El Embajador de Honduras en Ecuador le da una lección de ÉTICA POLÍTICA a Ricardo Arias Calderón.LE HACEN FALTA MÁS

ACONTECIMIENTOS EN HONDURAS

EL RETORNO AL TERROR

Un artículo aparecido en el diario El Comercio, el día 22 de los corrientes, firmado por el&nbsp ciudadano panameño Ricardo Arias Calderón, ex-Vicepresidente de ese país, me ha motivado a solicitar de ustedes un espacio con el fin de aclarar algunos de los hechos políticos que actualmente acaecen&nbsp en Honduras.

En tal sentido me permito ofrecer una apretada reseña dentro de los más significativos:

1.El señor Arias Calderón señala que “la crisis” en Honduras empezó cuando el Poder Ejecutivo no envió a tiempo el presupuesto general de la república al Congreso. Esta afirmación no es correcta ya que los conflictos entre el poder ejecutivo y los otros poderes del Estado &nbsp se inician desde el mismo año en que el Presidente Zelaya empieza a ejercer su mandato, &nbsp en el año 2006. En efecto, en octubre de ese año se decide buscar una solución alternativa &nbsp frente&nbsp al monopolio &nbsp que sobre la compra y distribución del combustible venían ejerciendo, desde hace ochenta años las compañías Chevron, Exxon Mobil, Shell, y la local Dippsa. Con la intención de&nbsp favorecer al consumidor se convoco a una licitación internacional en la que participaron 14 compañías de diferentes países siendo la favorecida una empresa norteamericana llamada &nbsp “Conoco Philips.”&nbsp Las transnacionales petroleras acostumbradas a que nadie interfiera en sus privilegios argumentaron que “con esa licitación se&nbsp habían modificado las reglas del juego” y que “creían que la iniciativa del Ejecutivo afectaría drásticamente su rentabilidad en Honduras”.

Una alianza formada por &nbsp un sector de la clase empresarial hondureña,&nbsp &nbsp la Corte Suprema de Justicia y el embajador de U.S.A. acreditado en Honduras, señor Charles Ford, hicieron que en parte esta iniciativa que cumplía con las reglas del juego del libre mercado, no alcanzara a obtener el total de los resultados previstos.

Relatar todos los&nbsp enredos y artificios jurídicos&nbsp que&nbsp provocó esta primera fricción entre el ejecutivo y las transnacionales señaladas&nbsp seria extenderse demasiado, pero lo cierto&nbsp es que desde ese mismo instante el presidente Zelaya empezó a ser señalado por ciertos sectores del poder&nbsp político y económico como poco fiable&nbsp ya que su conducta no encajaba en los patrones&nbsp acostumbrados&nbsp por los presidentes&nbsp anteriores. Por otra parte este bloqueo pertinaz&nbsp alrededor de la problemática del combustible incidió para que tiempos después se produjese un acercamiento entre el presidente Zelaya y la empresa petrocaribe de la República Bolivariana de Venezuela y con ello la posterior&nbsp adhesión de honduras a los países que conforman el ALBA.

2.Otro género de acciones crearon una fuerte resistencia entre otros supuestos perjudicados. Así pasó por ejemplo con las importadoras de medicinas y las transnacionales que las producen cuando al efectuarse un acuerdo con el Gobierno cubano&nbsp los medicamentos genéricos podían ingresar al país a muy bajos costos. Esta medida provocó un&nbsp &nbsp semicubierto desagrado (se trataba de medicinas) de las transnacionales exportadoras y las importadoras nacionales, señalando de paso que una de las más grandes de éstas últimas pertenece a la familia Canahuati Larach la cual es la propietaria de&nbsp dos diarios de gran circulación nacional en Honduras: “ El Heraldo “y” La Prensa”.

3.Igual reacción tuvieron los empresarios y contrabandistas de la madera a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno&nbsp &nbsp para salvaguardar los bosques nacionales, los cuales han venido siendo talados de una manera&nbsp inmisirecorde&nbsp durante los últimos treinta años de “régimen democrático”. Honduras era, relativamente, uno de los países que contaba con mas tierra boscosa en el mundo, de&nbsp ellas&nbsp casi un 40 por ciento&nbsp han sido asesinadas en las&nbsp &nbsp dos últimas&nbsp décadas.

4.Dentro de la familia&nbsp de estas empresas y personas “ afectadas por las nuevas medidas” habría también que incluir a otros&nbsp medios informativos que al quedar excluidos de los contratos del gobierno atizaron diariamente su ira contra “el gobierno populista”.

Pero quizá lo más criticable de la gestión de Zelaya, según&nbsp sus poderosos opositores, era el comportamiento de un Jefe de Estado quien se atrevía a enfrentar lo que ningún otro había hecho durante cerca de sesenta años, o sea, el de no doblegarse y el de denunciar prácticamente &nbsp desde el inicio de su&nbsp gestion a los “poderes fácticos &nbsp que impiden y que no desean el progreso del país “.

Este descontento, el de los&nbsp “facticos”, llego a&nbsp su cumbre cuando el poder ejecutivo en el mes de diciembre del 2008 decide aumentar el salario mínimo de 181 a 289 dólares para que así al menos los trabajadores urbanos&nbsp alcanzacen a cubrir&nbsp sus necesidades alimentarias. Bajo este mismo concepto el incremento en las zonas rurales&nbsp alcanzo&nbsp el 18 por ciento.&nbsp Se opto por esta medida en vista que tanto patronos como sindicalistas no llegaron a ningún acuerdo caso en el cual la ley faculta al ejecutivo para&nbsp decidir unilateralmente el monto a incrementarse&nbsp &nbsp teniendo como parámetro el costo de la canasta básica

5.Uno de los temas principales de la campaña hacia la Presidencia de Manuel Zelaya Rosales se relacionó con la creación de una&nbsp nueva ley de nominada “Ley Participación Ciudadana” y &nbsp cuyo artículo segundo “garantiza los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre asuntos públicos”. Al siguiente día de la toma de posesión presidencial, &nbsp el 27 de enero del 2006,&nbsp la ley fue aprobada por el Congreso de la República, bajo la presidencia, en ese entonces, del señor Roberto Micheletti.

Ésta ley fue justamente la que aseguró el amparo legal para convocar a la ciudadanía a participar en una encuesta (el 28 de junio), la cual no tenía carácter vinculante debido a que sería el Congreso Nacional el que decidiría al final todo lo relacionado con ese proceso. En la mencionada encuesta se opinaría&nbsp (si o no) sobre la instalación de una cuarta urna para el día en que se efectuaran las elecciones generales &nbsp durante el mes de noviembre&nbsp 2009. En esta cuarta urna se preguntaría si se estaba de acuerdo o no con la convocatoria a&nbsp una Asamblea Nacional Constituyente, la cual debía organizarse e instalarse en el próximo gobierno.

Esta simple encuesta desató un rechazo virulento de los otros poderes del Estado. Sobre este punto es bueno&nbsp señalar la dependencia absoluta del poder judicial frente al poder legislativo.&nbsp El Congreso Nacional de la República en un 96% está conformado por políticos que militan en uno u otro de los dos partidos tradicionales, es decir el Liberal y el Conservador (llamado también nacional). Gran parte de ellos tienen diez, quince y hasta treinta años de ser&nbsp congresistas como es el caso &nbsp &nbsp del señor Roberto Micheletti. Alguien se dira o se preguntara ¿pero en todo caso han sido electos, no es así?&nbsp Esto es cierto con la salvedad que la abstención generalmente ha sobrepasado el cincuenta por ciento del padrón electoral y el fraude y los malos manejos son de uso común en los comicios

Estos diputados, por lo demás, son quienes eligen a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y adjunto, a los miembros del Tribunal Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Cuentas, al Comisionado de los Derechos Humanos y a los Procuradores de la República. De tal suerte que quienes son electos a esos altos puestos adquieren un compromiso político y deben obediencia a quienes les nombran. Las cúpulas de los dos partidos políticos mencionados se reparten esos cargos aritméticamente. Para el caso la actual Corte Suprema de Justicia está conformada por ocho miembros que militan en el partido liberal y siete en el conservador. En el gobierno anterior fue lo contrario: ocho para el nacional y siete para el liberal. Igualmente sucede con el resto de los organismos señalados, de tal forma que cuando se presenta una crisis entre el ejecutivo y el poder legislativo, como lo es el caso que nos ocupa, casi invariablemente el poder judicial, sin importarle la legalidad, toma partido a favor de sus padrinos, es decir los congresistas que los eligieron.

Eso puede explicar&nbsp las manipulaciones jurídicas por medio de las cuales se ha pretendido legitimar lo ilegitimable, es decir darle un soporte legal a un hecho anticonstitucional como lo es el reciente&nbsp golpe de estado. Además, como lo sostiene la socióloga Leticia Salomón (de quien hemos obtenido información para este artículo) “Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal”.

6.&nbsp Es &nbsp justamente el querer&nbsp cambiar esta arbitrariedad y monopolización del poder lo que ha pretendido hacer el Presidente Zelaya al proponer la posibilidad (apenas eso) de convocar a una Asamblea Constituyente por medio de la cual se pudiese modificar la actual constitución bajo cuyo amparo se ha instalado una dictadura de las cúpulas bipartidistas y empresariales desde 1980. Los resultados en el ejercicio del poder de esta dictadura difrazada de democracia son elocuentes: en honduras&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp el 80 por ciento&nbsp de la población&nbsp &nbsp se encuentre en estado de pobreza y la mitad de ese porcentaje en miseria extrema.

El rechazo a esta encuesta&nbsp se basó en el supuesto que el Presidente Zelaya pretendía continuar en el poder y sobre esa base se aglutinaron todas las fuerzas contrarias, las cuales, como ya se señalo, venían&nbsp complotando desde el año 2006. Este argumento, el del continuismo, fue desmentido por el propio Presidente en innumerables declaraciones públicas incluyendo la realizada en el marco de la última Asamblea General de la OEA (3 de junio del presente año) en la cual enfatizó que “no estaría en el poder ni un día más allá del 27 de enero del 2010, fecha en la cual,&nbsp se realiza la sucesión presidencial.

Los anteriores son algunos de los hechos que motivaron &nbsp el golpe de estado contra el Presidente Zelaya. Para su ejecución intervinieron políticos enquistados en el poder desde décadas, empresarios acostumbrados a hacer fortuna a la sombra de los privilegios que les han venido concediendo los gobiernos de turno, el embajador&nbsp del imperio, los &nbsp poderes mediáticos, los principales y más visibles mercaderes de la fe, ex presidentes de la república, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Nación etc. &nbsp Muchas de estas personas, además, cuentan con antecedentes funestos&nbsp en cuanto a violaciónes constitucionales, El sr Micheletti para el caso&nbsp fue uno de los congresistas (en 1985)&nbsp &nbsp firmantes de un documento por el cual se pretendía&nbsp modificar los artículos pétreos de la constitución a fin que su presidente de entonces (Suazo Córdoba) continuara en el poder. El Sr. Carlos Flores expresidente de la república, y uno de los cerebros del actual complot golpista, fue otro de los instigadores de ese ilegal proyecto continuista.

Por otro lado, la mayoría de quienes claman por la defensa de la legalidad en el actual gobierno de facto, guardaron un silencio cómplice frente al terror instalado en el país por el supremo jefe militar en los años ochenta (es decir en época supuestamente democrática), tiempo durante el cual se oficializó un terrorismo de estado cuyo macabro saldo fue de casi doscientos desaparecidos y cientos de torturados. Son&nbsp bastantes las personas que ocupan posiciones en el actual gobierno de facto que sirvieron a los regímenes de esos años, y entre ellos muchos militares retirados&nbsp quienes últimamente han resurgido a la palestra pública como es el caso del Capitán Billy Joya Améndola, quién asesorado por militares argentinos y chilenos organizó y dirigió en Honduras escuadrones de la muerte.

La mano del Sr. Joya como asesor de seguridad del Sr. Micheletti ha empezado a sentirse: cuatro miembros del Frente Amplio de Resistencia contra el golpe han sido asesinados. Un estadio ubicado &nbsp en el Oriente del país se ha convertido (tal como Pinochet) en cárcel infernal para miles de personas que irían a recibir al Presidente Zelaya;&nbsp la nación entera se encuentra en toque de queda; se acosa y decomisa material informativo a los medios de comunicación extranjeros y a muchos medios nacionales se les han cancelado sus frecuencias. La escalada terrorista bien planificada y gradual desde hace algunos días se viene centrando en los directivos de las organizaciones populares. El día de ayer los lideres Juan Barahona y Carlos H. Reyes fueron&nbsp salvajemente maltratados ( Reyes con uno de sus brazos quebrado) y el dirigente&nbsp magisterial Roger Abraham Vallejo recibió un balazo en su cabeza por lo cual su vida está en peligro. Nos encontramos ,pues ,en Honduras en un claro retorno al fascismo de los años ochenta.

Siendo así ¿Cómo entonces los golpistas pretenden que el pueblo hondureño (que conoce de su historia) y la comunidad internacional acepten que sus actos responden a un “sacrosanto” respeto a la legalidad?

Rafael Murillo Selva

Embajador de Honduras en Ecuador

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