Ecuador: «Revolución ciudadana» al servicio de las multinacionales

«Revolución ciudadana» al servicio de las multinacionales

Diego C. Delgado Jara *

Quito, diciembre del 2008.

I. El turno del saqueo minero

El Ecuador ha sido un país al que en la división internacional del trabajo han pretendido asignarle, por turnos, distintas tareas de monoproductor. Es así como ha sido, por épocas, desde generador de metales valiosos (obtenido sobre todo en lavaderos en los ríos) y la cascarilla, en la colonia, hasta arroz, cacao, balsa, banano y petróleo, en la República.

Por supuesto que también han estado presentes grandes multinacionales en la conducción y el usufructo de estos negocios. La United Fruit Company siempre estuvo presente en el negocio de la fruta, la Texaco Gulf y otras en el manejo petrolero. Incluso ha existido minería a espaldas y sin beneficio para el país, como por ejemplo en la primera mitad del siglo XX la gran usufructuaria de las minas de Portovelo y Zaruma, con nulos beneficios para la República, fue la South American Development Co.

Siempre ha sido así. Nuestra nación ha sido la dueña teórica de la riqueza, pero la oligarquía, aliada y cómplice de las multinacionales, han entregado a éstas el usufructo y la ganancia indispensable para nuestro desarrollo, vigorizamiento productivo y bienestar social. Como señala Eduardo Galeano, hemos sido los dueños de la vaca pero la han ordeñado otras manos que no son las de su dueño.

Igual ha sucedido con el Perú, que también ha llegado a la minería luego de pasar desde el guano en el siglo XIX hasta el pescado y harina de pescado en el XX. Brasil ha tenido una experiencia semejante, desde el caucho, el azúcar, la madera y el café. Chile tiene ahora, como elemento básico, el cobre, como Colombia ha privilegiado el café. Es el mercado internacional y los intereses de codicia insaciable de las grandes corporaciones los que deciden la explotación por turnos de nuestra riqueza, donde quienes jamás han visto ningún beneficio son las poblaciones dueñas de semejante patrimonio que es administrado y concesionado por el poder político oligárquico de turno, a espaldas de los intereses nacionales y populares.

Pero ¿por qué ahora existe la premura y frenesí por la minería a cualquier costa, privilegiado métodos extractivistas y una explotación irreparable a cielo abierto, altamente contaminante? Porque las reservas del petróleo han disminuido a tal extremo que el propio informe sobre la materia ordenado por el vicepresidente del EEUU Dick Cheney sugiere que, con las actuales existencias probadas, seríamos exportadores de crudo por un lapso que podría no superar, a ritmos crecientes de extracción, los diez años. ¿De dónde extraer entonces más dinero y en muy apreciables volúmenes? De la minería, ahora a explotarse en forma intensiva, como se está impulsando en los países vecinos. Ante un apetitoso, jugoso y colosal bocado (como les interesa presentar a los interesados las reservas de nuestro país), las mismas multinacionales, con el entusiasta empeño oficial, han «echado el ojo» a estos recursos muy importantes y que han permanecido millones de años en sus entrañas de nuestro territorio nacional.

Es más, respecto a este panorama, así lo reconoció de manera expresa el entonces ministro de Minas y Petróleo Galo Chiriboga, en la revista Vistazo, del 3 de abril del 2008, pág. 18, cuando él afirmó, al parecer de modo muy optimista: «La vida útil del petróleo no superará los 25 años y la bonanza de los precios es una boya peligrosa para sustentar el gasto fiscal … el país apuesta a la extracción minera como la nueva fuente de riqueza post petrolera.»

La misma publicación indica: «Según Galo Chiriboga, el país ha recibido apenas 25 millones por concepto de patentes y regalías del sector minero desde 1999. Actualmente, el 12 por ciento del territorio ecuatoriano (tres millones de hectáreas) está concesionado. Las primeras concesiones datan de hace 17 años.»

Es pues la necesidad del régimen de disponer de recursos, asociada a los anhelos desembozados de inmensas ganancias de las grandes corporaciones de la minería, a cualquier costo ambiental, los ejes de esta desaforada codicia anunciada, cuyo mayor propagandista y vocero es el propio Presidente de la República, cuando incluso su propia voz es utilizada en las propagandas de cuñas radiales en todo el sur del país, en frases en las que advierte amenazante a los «seis pelagatos» que, según él y las compañías transnacionales, «se oponen al desarrollo nacional», en cuñas patrocinadas por los interesados en el usufructo de este negocio.

No hace falta ser brujos refinados, poseer singulares dones proféticos, estar dotados de los misteriosos poderes insondables de famosas profecías, ni disponer de los sobrenaturales dones de los clarividentes, para nombrar a las principales multinacionales interesadas en «hacer el favor» de llevarse esta «riqueza ociosa» cuyo volumen parecería inflado de modo previsible y por evidentes motivos justificatorios: Ecuacorriente, Dinasty Metals & Mining, Goldmarca, Internacional Minerals Corporation, IAMGold, Cornestone Elipe, Ascendant Cooper, Aurelian Resources y Kinross. Es más, el proyecto de Ley de Minería está orientada, de manera básica, a regular sus actividades. Pueden camuflar con todos los adornos jurídicos inimaginables e incorporar sugestivas redacciones en varios artículos, pero lo medular será precautelado a toda costa: garantizar el acceso, explotación y usufructo del patrimonio minero a favor de las grandes multinacionales! ¡Esa ha sido la manifiesta voluntad del régimen, e incluso antes de presentar el proyecto de ley en forma oficial ya tronaba como Júpiter tonante ante el surgimiento de eventuales opositores!

Lo que la mayoría de ecuatorianos desconoce, por ejemplo, es que la antigua Ley de Minería, precedente y soporte de la que se está discutiendo, se realizó con un préstamo del Banco Mundial, de código PRODEMINCA-BIRF-3655, por cerca de 14 millones de dólares, que los pagó el pueblo ecuatoriano como parte de su deuda externa, y que serviría para desarrollar normas «para permitir actividades mineras a gran escala en áreas protegidas y territorios ancestrales», así como para impulsar reformas que atropellaran los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Acuerdo 169 de la OIT y reconocidos por la Constitución de 1998), como sucedió además, con reformas o refuerzos establecidos en la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Trole II), y el Reglamento Ambiental Minero, que transgredían expresas normas y garantías constitucionales, conforme incluso consta una relación breve en el Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Externa (CAIC), en su pág. 96.

Debemos recordar, así mismo, de cómo en el régimen de Mahauad, como parte de una estrategia global de rapiña ilimitada de recursos naturales, por presión del mismo Banco Mundial, prácticamente desapareció el CODIGEM, en función de «modernizar» el Estado, y que tenía a su cargo el catastro minero nacional, y cuyos sensibles datos se entregaron de manera escandalosa a las multinacionales mineras para precisar sus espacios de mayor codicia y depredación dentro del territorio nacional.

Las multinacionales han hecho siempre su auténtica y regalada gana en el país. Lo que llama cada vez menos la atención es que ahora se lo hace, con bombos de ilusión y platillos de disimulo, a nombre de una «revolución ciudadana» inexistente, de un «socialismo del Siglo XXI» de esencia antisocialista y procapitalista, de continua entrega de recursos naturales no renovables a favor de las multinacionales, caso del petróleo y de la minería.

Pero no solo se entregan los recursos nacionales no renovables sino los servicios públicos más rentables y lucrativos, como sucede con la telefonía celular, que se vuelve a entregar a las mismas multinacionales que han manejado semejante negocio tan lucrativo desde lustros atrás (con ingresos que fácilmente podrían superar los 1.500 millones de dólares al año) con tres diferencias: la primera, que en 1993 ni Sixto Durán Ballén ni Alberto Dahik Garzozi sabían el monto a obtenerse de las ganancias de su manejo, como ahora si se lo conoce; segundo, que ahora disponen en forma adicional de la banda de 1.900 MHz que permite la transmisión no solo de la voz sino de imágenes, de sistemas audiovisuales, entre otros aspectos, todo ello a cambio de derechos de uso o regalías que quizá podrían llegar al un treintavo de los beneficios a obtenerse; y, tercero, que esa misma conducta entreguista, antes definida como parte de «la larga y triste noche neoliberal» por el Presidente Correa, ahora, resultando idéntica, se la bautiza como «revolución ciudadana»!

Por ello cabe preguntar: ¿Los intereses de las multinacionales, a costa que el país pierda tantos ingresos potenciales evaluables en muchos miles de millones de dólares, imprescindibles para una colectividad tan necesitada como la nuestra, es una de las tareas centrales y medulares, inflexiblemente perseguidas, aunque menos promocionadas o mas ocultadas, de la mal llamada «Revolución Ciudadana»? ¿No es posible que en el campo medular del manejo de la riqueza pública no sea factible una conducta patriótica y verdaderamente nacionalista como sucede en hermanas repúblicas de América Latina?

En función de la codicia de las multinacionales es que se pretende signar el destino del Ecuador y su población en las próximas décadas. Para ello incluso se dejaron, de manera calculada, premeditada y planificada, expresas normas ambiguas y hasta contradictorias, excluyentes incluso, para aplicarlas según la conveniencia de determinar a que sector o grupo se busca favorecer, en el texto Constitucional aprobado el 28 de septiembre del 2008. &nbsp

II. Dilema minero a dilucidarse desde el interés nacional

Existen dos aspectos medulares del dilema minero que debe ser analizado con serenidad y desde el interés del pueblo ecuatoriano. Primero, la conveniencia y pertinencia, a cambio de una mínima participación de dinero, de la destrucción y contaminación de la naturaleza nacional, esto es el balance de beneficios y perjuicios de la minería para el nivel de vida del pueblo ecuatoriano, además de las secuelas permanentes e irreversibles para los pobladores y comunidades de las llamadas zonas de potencial minero; y, segundo, el análisis de quién manejará su eventual lucro o rentabilidad, sea grande o pequeña esa riqueza, de producirse dicha explotación que, según el tenor de la ley, intentaría beneficiar sobre todo a las transnacionales asociadas a un minúsculo grupo de empresarios allegados al régimen.

Esos son dos aspectos cruciales que deben definirse con razones científicas, sociales, económicas, ambientales y hasta políticas, respecto a quienes mandan en este país y en función de que intereses. Todo ello porque con el slogan de la «revolución ciudadana» los más grandes beneficiarios de los recursos naturales no renovables y del manejo de los servicios públicos más rentables, los grandes favorecidos son las transnacionales, contando –para esas transferencias- con la aplicación interesada de los artículos ambiguos de la Constitución «revolucionaria», que garantiza el manejo privado del patrimonio social y nacional en los artículos 316, inciso segundo, 317, y otros de la propia Carta Magna aprobada por el pueblo el último 28 de septiembre.

El Art. 316, inciso segundo, permite que «El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada … el ejercicio de estas actividades», esto es las contempladas en el artículo 313, tercer inciso, las referentes a servicios estratégicos, servicios y empresas públicas: «la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley.»

El Art. 317 señala que: «En su gestión el Estado priorizará», entre otros aspectos, «el cobro de regalías»!&nbsp &nbsp

III. Una ley que redondea el entreguismo

En caso de optarse por la gran explotación minera deberíamos prepararnos para asistir a la destrucción de la naturaleza nacional, cuando menos en los sectores donde ella sen autorice y desarrolle. Es más, cualquier redacción que disponga la nueva Ley de Minería, al constituir ésta un cuerpo de menor valor jurídico que la Constitución, tendrá un valor muy relativo y subordinado al de las prescripciones constitucionales.

Resulta muy grave que la Constitución elaborada por la mayoría de Alianza País y sus aliados sea tan permisiva con la explotación de los recursos naturales no renovables, entre ellos la minería, en cualquier parte, incluso en zonas de reserva, como por ejemplo sucede con lo redactado en el Art. 407 del texto constitucional, donde (también en forma contradictoria) por una parte «Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas, y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal», pero a la vez, no obstante lo afirmado en este mismo artículo, se autoriza de manera expresa, y en el mismo artículo, a que «Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional …» Es como si se afirmara en otra norma constitucional que «En el Ecuador no habrá pena de muerte, salvo excepciones debidamente motivadas.»

Debemos no olvidar que toda ley, orgánica o no, dispone de un valor jurídico secundario, de validez jurídica subordinada al texto constitucional. Es más; aunque aceptaran en la Ley de Minería que habría consultas obligatorias antes de una explotación minera, el régimen sabe de antemano que los Arts. 57, num. 7, y 398 de la Constitución le autorizan en forma expresa, más aún con una ley a su gusto y sabor, a no hacer ningún caso a una consulta social que no sea favorable a sus intereses y afanes!

Toda ley, así se las denomine orgánicas, para tener validez deben tener concordancia con el texto constitucional; caso contrario carecen de valor. Es evidente que el régimen, apoyándose en el nuevo texto constitucional, va a aplicar, incluso en materia minera, los Arts. 424, 425 y 426 relativas a la supremacía constitucional, y que en las partes pertinentes señalan:

«Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.»

«Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales; la leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.»

«En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.»

«Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.» &nbsp

«Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente

Pero eso tampoco es todo. El máximo organismo de aplicación de Justicia de la República, y a la vez de interpretación de la Constitución, es la Corte Constitucional. Es decir que, además, dispondrán de otro recurso adicional para imponer su voluntad. Esto dice el Art. 429 de la Constitución:

«Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.»

Es decir, el régimen tiene el sartén por el mango desde el punto de vista de la juricidad en el país. No sólo maneja las normas a su favor sino que es obvio que controlará a los órganos de interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales, que están sobre todas las leyes expedidas y a expedirse en el futuro. Todo ello con un aspecto adicional: disponen del máximo órgano de «control, interpretación y de administración de justicia en esta materia»!

Pero ese no es todo el problema, pues si bien disponen del andamiaje constitucional y legal para pretender entregar la mayor parte de la riqueza nacional a las multinacionales, es evidente que nadie puede ni deberá ignorar lo que desea hacer el pueblo ecuatoriano con su patrimonio social, y, sobre todo, las comunidades que serían directamente afectadas, y más todavía si la explotación minera, la destrucción de la naturaleza y la contaminación irreversible del agua, se lo haría para favorecer a las grandes corporaciones capitalistas extranjeras, sobre todo a un puñado de sus accionistas, y todo ello a costa de grandes pérdidas para un país como el nuestro, con santísimas necesidades.

IV. ¿La riqueza minera al servicio de quién?

África es un espejo para mirarse respecto a la gran minería y a la codicia insaciable de las grandes corporaciones o multinacionales. Países que optaron por la explotación minera como la República Democrática del Congo tiene niveles de desnutrición grave en límites que se acercan al 80 por ciento de su población, esto es cuatro de cada cinco personas. Níger tiene uranio en sus entrañas, pero esa riqueza no la explota ni se beneficia ese país sino una multinacional (Areva), que, con su enorme poder de saqueo y acumulación, influye de manera decisiva en la política de este país de gente igualmente empobrecida y cada vez más sometida a las imposiciones del capital extranjero y los apetitos de las grandes corporaciones. Uno de los países donde existen núcleos humanos de dantesca pobreza es el de los mayores productores de diamantes, esmeraldas y piedras preciosas, en el mundo: Sudáfrica.

La riqueza y reservas petroleras o mineras no son suficientes para que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos de un país, como se miente en las propagandas. Basta mirar los índices de pobreza y salubridad en los departamentos mineros de Potosí y Oruro, en Bolivia, así como el de Cajamarca, en el Perú, que encabezan las zonas pobres y menesterosas de sus respectivos países, para desbaratar una cantidad de falacias y mentiras encaminadas a doblegar la posición de muchos ciudadanos que disponen de alguna información. En el mundo entero zonas de inmensa pobreza e insalubridad están allegadas a la gran minería. El lucro incesante y las ganancias siempre van a parar a las manos de los accionistas de grandes transnacionales.

Por ello planteamos que, en primer lugar, debemos definir, concientes de las secuelas o consecuencias de todo orden, si somos un país minero (que destruye la naturaleza en forma irreversible), o si, de modo alternativo, somos un país con agricultura, biodiversidad, agua limpia y no contaminada, y que respete el «Buen Vivir», proclamado como derecho garantizado en el propio texto constitucional.

En segundo lugar debemos determinar si el país, sin afectar su naturaleza nacional, con una empresa propia, saca o no los recursos por sí y para sí, o, en forma paradógica, deja esas promocionadas y fabulosas posibilidades anunciadas (no comprobadas) en manos de las multinacionales que doblegan a gobiernos entreguistas.

En tercer lugar, deberá analizarse si esa riqueza es controlada por la oligarquía y los grupos tradicionales de poder económico y político (camuflados o no), como ha acontecido hasta ahora en décadas de explotación y exportación petrolera (con aviesas normas en la Constitución y las leyes acomodadas a sus afanes), o, de modo alternativo, si lo hace el pueblo cuando llegue al poder, siempre disponiendo en forma previa de la opinión vinculante de las comunidades y potenciales afectados; esto es si no se destruye la naturaleza nacional, patrimonio no solo de ésta sino de todas las futuras generaciones.

Y en cuarto lugar, si decidimos mejor, además de respetar la vocación agrícola, buscando opciones mejores y complementarias, como podría ser el impulsar el ecoturismo sin destruir la naturaleza ni contaminar el agua que debe servir para ésta y las próximas generaciones. Debemos tener presente que el ecoturismo es uno de los filones mayores de ingresos en varios países porque la mayoría de jubilados del mundo prefieren salir de las grandes urbes a descansar en sitios apacibles y bellos, además que el turismo, está calculado en estimaciones internacionales, permite que reciban ingresos un promedio de seis personas: los dueños de los medios de transporte, de los hoteles, de los taxistas, artesanos –sobre todo por los recuerdos que llevan-, productores de diferentes elementos de cada país, restaurantes, centros de diversión, y otros.

Ningún régimen genuina y auténticamente popular, jamás, por ningún concepto, dejará que la riqueza de una nación sirva para el lucro incesante y ganancias ilimitadas de las multinacionales y sus opulentos accionistas. Las políticas entreguistas, en el caso ecuatoriano, las han blandido y encabezado siempre e impulsado, en forma desafiante, los partidos falsamente «piadosos», como son los socialcristianos (con Febres Cordero y Durán Ballén a la cabeza), y la Democracia Cristiana (con Osvaldo Hurtado Larrea, Jamil Mahauad Witt, Gustavo Noboa Bejarano), con el apoyo de sectores de la Socialdemocracia.

La posta, por todas las evidencias disponibles, porque no podemos cerrar los ojos frente a lo irrefutable, parece que la tiene el régimen procapitalista, de cierto tipo de o­nGs y fundaciones, llamado de la «revolución ciudadana», del mal denominado «Socialismo del Siglo XXI», o de los favorecedores de las multinacionales Portacelular (propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico del planeta) y de Movistar (de capitales españoles –según algunos manifiestan allegados al Opus Dei-), todo ello con la irreverente utilización de la música del Ché Guevara y con los aplausos frenéticos de la llamada «izquierda legal» especializada en vivir agachada. ¡Los hechos hablan por si mismo! ¡Eso es lo que está aconteciendo!

¡Cómo entender que Alianza País y el régimen de Rafael Correa disponiendo de 80 de 130 asambleístas no hubiesen recuperado los bienes públicos privatizados por los regímenes precedentes? ¡Porque no es eso lo que querían y deseaban! Accedieron al poder con un discurso de izquierda, con el barniz reiterado de la presencia de la misma «izquierda legal», como antes aconteció de manera idéntica con Lucio Gutiérrez; mensaje con el que asaltaron una vez más la conciencia del pueblo, pero para gobernar al servicio de la derecha, para reformando aspectos no trascendentales proteger, salvaguardar y evitar el precipitado naufragio, a nivel del Ecuador, del sistema capitalista que colapsa! Por ello no se anularon las privatizaciones, sino que ellas persisten en el nuevo texto constitucional, que además garantiza la división del país en autonomías, en los Arts. 244, 245, 246 y otros del nuevo texto constitucional, como era una vieja propuesta del Banco Mundial.

«La mejor manera de decir es hacer decía José Martí, y «Por sus obras los conoceréis» manifiesta el Evangelio. ¡Por ello no se expidió ningún mandato para frenar el saqueo o controlar el pago de la infame deuda externa, pudiendo hacerlo y disponiendo de borradores bien elaborados que se los hizo llegar! ¡En cambio se expidieron varios para desbaratar a los sectores laborales organizados! ¡Los hechos hablan por si mismo! ¡Es increíble como con un discurso engañoso se hubiese abobado a tanta gente que se inhibe de mirar como se actúa al revés de lo que se dice! La propaganda a lo Joseph Gobbels ciertamente que funciona.

¿Qué sucedería si un vecino comedido colabora donde un compadre ayudándolo a limpiar la casa, a lavar las cortinas y la ropa, a pintar las paredes, a cocinar, a hacer los deberes, y todo lo que se quiera, si luego va seduciendo a una jovencita de esta casa? Algo parecido sucede. ¡La jovencita de la casa, lo más valioso, lo que de mejor manera debe protegerse, es el conjunto de bienes del patrimonio social y nacional, de los que depende la vida y desarrollo del país; y eso es lo que se está entregando al referido «vecino comedido» que no es otro que, en forma simbólica, las grandes multinacionales!

V. Algunos aspectos sobre la Ley de Minería

Para empezar, los tiempos de concesión, que están regulados en el Art. 33 del proyecto que esperan aprobarlo hasta el 22 de diciembre, para que la navidad amortigüe cualquier protesta, establece:

«Art. 33.- Plazo y etapas de la concesión minera.- La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que será renovado por períodos iguales, siempre y cuando se hubiese presentado petición escrita del concesionario al Ministerio sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio del Ambiente.» Lo que significa que una concesión puede durar 25, 50, 75 o 100 años.

Sobre las regalías o participaciones, el proyecto original del proyecto de Ley de Minería en su Art. 78, decía «Regalías a la explotación de minerales.- El concesionario minero deberá pagar una regalía variable y progresiva equivalente al porcentaje que fluctuará entre el 3 el 8 por ciento.» Algo escandaloso pues la multinacional quedaría con un margen del 92 % al 97 % de la riqueza.

Frente a las múltiples protestas sobre tan escandalosa e incosntitucional distribución, en el último texto o borrador han colocado, en el Art. 89, una «hábil» y encubridora propuesta:» «El concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta, no menor al 5 %.»

No menos del 5 por ciento puede ser el 5,01 %, el 5,5 %, el 6 %, el 7% o el 8 %. Todo ello olvidando que el Art. 408 de la Constitución, entre sus tantas ambigüedades de este cuerpo jurídico, también posibilita que «El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.» Veamos en todo caso la redacción de la propuesta final en torno a este asunto medular en una ley de explotación de recursos naturales no renovables, al margen de las consideraciones ambientales.

Los Arts. 57 y 58 del proyecto permiten la utilización del agua por parte de los concesionarios. Incluso podrán, según la misma ley, mover el curso de las aguas, y deberán, según el Art. 75, «Los titulares de derechos mineros que, previa autorización de la Secretaría Nacional del Agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o de la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas …» ¿Cómo se podría devolver al mismo cauce aguas que podrían estar contaminadas con arsénico, cadmio o cianuro?

Un aspecto relevante consta en el Art. 96 del proyecto, relativo a las clases de servidumbre o derecho de uso o usufructo que tendrían los concesionarios mineros, sobre todo las multinacionales, cuando señala:

«Art. 96.- Clases de servidumbres.- Desde el momento en que se constituye una concesión minera o se autoriza la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación, los predios superficiales están sujetos a las siguientes servidumbres:»

«a) La de ser ocupadas en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera. El concesionario minero deberá, de manera obligatoria cancelar, al propietario del predio, un valor monetario por concepto de canon mensual de arrendamiento, en caso de no existir acuerdo, la Agencia de Regulación y Control determinará el valor del canon;»

Es decir que, según este literal, el propietario perdería el control, manejo o usufructo de sus cultivos, pastizales o cualquier uso agrícola o económico sobre el mismo. Recibiría un arriendo y nada más. ¿Y qué pasaría si se contaminan sus tierras y aguas?

«b) Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de transporte y comunicación;»

Este literal habla de líneas férreas y aeródromos, o sea estamos hablando de transportación tipo ferrocarril, locomotora, y aeropuertos y aviones, lo que significa, por sus características, carta abierta para la gran minería, y, de modo obvio, a favor de las multinacionales. No se precisa nada sobre una eventual empresa estatal de minería.

«c) Las establecidas en la Ley de Electrificación para el caso de instalaciones de servicio eléctrico; y,»

«d) Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras

Esto es carta blanca para utilizar todo lo que sea necesario «para el desarrollo de las actividades mineras.»

VI. ¿La minería «ya es de todos»?

A la luz de los acontecimientos no hay tal posibilidad. Recordemos por ejemplo que la canadiense Kinross ofertó en 1.200 millones de dólares por las acciones y derechos sobre el oro que otra transnacional, la Aurelian Resources, tendría como concesión adjudicada por el Gobierno ecuatoriano en la provincia de Zamora, en el cantón Yantzaza, en el yacimiento conocido como Fruta del Norte, según puede verse en diario El Comercio, del viernes 25 de julio del 2008, pág. 9, Este mismo diario, en base a información del cable internacional, el viernes 5 de septiembre del 2008, pág. 8A, da cuenta que la Kinross ya le compró el 80,8 % de las reservas de oro concesionadas a la Aurelian Resources, en esta provincia, por 960 millones de dólares. Esto es en una transacción llevada a efecto de manera exclusiva entre las corporaciones referidas, sin que cuente el Ecuador para nada. Situación que nos lleva a preguntarnos: ¿Y el Ecuador que papel juega en estas transacciones sobre su riqueza, esto es sobre las más importantes minas de oro de la República, entre grandes multinacionales, sobre sus recursos que además son no renovables? La información de esta transacción provenía de la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.

En base a consultas realizadas por este diario, éste indica: «La operación bursátil no requiere una autorización por parte del Estado ecuatoriano, a diferencia de los contratos en materia petrolera, dónde ésta se convierte en obligatoria.» Ante lo cual preguntamos: ¿Por qué se revirtió la concesión de la petrolera Oxy? ¡Por vender el 40 % de su concesión a otra multinacional! ¿Cuál es la diferencia patrimonial entre el oro negro (el petróleo) respecto a los demás recursos, como en el caso de las minas de oro? ¿Cómo sostienen entonces en la propaganda oficial que «la Patria ya es de todos»? ¿Qué dice o hace el Gobierno de la «Revolución Ciudadana» frente a esta situación donde la República permanece como convidada de piedra? ¡Nada! ¡Absolutamente nada!

Pero existe otro dato muy llamativo, proveniente de la misma Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, en la que da cuenta que en las acciones de las multinacionales de domicilio canadiense, aunque muchas dispongan de capital norteamericano, se habían incrementado en el 34 % merced al apoyo para su accionar en el país por parte del Presidente Correa. Esta información es del viernes 20 de julio del 2008, y consta en varios medios en su sección de economía y negocios. Es decir habrían dispuesto de manera anticipada del ofrecimiento oficial de manejar concesiones y explotar recursos mineros metálicos, todo ello aún antes de aprobarse el texto constitucional el 28 de septiembre y antes de conocerse incluso el borrador de la Ley de Minería.

Cabe no olvidar que a raíz que se expidió el llamado Mandato Minero y se habló que miles de concesiones se habían revertido al Estado, en entrevista realizada al ministro de Minas y Petróleo Galo Chiriboga, publicada en El Comercio, del lunes 21 de abril del 2008, pág. 2ª, él reconoce, en forma expresa, que «No se quitaron las concesiones a los grandes proyectos»; que «Las concesiones donde ya se encontraron reservas se mantienen»; y que 590 concesiones se mantienen vigentes. No hace falta indicar que estas son, sobre todo, las de las grandes transnacionales.

Precisamente por estos hechos y datos, que constituyen clara advertencia de hacia donde va la explotación minera y a favor de quienes, corroborados además por las propias declaraciones oficiales, es que existe mucha preocupación entre los sectores populares que podrían resultan potencialmente afectados.

VII. Breve comentario sobre la contaminación minera

En primer lugar debemos recordar que en los propios Estados Unidos existen estados como los de Montana o Wisconsin que no permiten la explotación minera a gran escala o contaminante. Incluso en Wisconsin, según varias publicaciones, rige la llamada Ley de Moratoria Minera, que obliga a cualquier interesado en explotar recursos, a que, en forma previa, debería demostrar que han manejado explotaciones similares sin contaminación del agua durante la explotación y hasta 10 años después del cierre de las minas.

La explotación minera metálica es tan contaminante y existen tantísimos ejemplos de ello, que por su gravedad y sus enormes perjuicios que se cometen en contra de la naturaleza y el ambiente, en forma irreversible, pues resulta contaminada el agua y la tierra con sustancias muy tóxicas como el arsénico, el plomo, el cadmio, e incluso con cianuro en su fase de explotación, que los trataremos, por su extensión y trascendencia, en el próximo número.

Por supuesto que si se privilegia a la gran minería, en manos de las multinacionales, uno se pregunta ¿Y entonces donde quedan las normas constitucionales de protección al agua, al medio ambiente, del buen vivir, y de protección a las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano? ¡Precisamente para ello se elaboraron textos constitucionales ambiguos y excluyentes, para luego considerar cuál de ellos los aplicarían, todo en función de sus intereses!

Todos estos aspectos precisamente los trataremos, de manera más extensa y pormenorizada, en otro trabajo sobre esta misma temática, donde abundaremos sobre el recurso agua, el medio ambiente y naturaleza nacional, y aspectos que han sido aludidos, de manera muy breve, en el presente trabajo.

* Coordinador Nacional del Movimiento Socialista Bolivariano, MSB. Ex legislador. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, así como en algunas maestrías en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador

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