El gobierno español y CCOO y UGT han pactado el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que contempla un aumento de la cotización durante la próxima década con el argumento de garantizar las pensiones de jubilación de la generación del baby boom. Según ha informado esta tarde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el acuerdo logrado con Comisiones Obreras y UGT supondrá la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la ‘hucha de las pensiones’) mediante «una aportación finalista entre el 2023 y el 2032 de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes».
El diseño de este mecanismo se incluirá mediante una enmienda al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Así, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sustituirá el Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones de 2013, después del acuerdo al cual han llegado esta tarde el gobierno español y los sindicatos (y del cual se ha descolgado la patronal).
El mecanismo contará con la reactivación de la ‘hucha de las pensiones’ mediante una aportación finalista entre el 2023 y el 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes y estará repartida entre la empresa y el trabajador «con la misma distribución que en las cotizaciones sociales». Su función será la de actuar como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, en caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para el 2050. Si esto no llegara a ocurrir, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cantidad de las pensiones.
Diferentes escenarios
Así mismo, en el acuerdo logrado también se contempla que si a partir de 2033 se aprecia en los informes de envejecimiento de la Comisión Europea un desvío de la previsión de gasto en pensiones en el 2050 respecto al informe del 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este fondo con un límite de disposición anual del 0,2% del producto interior bruto (PIB).
Si este mecanismo fuera insuficiente, el gobierno español negociará con los interlocutores sociales para elevarlo al Pacto de Toledo. El objetivo será llegar a una propuesta equilibrada que se dirija a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB o a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.
Fuente: Agencias