El chollo de los servicios sociales: una empresa se hace de oro en Barcelona

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Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona son un auténtico chollo, al menos para algunas empresas. Es el caso de Progess, una compañía barcelonesa presidida por José Giménez Castillo. Esta compañía facturaba 1,9 millones de euros en el año 2015. En el 2018, su facturación fue de 4,8 millones en 16 contratos con el consistorio de Ada Colau. Una veintena de trabajadores que tenía subcontratados en el Patronato Municipal de la Vivienda fueron recolocados por el Ayuntamiento en la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística en 2018.

Pero 2019 fue el año de la eclosión de la empresa. Aún a falta de datos oficiales de los contratos municipales obtenidos, Progess acaba de hacerse con varios suculentos contratos que le podrían suponer casi una docena de millones de euros, por lo que casi habría triplicado sus negocios con el Ayuntamiento en el último ejercicio. Si nos retrotraemos al 2015, nos encontramos con que, en sólo cuatro años, ha multiplicado sus adjudicaciones por seis.

 

UN PELOTAZO DE ÓRDAGO

El verdadero pelotazo fue dado el pasado 28 de noviembre, cuando el consistorio barcelonés le adjudicó un contrato de casi 9,5 millones de euros, a ejecutar en un año y ocho meses, para la gestión del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb). Este contrato podría ampliarse 24 meses más, por lo que su valor estimado, si esa ampliación se produce, se situará por encima de los 22 millones de euros.

Se da la circunstancia de que en el informe de necesidad que realizó el Ayuntamiento, así como en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se detalla que el presupuesto de licitación para el primer contrato era de 9.284.553 euros, pero finalmente fue adjudicado por 9.473.358 euros, casi 200.000 euros más que el presupuesto inicialmente previsto.

 

ATENDER A VÍCTIMAS DE SINIESTROS

Con ese contrato se pretende “garantizar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades y problemáticas de urgencia y emergencia social que se puedan producir en la ciudad”. Entre sus cometidos, por ejemplo, se encuentran la atención psicosocial a las personas afectadas por siniestros (incendios, explosiones o inundaciones), así como la activación de un plan de protección civil.

Entre los planes que deberían activar en caso de necesidad se encuentran el Plan de Protección Civil Municipal (resultante de huracanes, oleadas de calor o mal estado del mar) y planes de emergencia municipal sobre riesgo sísmico, incendios forestales, contaminación de aguas marinas, insuficiencia de drenado, transporte de mercancías peligrosas. Los planes específicos que están bajo su control son los del exterior del puerto, los túneles viarios, los de transporte ferroviario, falta de suministro eléctrico o de gas o riesgo sanitario.

Las cláusulas técnicas detallan también que “por orden de la alcaldesa, el servicio de emergencias sociales podrá actuar fuera del ámbito de la ciudad cuando por las características del siniestro se valore que conviene apoyar a cualquier otra población o bien cuando se haya producido un accidente fuera del ámbito municipal pero los afectados sean del municipio”.

 

UN MILLÓN POR ASESORAR AL IMSS

La misma compañía recibió otro contrato de 988.000 euros para el apoyo técnico de servicios sociales. Se trata de asesorar al Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) en su gestión durante dos años, que pueden ser prorrogables otros dos años, por lo que el presupuesto total del contrato se situaría en casi 1,8 millones de euros.

El pliego de prescripciones técnicas especifica, entre otras cosas, que su cometido será el “apoyo en la gestión de la visión global, la transversalidad y la estrategia del IMSS”, así como la “definición e implementación de proyectos encaminados a conseguir una atención integrada, eficiente y de calidad a los usuarios y usuarias con necesidades complejas”. Entre sus objetivos específicos cabe destacar el “control y evaluación del impacto de programas sociales”, el diseño de planes de mejora metodológica aplicados al modelo de gestión de recursos, servicios y calidad o el de “repensar la organización para que sea más sencilla y flexible”.

 

OTRO CONTRATO MILLONARIO

El último contrato a esta compañía fue adjudicado el pasado 31 de diciembre, aunque en esta ocasión se presentó al concurso en una unión temporal de empresas junto a la sociedad civil privada Lexiss. En esta ocasión, el contrato ascendió a 1.380.000 euros y su objetivo es el asesoramiento jurídico a los profesionales del IMSS. La adjudicación, curiosamente, se realizó por sólo unos 1.000 euros menos que la dotación presupuestaria prevista en la licitación.

“La actividad de los Centros de Servicios Sociales (CSS) y Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), tanto de carácter interno como la atención y asesoramiento a sus usuarios, así como de los propios centros, tiene una afectación directa y muy relevante del marco jurídico de los asuntos que se tratan. El personal propio del IMSS no tiene, con carácter general, la formación específica ni disponibilidad para asegurar una actuación ajustada a la diversa normativa que les resulta de aplicación. Así, la atención y asesoramiento de los profesionales del CSS, del IMSS y de los EAIA tiene por objetivo realizar un acompañamiento de estos profesionales que garantice que dispondrán del asesoramiento jurídico que les pueda resultar necesario o conveniente para una mejor gestión y atención de los expedientes que tramitan”, explica un informe del Ayuntamiento.

 

DOS AÑOS

El contrato con esta UTE es para dos años, pero puede ser prorrogado otros dos años, por lo que el total de la adjudicación se elevaría a más de 2.740.000 euros

De los tres grandes contratos que fueron adjudicados a Progess, en dos de ellos no se presentó ningún otro licitador, por lo que la adjudicación del concurso no ofrecía ningún problema. En el mayor de los contratos, no obstante, se presentaron dos licitadores, aunque el Ayuntamiento no hizo público cuál era el contrincante que resultó derrotado en el mismo, lo que añade aún más incógnitas a la gran oleada de concursos suculentos adjudicados desde el Ayuntamiento a licitadores únicos.

 

 

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