Fondos buitre en acción: El exilio forzoso de las familias de las 1.000 viviendas de Tres Cantos

Por Sergio Ciudad

El fondo Fidere adquirió estas VPO en 2014, en enero dejarán de tener esa protección. Los inquilinos tienen dos opciones: comprar o seguir pagando un alquiler que aumentará hasta 830 euros en tres años.

“Ésta es otra historia más de este tipo de gentuza que se dedica a destrozar proyectos de vida“. Es la conclusión y el lamento de Beatriz Gómez, vecina, madre y presidenta de la asociación de las denominadas 1.000 viviendas de Tres Cantos. La historia a la que se refiere comenzó en 2014, cuando el fondo de inversión Fidere adquirió las casas de esos edificios. En un principio todas ellas fueron construidas para ser Viviendas de Protección Oficial (VPO) con opción a compra -120.000 euros que luego resultaron ser 180.000-, pero este régimen será eliminado este mes.

En septiembre de este año el fondo ya envió un ultimátum a los vecinos: o adquieren la vivienda, o el precio del alquiler aumentaría gradualmente durante tres años. Por lo que la última opción que tienen muchos es marcharse del edificio, ya que las nuevas condiciones se traducen en que la cantidad a pagar ascenderá de los 600 euros de media que abonan de alquiler actualmente hasta 830 euros en 2021, una cifra que pocos de los inquilinos se podrán permitir.

Los pisos se entregaron en marzo de 2012 -más tarde de lo acordado- y contaba con menos metros cuadrados habitables de lo estipulado inicialmente, pues de 70 se quedaron en poco más de 50 y el resto se repartía entre el trastero y el garaje.

 

100 familias han decidido marcharse

“Unas 250 personas han decidido comprar -por un precio total de 180.000-, los demás o han comenzado a marcharse o lo harán en un futuro próximo”, comenta Gómez. De momento, unas 100 familias ya han optado por abandonar su viviendaante la situación, y otras 300 han renovado contrato de alquiler. “Hay gente que podrá aguantar un año, dos, pero los que no compren seguramente se verán obligados a marcharse”, comenta la presidenta de la asociación.

Otro escollo es que “los que hemos decidido adquirir, nos hemos topado con una hipoteca reciente en las viviendas y no sabremos si podremos comprar en el plazo marcado”, explica la representante vecinal. “Si no se firma a tiempo, la penalización es de tres mensualidades” y, además, “los que no compren perderán el 50% de las rentas que han pagado durante siete años”.

“Esto se explica porque en varias promociones, las hipotecas no está distribuidas por viviendas y por tanto, no se pueden vender, lo cual está obligando a Fidere a ofrecer -casi exigir- la firma de una adenda al contrato original para alargar el alquiler y retrasar la opción de compra obligatoria hasta que estén preparados”, explica Pedro Ayala, concejal de Ganemos Tres Cantos.

“Esta adenda tiene unas cláusulas abusivas, porque el alquiler no te lo descuentan de la opción de compra y el plazo se alarga más”, comenta Olga, otra inquilina de las 1.000 viviendas, donde lleva viviendo desde 2015. Tanto ella como su hermana están en la misma situación y ambas tienen una oferta de un banco que caducará en enero si la venta no se hace efectiva. “En mi caso además me estoy jugando un puesto de trabajo que no puedo aceptar hasta tener cerrado el contrato de compra”, afirma Olga.

Además de toda esta problemática, los vecinos llevan reclamando al grupo desde la adquisición de los bloques la reparación de desperfectos tales como inundaciones, humedades continuas y varios defectos estructurales. Algo que Fidere se comprometió a solucionar antes de mediados de octubre y que aún no han hecho.

 

Fidere ‘non grata’ en Tres Cantos’

El grupo Fidere fue declarado non grato en una proposición que Ganemos y el PSOE de Tres Cantos presentaron en el pleno ordinario del Ayuntamiento el pasado noviembre.

Si bien cumplen la ley que permite cobrar hasta 180.000 euros por vivienda, se “negó a negociar con los actuales inquilinos” para no disminuir esa cantidad. Además de “no sentirse obligados” a cumplir con los objetivos para los que fueron levantadas las viviendas.

Fidere se ha defendido de las críticas que llevan arrastrando desde hace varios meses en un comunicado en el que afirman que todas sus actuaciones cumplen con la ley vigente. También explican que han establecido canales de comunicación con el Ayuntamiento e inquilinos para facilitar toda la información necesaria con el objetivo de ser transparentes y solventar dudas en relación a la finalización de la protección de las VPO de las 1.000 viviendas.

 

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