El Ejército reprime a población de Camiri que pide “verdadera nacionalización”

Con este 31 de marzo se cumplen 6 días de protestas, huelga y bloqueos de caminos en Camiri, una población del departamento de Santa Cruz, en el Chaco boliviano, otrora región de desarrollo debido a la explotación de hidrocarburos. Los camireños salieron a reclamar el compromiso del gobierno hecho en febrero de 2007, cuando también después de una cruenta represión militar las autoridades acordaron cumplir con la Ley 3058 de “nacionalización” emitida por el gobierno del propio Evo Morales.

En febrero de 2007, el gobierno se comprometió a abrir una gerencia de operaciones de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a crear 500 empleos. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo este fin de semana que sólo podían crear 49 fuentes de trabajo en caso de abrir esa gerencia.

Asimismo la propuesta de crear una planta separadora de líquidos, de parte de la dirigencia de Camiri, para que se inicie el proceso de industrialización de los hidrocarburos en el país fue postergada nuevamente por el gobierno.

El pueblo de Camiri pide además la reversión a manos del Estado de tres pozos petroleros, ahora de propiedad de Andina S.A., Transredes S.A. y Chaco S.A. debido a que esas empresas incumplieron con las inversiones comprometidas en los contratos. En respuesta a esto, el ministro San Miguel dijo esta mañana que eso era imposible y acusó a los pobladores de que estos “piden en el fondo una estatización (del capital trasnacional) con graves problemas (a futuro)”. La autoridad insistió en que ese pedido pone en riesgo la seguridad jurídica para esos capitales.

San Miguel insistió en que hay solamente diferencias de forma entre la “nacionalización” de Evo Morales (que significa comprarle acciones al capital imperialista) y la que piden los pobladores de Camiri (que es la reversión a favor del Estado de la propiedad imperialista). Para terminar, el Ministro de Defensa prometió a los pobladores de Camiri que su gobierno envió a una comisión especial de la Fiscalía General de la República para que tome nota e identifique a quienes se atrevan a tomar los pozos petroleros y las válvulas de provisión de hidrocarburos al exterior.

La acción de los pobladores y la dirigencia cívica de Camiri ha puesto al descubierto, otra vez, a la “nacionalización” que hizo el gobierno de Evo Morales, que el 1º de mayo del 2006, en medio de un show mediático para la opinión pública nacional e internacional anunció la “nacionalización de los hidrocarburos” y ordenó a los efectivos militares custodiar las puertas de las empresas transnacionales. Hoy, cuando el pueblo camireño demanda una recuperación de los recursos hidrocarburíferos y pretende tomar los pozos petroleros, el gobierno moviliza al mismo Ejército para reprimirlos violentamente y defender la propiedad imperialista.

El Ejército vuelve a reprimir

La represión ejercida por el Ejército boliviano, el viernes 28 a la una de la madrugada, tuvo como resultado 23 heridos, dos de gravedad por haber recibido impactos de bala, entre ellos el principal dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de Camiri, según fuentes del Comité Cívico de esa población.

Recién por la tarde de ese día el Ejército dejó de gasificar a la población por falta de municiones; los pobladores indignados mostraron a las cámaras de televisión los casquetes de balín, en tanto que el Comité Cívico de Camiri denunciaba la utilización de balas de guerra por parte de los militares. Un anciano dirigente fue llevado herido al hospital de Camiri en un vehículo; el secretario ejecutivo de la COR, Eusebio Vargas de 81 años, fue trasladado a la Caja Petrolera en Santa Cruz, después de haber recibido el impacto de una cápsula de gas en la espalda. Las imágenes mostraron también a otra persona que sangraba a la altura del estómago, éste se había acercado minutos antes a los militares a pedir que paren los disparos y fue respondido con balines a quemarropa.

Mirko Orgaz, miembro del comité de huelga, dijo a radio Erbol el viernes por la tarde que el pueblo de Camiri confía en que el desarrollo económico de esa región empobrecida llegue a través de una independencia total frente a las transnacionales que operan en el negocio hidrocarburífero.

Los camireños piden crear la primera base de una empresa operativa y que el gobierno abandone su orientación estratégica subalternizada a las transnacionales; retornar a una verdadera nacionalización a través de recuperar 44 campos hidrocarburíferos marginales ahora en manos de las transnacionales, fundamentalmente el campo Camiri; iniciar un proceso de industrialización orientado a satisfacer al mercado nacional. “Un verdadero concepto nacional que se va a traducir como bienestar para los bolivianos”.

Se trata de los sectores populares movilizados, junto a dirigentes tradicionalmente de izquierda y tradicionalmente ligados a estos sectores. Incluso la Asamblea del Pueblo Guaraní, que oficialmente apoya al gobierno de Evo Morales, firmó un convenio para apoyar esta lucha del pueblo chaqueño. Las necesidades del pueblo de Camiri son tantas, que los padres de familia empezaron otra feroz exigencia que consiste en que el Estado envíe maestros a las escuelas primarias y secundarias de la región.

Pero las demandas fueron respondidas con violencia por parte del gobierno boliviano, que envió tropas militares para defender a las transnacionales. El comité de huelga había anunciado el jueves que si las autoridades no respondían satisfactoriamente a sus demandas, el pueblo de Camiri no iba a permitir que los empleados ingresaran a trabajar, al día siguiente viernes, a la estación petrolera de la transnacional Transredes, donde están los ductos de provisión de gas a Argentina.

Ante esa amenaza, el gobierno no pensó dos veces, movilizó inmediatamente a las tropas militares y a la una de la mañana del viernes reprimió duramente a la población. El argumento de los ministros de Evo Morales fue que el bloqueo de caminos, en la carretera internacional a Argentina, impedía el paso de harina hacia Bolivia.

Los operadores políticos de la autodenominada “medialuna”, gente ligada a la burguesía compradora y los terratenientes, tampoco tardaron en intentar montarse sobre la lucha del pueblo de Camiri. El empresario, terrateniente y prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, aprovechó para propagandizar los estatutos autonómicos y denunciar al centralismo estatal.

Al finalizar la tarde del viernes, el gobierno de Evo todavía no había llegado con sus viceministros y ministros a Camiri para intentar el mentado diálogo con los sectores movilizados que, para entonces, había iniciado una “contraofensiva”. En cambio envió al general de Ejército Freddy Mackay para que reportara cómo estaba la situación. Este oficial anunció que las tropas enviadas desde Santa Cruz, como refuerzo, habían recibido la orden de retornar a sus bases. Así quisieron apaciguar las protestas.

En febrero de 2007 sucedió un hecho similar por la negativa de Evo Morales de cumplir su propia “nacionalización” escrita en el papel. El gobierno envió tropas de élite (los Satinadores) para aplacar con violencia la protesta.

En la norma demagógica de “nacionalización”, Evo Morales plantea la compra de acciones a las empresas “capitalizadas” (éstas tienen participación estatal desde la presidencia de Sánchez de Lozada: 34% en Transredes y 48% en la empresa Chaco Andina) y a las compañías con capital exclusivamente privado (refinerías). No se trata de una expropiación ni confiscación de la propiedad en manos de las transnacionales, sino de una compra de acciones. El otro pilar de la “nacionalización” de Evo es el incremento de impuestos, hecho que no ha turbado ni un milímetro el copete de los capitales privados.

El Chaco es la zona más rica del país en hidrocarburos, las transnacionales del petróleoy el gas tienen asentados allí sus campamentos dotados de alta tecnología y toda la comodidad para sus funcionarios, en su mayoría extranjeros. Pero el Chaco es también la región donde viven comunidades guaraníes sometidas a la esclavitud y semiesclavitud, los pobladores cercanos a los campamentos petroleros piden limosna con sus familias y han sido privados de acceder al agua natural de las quebradas y reciben ese elemento de las transnacionales, pero racionado.

Al cierre de esta edición, las negociaciones entre los dirigentes camireños y el gobierno estaban truncadas y la población continuaba bloqueando 6 grandes puntos de la carretera internacional.

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