por compra de vivienda nueva a partir del 1 de enero de 2013, cuando el tipo del IVA de estas transacciones dejará de ser el ‘superreducido’ del 4% y se situará en el 10%.

   Así lo anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el conjunto de medidas tributarias que incluye estas dos iniciativas.

   Según detalló Montoro, a partir del 1 de enero de 2013 «quedará suspendida la desgravación por compra de vivienda», supresión que se articulará apenas un año después de que la recuperara el actual Gobierno.

   Asimismo, el titular de Hacienda recordó que la aplicación del IVA ‘superreducido’ al 4% a la compraventa de viviendas nuevas «tenía fecha de caducidad», también fijada para la conclusión de este año. «Por ello, a partir del 1 de enero de 2013, a las transacciones de nuevos pisos se les aplicará el IVA reducido del 10%», indicó.

CAMBIOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

   Además, el decreto ley incluye cambios en la función pública, con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos de todas las Administraciones, que será compensada a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones.

   En ese mismo decreto se recoge una rebaja del 7,1 por ciento del sueldo para los miembros del Gobierno, en la parte proporcional a la paga extra de Navidad que van a dejar de percibir todos los funcionarios.

   También se reducirá la pensión que reciben los expresidentes del Gobierno en la parte equivalente a la paga extra de los funcionarios, una medida que también se aplicará a los exministros, que cobran una  ‘pensión indemnizatoria’ al finalizar su mandato por un máximo de dos años.

   Eso sí, la norma del Gobierno hace incompatible el cobro de esa indemnización de exalto cargo con cualquier otro sueldo, una medida que podría afectar a varios miembros del gabinete de Zapatero como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jauregui o Manuel Chaves.

   Aparte de quitar esta paga extra, el decreto ley reducirá los moscosos y ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Previsiblemente el Congreso de los Diputados convalidará todas estas medidas la última semana de julio.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

   Además se han aprobado los recortes al subsidio de desempleo. Rajoy ha decidido recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.

   Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.

   En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

   Además, se aprueba el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que limitará las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exigirá unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potenciará las diputaciones provinciales.

   Con esta reforma el Gobierno pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Sólo con la eliminación de las mancomunidades se prevé ahorrar alrededor de 700 millones de euros, han informado fuentes gubernamentales.

   Con la reforma de la administración local los interventores municipales pasarán a depender del Ministerio de Hacienda y no podrán ser así revocados por los ayuntamientos, una medida con la que se busca dotar de independencia a esta figura encargada de fiscalizar la gestión y la contabilidad municipal. Además, asumirán responsabilidades por su gestión.

   El presidente del Gobierno anunció en el Congreso que esta reforma supondrá una reducción de un 30 por ciento del número de concejales; actualmente es de 68.286, por lo que se reducirá en unos 20.400. La nueva cifra que elegirán los ciudadanos en las urnas se aplicarán en las próximas elecciones municipales.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado además que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles «la objetividad» en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   «Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones», ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas «pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido». Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá «aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas».

LEY DE DEPENDENCIA Y LEY DE COSTAS

   El Consejo de Ministros también aprueba cambios en la Ley de Dependencia. Se trata de hacer una «nueva ordenación del sistema» para asegurar su «viabilidad», en palabras de la ministra Ana Mato. En esta reforma se revisará y simplificará el proceso de valoración para conseguir que ante situaciones similares de dependencia se dé la misma respuesta en toda España.

   Además, el Gobierno estudiará este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que supondrá una clarificación del concepto del dominio público marítimo-terrestre, han indicado fuentes del Ejecutivo.

   El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma «profunda» de la Ley de Costas y señaló que el objetivo era aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar «la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público».

UN FONDO PARA ALIVIAR LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA DE LAS CC.AA.

   Asimismo, el Gobierno crea un fondo para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas y concreta así el mecanismo en el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones, según ha avanzado el ministro Cristóbal Montoro tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha puntualizado que no será para todas las regiones.

    Este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera «excepcional» y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.

    El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado este viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos.

   El resto del fondo se financiará con cargo al Tesoro, y la gestión de las ayudas recaerá tanto en el organismo emisor como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las comunidades que decidan «voluntariamente» adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir estrictos condicionamientos presupuestarios y económicos, ha puntualizado Guindos.

20 NUEVAS LEYES

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de reformas que incluye 20 nuevas leyes que se pondrán en marcha en el segundo semestre, tal y como ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   El objetivo de estas reformas, algunas de las cuales se aprobarán este mismo mes, es mejorar la Administración, ganar competitividad y mejorar la situación de la economía española para poder crecer en el futuro.

   Las reformas incluyen una veintena de leyes en los ámbitos de las administraciones públicas, tributario, de empleo y Seguridad Social, de liberalización de la economía, de la unidad de mercado, energético, de competitividad y de educación.

   En concreto, Sáenz de Santamaría detalló que, en cuanto a las administraciones, se aprobará una ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y una ley de transparencia. En septiembre se promoverá una ley de acción exterior para potenciar España en otros países.

   En materia tributaria, el Gobierno prevé sacar adelante una ley de mutuas y, en el marco del Pacto de Toledo, una ley para garantizar el factor de sostenibilidad de las pensiones, como avanzó el miércoles en el Congreso el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

LIBERALIZACIÓN DE TRANSPORTES.

   En cuanto a la liberalización de la economía, este mismo viernes el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación de horarios comerciales. Además, se liberalizará este mismo mes de junio el transporte ferroviario y aeroportuario, el alquiler de vivienda y el transporte terrestre, así como los servicios profesionales, en este último caso, en septiembre.

   Por lo que respecta la unidad de mercado, las reformas contemplan una ley de unidad de mercado para septiembre, una ley para unificar los organismos supervisores en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la ley de costas (aprobada este viernes en anteproyecto) y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

   Además, para impulsar la competitividad, se impulsará una reforma energética con el fin de atajar el problema de déficit tarifario, y en el próximo período de sesiones llegarán al Parlamento una reforma de la educación y de la Formación Profesional.

LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES Y PERIODOS DE REBAJAS

El Gobierno liberalizará el periodo de rebajas del comercio, actualmente limitadas a dos campañas anuales de un máximo de dos meses de duración, y ampliará los horarios de apertura en días laborables, así como los domingos y festivos en los que las tiendas podrán abrir.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha detallado la nueva regulación comercial, que se aprobará mediante un Real Decreto Ley.

   De Guindos ha destacado que se establece la plena liberalización horaria para los establecimientos con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados.

   Esta medida ya está recogida en la Ley de Horarios Comerciales actual, si bien las comunidades autónomas podían limitar la libertad total a las tiendas de menos de 150 metros y ahora el Gobierno suprime esa facultad.

   Para el resto de tiendas, hasta ahora la normativa fija en 12 número de aperturas anuales en domingos y festivos, pero posibilita a las comunidades autónomas a reducir este número hasta un mínimo de ocho. El ministro explicó que se aumentará de 12 a 16 el límite estatal, mientras que las comunidades autónomas podrán reducir a diez los días de apertura autorizada al año.

   De Guindos detalló igualmente que se incrementará de 72 a 90 horas semanales los horarios de apertura en días laborables.

   LIBERALIZACIÓN TOTAL EN ZONAS TURÍSTICAS

   El Gobierno pretende además potenciar las zonas de gran afluencia turística obligando al menos a 14 grandes ciudades a delimitar un área con libertad de apertura comercial.

   Las comunidades autónomas deberán delimitar estas áreas en ciudades de más de 200.000 habitantes que reúnan ciertos requisitos, como haber registrado más de un millón de pernoctaciones anuales o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros.

   Actualmente cumplen estos requisitos las ciudades de Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada, Cartagena, Comunidad de Madrid y Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, aunque las tres últimas ya cuentan con zonas declaradas de gran afluencia turística.

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