El desmantelamiento del sistema público de pensiones

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Por Adriana Beidenägl y Juan Montero

El  Gobierno del PSOE presentó un proyecto de ley que consistía en pasar de 2 a 8 años el periodo de la base reguladora para calcular la pensión, y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma. Ante este primer recorte contra el sistema público de pensiones, CCOO convocó huelga general el 20 de junio de 1985, sumándose ELA-STV y la izquierda sindical (LAB, CIG, CGT, USTEC, SOC de Andalucía y otros colectivos). UGT ni la convocó ni participó a pesar del coste que le suponía.

La huelga, a pesar de la feroz campaña del Gobierno y de todos los medios para desprestigiarla, fue un éxito rotundo, con una participación de unos cinco millones de trabajadores. Esta fue la primera huelga general desde el final de la Guerra Civil. El PSOE no retiró su reforma, pero se vio obligado a establecer por ley la revisión automática de la pensiones con el IPC, mediante la Ley 26/1985 de 31 de julio de 1985.

A propuesta de CiU, el Congreso creó una ponencia parlamentaria (Pacto de Toledo) para elaborar un informe sobre los «problemas estructurales» del sistema de la Seguridad Social. Este informe se aprobó el 6 de abril de 1995, y quedó consagrado en el Pacto entre el Gobierno del PP con CCOO y UGT y fue posteriormente materializado en la ley 24/1997, apoyada por todas las fuerzas parlamentarias a excepción de IU y  de la izquierda independentista.

El Pacto de Toledo ponía en marcha un cambio de modelo, de un sistema público de pensiones a un sistema construido sobre dos pilares: unas pensiones públicas convertidas en pensiones de subsistencia, «complementadas» con pensiones privadas. Para que todo esto se fuera concretando, la primera recomendación del Pacto de Toledo fue establecer que «las cotizaciones sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones contributivas». Se eximía así al Estado de la responsabilidad del pago de las pensiones de la Seguridad Social y, se sentaban las bases para iniciar el desmantelamiento del sistema público de pensiones.

En este pacto, también se acordó asentar un segundo hachazo a la cuantía de las pensiones, a través de pasar de 10 a 15 años para tener derecho a la pensión (con dos años cotizados dentro de los últimos 15) que incrementan la base reguladora de la pensión en 7 años más. Posteriormente en el 2001 y 2008 se aplicaron dos nuevas reformas que comportaban importantes agresiones a los trabajadores, y alguna que otra mejora.

 

Adriana Beidenägl y Juan Montero, miembros de la Marea Pensionista de la Marina/ZF

 

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