El Banco de España dicta condiciones

Publicación de la IV Internacional

En los últimos días, el Gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha comparecido en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción, y se ha presentado el informe anual de la institución. Comparecencia e informe muestran el programa que quiere dictar el Banco de España al Gobierno, en nombre del capital financiero.

En su comparecencia, el Gobernador del BdE volvió a exigir a los políticos acuerdos a largo plazo con los que hacer frente a la crisis: “Me reafirmo en la necesidad de un acuerdo político de varias legislaturas”. ¿Acuerdo para hacer qué? El Banco no cuestiona las medidas supuestamente “sociales” del gobierno (ERTE, Renta Mínima, ayudas a autónomos…) “en el corto plazo, podría ser necesario prolongar el estímulo fiscal, de un modo focalizado y orientado a los agentes y sectores más afectados por la crisis”. Como todos los bancos centrales, la CEOE, la Unión Europea y los gobiernos de derechas o de izquierdas de distintos países, creen necesarias esas ayudas (hasta Bolsonaro ha aprobado medidas similares). La cuestión es cómo pagar ese gasto luego.

El BdE reclama un acuerdo para subir algunos impuestos y poner en marcha un plan de ajuste “Una vez afianzada la recuperación será necesario implementar un programa de consolidación fiscal para reconducir la dinámica de la ratio de deuda pública sobre PIB”, decía el director del servicio de estudios del organismo, Oscar Arce, en la presentación del informe anual, añadiendo que “nos va a llevar a tocar varias palancas, con un mix de impuestos y gastos lo menos perjudicial posible para el crecimiento económico”. Se trataría de “incorporar las recomendaciones de la revisión del gasto público que está llevando a cabo la Airef y recalibrar la cesta de impuestos al objeto de hacerla más favorecedora del crecimiento”.

 

Subidas de impuestos indirectos

Hace unos días la CEOE concluía su foro empresarial exigiendo que la crisis se pague “con deuda, y no con impuestos”. El BdE matiza: que no se suban impuestos a los ricos y las empresas, pero sí los impuestos al consumo, que paga, sobre todo, la mayoría trabajadora. “La recaudación impositiva en España, incluyendo los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la UEM en unos 2 pp. En torno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA, consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido”, explicó Hernández de Cos ante la Comisión de Reconstrucción.  Por tanto, se trata de subir los tipos reducidos y superreducidos del IVA, que se aplican a los alimentos, los libros, la cultura… “pero en ningún momento estamos hablando de subir estos impuestos ahora mismo: toca mantener el impulso fiscal y solo una vez que esa recuperación esté bien asentada, llevar a cabo ese proceso”. Lo que precisaría del pacto para varias legislaturas que defiende el Banco.

Además, proponen subir los impuestos especiales al tabaco, al alcohol y a los carburantes (con la excusa de considerarlos “tributos ambientales”). “En el caso de los impuestos especiales, la menor recaudación en nuestro país se debe, en gran medida, a la baja imposición sobre los hidrocarburos en España y, en menor medida, sobre el tabaco y el alcohol”. “La imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8  por debajo del promedio de la UEM”.

En cuanto a las tasas Tobin y Google, que el Gobierno intenta tramitar, el Banco no se muestra partidario: “Estas figuras conviene aprobarlas con un elevado grado de coordinación internacional. En un contexto en el que algunas bases imponibles pueden desplazarse con una relativa facilidad entre jurisdicciones”, decía Hernández de Cos, y el informe explica que se trata de “evitar la aparición de desventajas competitivas y la deslocalización de ciertas tareas”.

Evidentemente, de subir el IRPF a los más ricos, o de impuestos a las grandes fortunas, ni palabra. Que paguen los pobres cuando compren pan o leche.

 

Más recortes de pensiones

Hernández de Cos pidió ante la Comisión de Reconstrucción el inicio inmediato de los trabajos para reformar las pensiones. “Serán precisas medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones”, apostando por un ajuste “intergeneracional”, que impida que las próximas generaciones carguen con la mayor parte del ajuste

Según expuso, considera imprescindible retrasar la edad efectiva de la jubilación, relacionando esa misma edad de retiro con la esperanza de vida. Se trata de tramitar “mecanismos automáticos de ajuste para estabilizar el sistema adaptándolo a los cambios demográficos y económicos”, citando que deben aplicarse medidas como en otros países, en donde “ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida”.

El Informe Anual critica las medidas de suspensión de la reforma de pensiones de 2013: “Las decisiones recientes de revalorizar las prestaciones con el IPC y de suspender la aplicación del factor de sostenibilidad han supuesto, en la práctica, la revocación de dos importantes mecanismos de ajuste que permitían contrarrestar el impacto sobre el gasto en pensiones del incremento esperado de la tasa de dependencia en los próximos años”. Y pide que se actúe ya, alegando cínicamente que no se trata de cargar el ajuste sobre los más jóvenes.

Y, por supuesto, fomentar los fondos de pensiones privados: “debería valorarse si es conveniente fomentar el desarrollo de mecanismos de ahorro privado complementarios al sistema público, cuya implantación en España es muy limitada en comparación con la que se observa en otras economías del norte de Europa”. Para abrir camino hacia esto, propone el informe “reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas”. La prensa dice que esto es acabar con el sistema actual de reparto e implantar las “cuentas nocionales”, sistema según el cual se crea una cuenta ficticia a cada trabajador y ahí va sumando sus cotizaciones a la Seguridad Social. Cuando llega la jubilación, se toma esa cifra acumulada durante toda una vida de trabajo y se dividirá entre el número de años que resten según la esperanza vida media del país.  El  resultado será lo que se cobre de pensión pública. Los especialistas reconocen que es un sistema que baja el valor de las pensiones y que “estimula el atraso de la edad de jubilación”.

En todo caso, se trata de cobrar pensiones más bajas y jubilarse más tarde, para lo que el BdE no escatima sugerencias. Por ejemplo: “La prolongación de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad también puede requerir cambios en las condiciones laborales. En particular, sería conveniente que las empresas trataran de impulsar el teletrabajo en aquellos casos en los que esta posibilidad es más accesible”.

 

Y, por supuesto, “ajustes”

El informe anual insiste en mantener todos los recortes de derechos. “Debería asegurarse el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad laboral disponibles para las empresas, cuyo papel es especialmente útil en estas circunstancias para permitir llevar a cabo de manera eficiente los ajustes derivados de la crisis”. E implantar otros nuevos, como “un nuevo marco regulatorio, que en ningún caso debería promover una ampliación de la brecha de protección ya existente entre trabajadores temporales e indefinidos” (reduciendo, es evidente, los derechos de los indefinidos).

¿Cuándo debe producirse el ajuste? “Cuándo y cómo hacerlo va a depender de muchos factores difíciles de anticipar en este momento”, remarca Oscar Arce, jefe de Estudios del BdE. Y el Gobernador del Banco explica que “una vez superada la crisis, las cuentas públicas deben reconstruir sus márgenes de actuación de manera gradual mediante un plan de consolidación” Plan que según el informe, debe basarse en “mejorar la eficiencia en la vertiente del gasto y reducir aquellos recursos que no revistan un carácter prioritario a luz de las necesidades más relevantes de la economía y la sociedad españolas”.

El Gobierno se ha comprometido a derogar las reformas laborales y de pensiones de Rajoy, a crear impuestos a las grandes fortunas, a subir el IRPF a los más ricos. Las derechas franquistas, la CEOE, el capital financiero –por boca del Banco de España- le exigen un “pacto de Estado” que abandone esas pretensiones y haga que pague la mayoría trabajadora. Una mayoría que exige todo lo contrario, que se dé satisfacción a sus exigencias y reivindicaciones. Si el Gobierno emprende la vía de sumisión total al capital financiero y la Monarquía, esto lo llevará obligatoriamente a un enfrentamiento con las masas trabajadoras. Los hechos demuestran que no se puede avanzar en el sentido de responder a las reivindicaciones sin enfrentarse al régimen y al capital.

 

 

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