El Ayuntamiento de Madrid boicotea la manifestación contra la privatización de la sanidad pública del 5 de marzo

Durante la rueda de prensa del día 3 de marzo ( que reproducimos al final de éste artículo ), acerca de la manifestación del 5 de Marzo «Stop privatización de la sanidad. La salud no es un negocio. Derogación de la ley 15/97«, nos hemos encontrado con varias noticias sorprendentes:

El Ayuntamiento de Madrid, por medio de la Junta Municipal del distrito Centro, ha solicitado por escrito a los convocantes condiciones sin precedentes, como «un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que pueda ocasionar al público y al mobiliario urbano la instalación de un escenario o tarima desde la que leer el manifiesto al final del recorrido» o «un certificado de cumplimiento de la normativa de seguridad de la instalación eléctrica de la megafonía que vaya a ser utilizada para la lectura de manifiesto y comunicados».

Parece que las organizaciones convocantes se han puesto en contacto con diversas compañías de seguros y éstas les aseguran que no ofrecen ese servicio ni ninguno semejante. Los abogados consultados al respecto aseguran que nunca habian escuchado este tipo de exigencias en otras convocatorias precedentes, ya fueran concentraciones modestas o grandes manifestaciones.

Estos dias hemos escuchado además que el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado al SELUR ( Servicio de Limpieza Urgente ) que de prioridad durante estos días a la retirada de carteles y pegatinas de la manifestación del 5 de marzo .

¿Qué es lo que las autoridades pretenden silenciar en la manifestación del 5 de marzo? ¿Es éste el diálogo social que proponen respecto a las nuevas formas de sanidad «pública» que se están imponiendo en nuestra Comunidad Autónoma?

Docenas de proyectos han mostrado su solidaridad con la convocatoria, y más de 60 de ellos la difunden activamente… Tal vez es demasiada gente para las autoridades difundiendo una visión peligrosa de lo que la privatización de la sanidad y la ley 15/97 suponen para los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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