El ‘coño insumiso’ no es delito

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La jueza archiva la causa por la procesión de una vagina gigante con forma de virgen en Sevilla. El auto admite que hubo «burla», pero antepone el principio de libertad de expresión.

«El no creer en los dogmas de una religión y manifestarlo públicamente entra dentro de la libertad de expresión«, señala el juzgado de instrucción 10 de Sevilla en el auto que ha archivado la causa abierta con motivo de de la procesión reivindicativa celebrada en Sevilla el Primero de Mayo de 2014, en la que se paseó una vagina gigante –el llamado coño insumiso– que evocaba la forma de una virgen.

La jueza Pilar Ordóñez le ha dado carpetazo al asunto con toda contundencia, en un auto que invoca con firmeza el principio constitucional de la libertad de expresión. Las investigadas «promovieron y participaron», dice el auto, en una manifestación que discurrió por algunas calles de Sevilla portando lo que al parecer simula una “vagina”, mientras gritaban frases como «La Virgen Maria también abortaría”. Llevaban, señala la resolución, «unos velos negros, simulando ir vestidas de mantilla ante una procesión con signos o notas católicas». La jueza no niega que la procesión pueda molestar, pero distingue entre molestar, ofender y delinquir: «Es posible que ello afectara los sentimientos de personas que presenciaran la misma, pero es necesario, para que los hechos sean típicos, que concurra un claro propósito doloso y la finalidad de afectar a los derechos de matiz religiosos o herir estos sentimientos, requiriéndose por tanto un dolo específico o ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos legalmente tutelados«.

A juicio de la magistrada, dicha intención no estaba en el ánimo de las manifestantes, que argumentan que la procesión pretendía defender los derechos de las trabajadoras. «Las investigadas intentaron exteriorizar en la manifestación opiniones contrarias o discrepantes con la Iglesia católica y con el fin de apoyar los derechos laborales de la mujer», señala la jueza, que admite que pudo existir una «burla». «Esa burla que pudieron realizar no consta se hiciera con el fin de menoscabar, humillar o herir los sentimientos religiosos de terceros», concluye la instructora, que adopta esta decisión tras escuchar declaraciones y examinar informes sobre un caso que ha recibido una amplia atención política en Sevilla, con posturas en ocasiones muy polarizadas. El auto, que se firma en un contexto de vivo debate en España sobre los límites de la libertad de expresión, es recurrible.

http://www.infolibre.es/noticias/comunidades/andalucia/2016/06/08/el_juez_archiva_caso_del_cono_insumiso_50957_1721.html

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Comunicado de CGT sobre el archivo del caso:

CGT sobre el archivo de la causa contra las feministas de la procesión del «coño insumiso»

La CGT se congratula por el archivo de la causa abierta contra tres feministas y dos miembros del sindicato por una protesta en forma de procesión en Sevilla

 

La jueza del Juzgado de Instrucción número 10 de la capital andaluza archiva la causa por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal ya que “el no creer en los dogmas de una religión y manifestarlo públicamente está dentro de la libertad de expresión”

 

Los hechos denunciados por la Asociación de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, se remontan a la celebración del 1º de Mayo de 2014 convocada por la CGT y a la que se sumó la “procesión del Santísimo coño insumiso”, en la que las investigadas portaron una imagen de la vulva de una mujer. Anteriormente, y en el marco de las protestas de la CGT contra el despido de una compañera de la empresa DAMAS, esta organización había portado ya otra imagen similar contra la discriminación, que por razón de su sexo, se realizaba contra la trabajadora.

Después de la apertura de las diligencias, se tomó declaración el pasado 17 de septiembre a los convocantes de dicha manifestación, en ese momento cargos de la CGT, Miguel Sevillano, Secretario General de CGT- Sevilla, y Félix Cervera, Secretario de Organización de CGT-Andalucía, por las acusaciones de delitos contra los sentimientos religiosos (que conllevan multas de 8 a 12 meses) y de provocación a la discriminación, el odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias (con penas de uno a tres años de cárcel y multa de 6 a 12 meses). Más tarde, el 4 de febrero se hacía lo propio con las tres investigadas en la que declaran que la manifestación reivindicaba los derechos de la mujer a decidir, así como los derechos laborales y la defensa de su papel en la sociedad, careciendo de ánimo ofensivo contra la Semana Santa o el clero.

A finales de febrero fue presentada una moción en el ayuntamiento de Sevilla por parte de Participa Sevilla, que fue aprobada con el voto a favor de dicha formación, del PSOE y de IU-CA, mostrando el apoyo del consistorio y pidiendo que la acusación particular y la Fiscalía retirasen la demanda y que la jueza procediera al archivo del caso. Esto dio pie a que la jueza pidiera amparo al CGPJ para reprobar las actuaciones del ayuntamiento hispalense por ir en contra de la independencia judicial, lo que fue admitido a trámite.

En el auto de la jueza por el que se archiva la causa, se hace referencia a la ponderación y equilibrio de dos derechos fundamentales: el de la libertad ideológica y religiosa y el de la libertad de expresión. Para que los actos expuestos constituyesen un delito debería darse un ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos, no constando los mismos, por lo que el auto estima que “el no creer en los dogmas de una religión y manifestarlo públicamente está dentro de la libertad de expresión”.

La CGT manifiesta que con episodios como este, que ha supuesto una desagradable experiencia para las cinco personas imputadas, se pone en un gravísimo riesgo no solo derechos básicos como la libertad de expresión, de pensamiento o de creencias religiosas, sino también principios que son imprescindibles para la convivencia como son la tolerancia y el respeto de lo diferente.

Asimismo, la CGT denuncia la persistente persecución llevada a cabo por parte de la Asociación de Abogados Cristianos de todo lo que se aparte de su credo a lo largo de la geografía de nuestro país, como si se hubiera erigido en una especie de resucitado Tribunal del Santo Oficio, y se pregunta si es admisible el daño que están causando a las personas perseguidas y los gastos que les están ocasionando a ellas y a la administración de justicia.

 

Antonio Pérez Collado

Gabinete de Prensa de CGT

Madrid, 9 de junio de 2016

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