Cuando avanzábamos hacia el cuarto aniversario de la revelación periodística de los Panamá Papers, inspectores de Hacienda del sindicato Gestha registraron un escrito en julio pasado en el Congreso de los Diputados para exigir más “voluntad política a la hora de desmontar las triquiñuelas que utilizan las personas de mayor poder adquisitivo y las más grandes sociedades para eludir el pago de impuestos”, según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas prácticas de rapiña tributaria causan un grave daño puesto que aumentan la desigualdad y generan más exclusión social, ya que mientras los clases trabajadoras soportan el peso del sostenimiento de los servicios públicos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, los ricos escapan impunemente y dejan de contribuir con sus impuestos en la medida en que marca la ley. No hace falta recordar que España es el país de Europa en el que más han crecido las desigualdades sociales en los últimos diez años y esto es así porque quienes tienen que pagar más no lo hacen.

La plantilla de la Agencia Tributaria ocupa el último lugar en la Unión Europea en las ratios de inspectores tributarios por número de ciudadanos. De esta forma, España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida. O lo que es lo mismo, solo un inspector por cada 2.836 ciudadanos frente a la media europea, según la cual cada efectivo controla a menos de 1.400 contribuyentes.

La consecuencia de esta falta de medios humanos para investigar y reprimir el fraude fiscal es inmediata: cada contribuyente español tiene que contribuir con 2.000 euros de su dinero a tapar el agujero que dejan las grandes fortunas que evaden impuestos.

Según Cruzado, el fraude es “bastante transversal”. El 80%, aproximadamente, es cometido por grandes empresas y fortunas que utilizan artimañas para evadir el pago de impuestos, por ejemplo, desviando su dinero a paraísos fiscales de escasa o nula tributación, donde está camuflado entre el 30 y el 40 por ciento del dinero de los mayores patrimonios españoles. En total, unos 140.000 millones de euros. “Pero también hay profesionales y autónomos que piden facturar sin IVA. O trabajadores que cobran en negro. O empresarios y ejecutivos que obtienen beneficios y reciben sobresueldos sin rendir cuentas al fisco. O políticos que protagonizan tantos y tantos escándalos de corrupción” asegura el experto.

El año 2018 se recaudaron más de 15.000 millones de euros en la lucha contra el fraude, una cifra que queda mucho por hacer mientras esos 60.000 millones que escapan al fisco cada año no vuelvan a las arcas públicas. Con ese dinero se podrían construir escuelas, institutos y universidades. Con ese dinero podríamos levantar modernos hospitales, invertir en investigación, innovación y desarrollo, y garantizar una renta vital básica para todos los ciudadanos, así como unas pensiones dignas. Y por supuesto, con todo ese tesoro oculto que tenemos la obligación política y moral de encontrar y restituir a los españoles, España podría situarse en el lugar que le corresponde: no en el furgón de cola, como hasta ahora, sino entre los países más ricos y avanzados de Europa.

Fuente: Agencias, Diario 16 , World Compliance Association