Ecuador: Hermano de asesor de la presidencia vinculado a empresa Pardaliservices

El Asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, prepara una acción penal en contra del Gerente de EP PETROECUADOR, Marco Calvopiña, y un juicio político al Ministro Wilson Pastor, por graves hechos de corrupción registrados en la firma de contratos petroleros por U$ 1700 millones, con dos empresas de papel: Consorcio Shushufindi y Pardaliservices, creadas un mes antes de la firma de los contratos.

Jiménez reveló además la vinculación entre el Secretario Adhoc y patrocinador de la compañía Pardaliservices, Bruno Pineda Cordero, quien es hermano de Michael Pineda Cordero, asesor jurídico de Alexis Mera, en la Presidencia de la República. Bruno Pineda Cordero está vinculado al poderoso bufete petrolero Pérez Bustamante, otrora calificado de neoliberal por el economista Rafael Correa.

También, Jiménez acusa a Correa de beneficiar a Sertecpet, empresa de propiedad de Eduardo López, ex ministro del gobierno de Lucio Gutiérrez, compañía en la cual, ocuparía un alto puesto un hermano del Vicepresidente Lenin Moreno. ¿Cómo se explica el Presidente que en público insulta, y en privado le pasa un millonario negocio a quien fue ministro de Energía y Minas del régimen gutierrista?, preguntó el legislador.

El régimen se demoró cinco años en negociaciones para finalmente adjudicar dos de los más grandes contratos petroleros, sin licitación, a dos empresas sin ninguna calificación, ni solvencia técnica, ni económica, ni financiera, constituidas un mes antes por ciudadanos extranjeros que estuvieron de paso por el Ecuador, como es el caso de los accionistas de Pardaliservices: Jorge Marcelo Tinti y Santiago María Ojea, de nacionalidad argentina, que con U$ 9.990 el primero y 10 dólares el segundo se alzaron el contrato de una de las joyas de la corona, el campo Libertador-Atacapi, expresa el asambleísta zamorano.

Nos metieron gato por liebre, agregó Jiménez, al recordar que el Presidente de la República garantizó que los referidos contratos se suscribían con empresas de alta experiencia y solvencia económica del mundo, como: Schlumberger, Tecpetrol, Canacol y la ecuatoriana Sertecpet; pero, ante los ojos del propio Presidente, aparecieron dos paseantes extranjeros, ilustres desconocidos, quienes constituyeron días antes, empresas de papel que no tienen ninguna vinculación directa, con las renombradas compañías petroleras. Esta es una vergüenza y una humillación a la Patria, dijo Jiménez.

Entre tanto, el analista Fernando Villavicencio, explicó que los dos contratos son nulos, porque vulneran la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Contratación Pública, la Ley de Empresas Públicas y el propio Reglamento de Obras Bienes y Servicios Específicos, que obliga a Petroecuador a garantizar certificada experiencia, solvencia técnica, económica y financiera de parte de las contratistas, lo que en este caso no existe. 

Quienes elaboraron, aprobaron y suscribieron los contratos deben responder ante la justicia por haber utilizado una figura contractual inexistente en la legislación nacional, como es el ampuloso nombre: “Servicios Específicos Integrados con Financiamiento” a los cuales su suman actividades de recuperación secundaria, recuperación mejorada, asesoría en el manejo de costos variables, explotación y exploración adicional. Este contrato es un engendro jurídico, una mutación del contrato de obras bienes y servicios específicos, que utiliza Petroecuador para comprar bombas o servicios de alimentación, con un contrato de exploración y explotación de petróleo. Villavicencio recordó que los funcionarios públicos están obligados a hacer solo lo que está escrito, no a inventarse figuras contractuales para favorecer intereses ajenos al país. 

¿Por qué razón no firmaron los contratos directamente Schlumberger, Tecpetrol,  Canacol y Sertecpet, o por qué no aparecen como constituyentes de los nacientes  consorcios? ¿Quién garantiza el origen de los capitales, las responsabilidades operativas, ambientales y tecnólogicas? Estas compañías acabaron parapetándose en fachadas de papel, para evadir responsabilidades, ante contratos ilegales, sostiene Fernando Villavicencio.

Las observaciones en el plano económico son de fondo. Jiménez y Villavicencio, desmienten las aseveraciones del Presidente Correa y del Ministro Pastor, de que son contratos de riesgo y que el país solo reconocerá tarifas de 30.6 y 39.5 U$/BL en Shushufindi y Libertador, respectivamente, por cada BARRIL NUEVO PRODUCIDO.

Basados en cifras oficiales, sostienen que durante los últimos 6 años Petroecuador a través de inversiones propias, impidió la caída de la producción, logrando sostener una tasa diaria en Shushufindi, entre 47 y 45 mil barriles, pero en el contrato se incorpora una curva de declinación de la producción absolutamente falsa. Los responsables de estos contratos modificaron arbitrariamente la curva de declinación de la producción, para beneficiar a las contratistas, explican.

En el caso del campo Shushufindi se genera una caída artificial de más de 4 mil barriles diarios durante el año 2012, esto se revela en la información de Petroecuador, según la cual hasta enero de 2012, la producción de Shushufindi era de 45.153 barriles diarios, pero a partir de febrero con la firma del contrato la curva de producción cae a 41.390 mil barriles, es decir que cerca de 4 mil barriles que Petroecuador producía a 7 dólares el barril (producción base), se convierten en producción incremental a favor de la contratista, con un costo de 30.62 U$/BL, generando un perjuicio del orden de 40 millones durante el 2012.

El año 2013 la pérdida es mayor considerando que la curva base cae a 36.964 barriles diarios, una diferencia de 8.100 barriles diarios en contra del país, frente a los 45 mil barriles día que venía produciendo Petroecuador. El perjuicio económico llega a U$ 189 millones durante el 2013. El 2014 aumenta el perjuicio con una curva base de 32.898 barriles día.

En relación al camp Libertador, la situación es similar, toda vez que hasta enero de 2012 se registra una producción de 16 mil barriles diarios, pero desde febrero la curva base se establece con una producción de apenas 14.997, es decir que de entrada la compañía empieza beneficiándose de la producción de Petroecuador. Toda esta situación configura un delito de peculado, donde el Estado acaba amortizando inversiones que aún la compañía no ha realizado.

La tarifa por producción incremental es apenas uno de los negocios entregados en combo a estas compañías de papel. Los mayores ingresos de las contratistas están en la venta de equipos y servicios a Petroecuador, que de acuerdo al contrato está obligada a adquirir a la empresa, sin recurrir a licitación, es decir generando un monopolio de adquisición de bienes y servicios a una sola compañía, donde se facturan centenares de millones de dólares al año.

También la contratista recibirá otra tarifa por asesoría en la operación de la curva base de producción, además de una tarifa adicional en caso de que sean exitosas las pruebas de recuperación mejorada y exploración adicional.

Lo que ha hecho el gobierno es entregar a dedo, toda la contratación para la operación de sus mayores campos a empresas de papel, dejándole a Petroecuador, como un operador de escritorio, sin ningún poder.

Responsable de Prensa.

Quito, 22 de marzo de 2012

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