El Defensor del Pueblo cifra en 60.000 personas las afectadas por las preferentes en Andalucía

Agencias

El Defensor se ha reunido en Sevilla con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón. Según los datos que ha facilitado, se calcula que en Andalucía son unas 60.000 personas las afectadas por estas obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones, en su mayoría personas de avanzada edad.

Chamizo ha resaltado que la cantidad de afectados hace que esta investigación sea «complicada», pero espera que, a raíz de la misma, se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e incluso «penales en algunos casos» que se hayan podido producir.

Asimismo, aunque ya son «muchas sentencias» las que están fallando a favor de afectados que denuncian de forma individual, el Defensor ha animado a que se inicien acciones conjuntas a las que puedan sumarse los afectados, para así obtener «soluciones colectivas».

El Defensor del Pueblo ha lamentado el «relato dramático» de muchas personas que se han dirigido a la Oficina a transmitir sus quejas porque se ha jugado «con los ahorro de toda su vida«. Chamizo considera que las entidades han «engañado» tanto a personas mayores como jóvenes, y que además ahora «intentan ofrecerles como canje otro producto similar con pérdidas».

Por este motivo, a pesar de no tener competencia directa sobre los bancos, la cantidad de quejas recibidas por distintos afectados en la Oficina del Defensor (unas 500 en total) ha llevado a la entidad a iniciar distintas acciones encaminadas a «tratar de que los afectados puedan disponer de su dinero».

En este sentido, además de instar a la Defensora a nivel estatal a que trasladase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la necesidad de investigar estos casos, este lunes Chamizo se reunió con la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz Carrasco, quien a su vez le transmitió que la Administración andaluza está iniciando acciones en este sentido.

Por último, tras proponer el Defensor un estudio sobre posibles acciones «en el ámbito civil o penal» para atender los derechos de las personas afectadas por estos productos financieros, Chamizo ha apuntado que finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado orden de que se inicien.

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